El Consejo Profesional de la Abogacía cuestionó la exposición pública de las investigaciones penales y advirtió sobre el riesgo de condicionar a futuros jurados. Negaron que el pronunciamiento busque defender al ginecólogo denunciado y explicaron por qué decidieron intervenir ahora.
La investigación judicial contra el ginecólogo Gustavo Kumiega, denunciado por presuntos abusos sexuales, mala praxis y otras irregularidades durante la atención de pacientes, abrió un nuevo frente de discusión, esta vez entre el Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco y el Ministerio Público Fiscal. La entidad que nuclea a profesionales del derecho difundió un comunicado en el que cuestionó la exposición mediática de causas penales en trámite, con especial referencia a la conferencia de prensa realizada por los fiscales el pasado 20 de octubre. El planteo generó interpretaciones sobre un supuesto respaldo al médico investigado, algo que el presidente del organismo, Miguel Vigier, rechazó expresamente.
Bajo el título “Informar no es condenar: el estado de inocencia también rige ante los medios”, el documento difundido el 29 de octubre advierte sobre las consecuencias de presentar públicamente hipótesis de investigación como si fueran hechos judicialmente comprobados. El Consejo considera que esa práctica puede instalar una condena social anticipada y comprometer garantías constitucionales de las personas imputadas, especialmente en una provincia donde los delitos graves son juzgados por jurados populares. Sin embargo, la entidad también aclaró que sus cuestionamientos no deben interpretarse como una descalificación de las denuncias ni como un obstáculo para que las presuntas víctimas obtengan justicia.
La advertencia sobre la conferencia de prensa de los fiscales
El pronunciamiento tuvo como antecedente inmediato la conferencia que ofrecieron el 20 de octubre Mariana Echarri y Jorge Cáceres Olivera, quienes brindaron detalles de las investigaciones contra Kumiega. En esa oportunidad, el Ministerio Público Fiscal informó sobre diez denuncias contra el profesional y expuso una hipótesis relacionada con presuntas maniobras de engaño a pacientes, intervenciones quirúrgicas cuestionadas y hechos de abuso sexual. También se comunicó una imputación por estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva.
Para el Consejo de Abogados, el problema no radica en informar sobre una investigación judicial, sino en la manera en que quienes ejercen la acusación presentan públicamente sus conclusiones preliminares. En el comunicado, la institución sostiene que una exposición que anticipe valoraciones sobre la responsabilidad penal puede afectar el derecho de defensa y generar prejuicios difíciles de revertir, incluso si posteriormente se dicta una absolución.
La preocupación también alcanza al sistema de juicio por jurados del Chaco, debido a que las personas convocadas para integrar un tribunal popular pertenecen a la misma comunidad que recibe la información difundida por los medios. En ese sentido, la entidad recordó que la legislación provincial establece restricciones para evitar que los futuros jurados conozcan anticipadamente las constancias de una investigación y advirtió que una exposición pública inadecuada podría comprometer la imparcialidad del debate.
“La culpabilidad se prueba en el juicio. No en una conferencia de prensa”, concluye el documento.
Vigier respondió a las críticas: “No hemos hecho la defensa pública de ningún acusado”
Consultado sobre el alcance del pronunciamiento, Miguel Vigier, presidente del Consejo Profesional de la Abogacía, buscó despejar las interpretaciones que relacionaron directamente la postura institucional con una defensa de Kumiega. Según explicó, el documento analiza una metodología de comunicación judicial que preocupa a la institución y que no se limita a la investigación contra el ginecólogo.
“En realidad no nos hemos pronunciado respecto de ningún caso en particular”, sostuvo Vigier, y remarcó que la intervención del Consejo responde a la necesidad de preservar las garantías del debido proceso. En esa línea, fue categórico: “No hemos hecho la defensa pública de ningún acusado porque no nos corresponde”.
El abogado insistió en que la entidad reconoce el derecho de las mujeres denunciantes a ser escuchadas, protegidas y acompañadas durante una investigación diligente. Explicó que la presunción de inocencia y la protección de las víctimas no son principios incompatibles, sino garantías que deben respetarse simultáneamente para evitar que las irregularidades procesales comprometan la búsqueda de justicia. El comunicado, además, extiende el pedido de prudencia tanto a los fiscales como a los abogados querellantes y a las defensas, a quienes también les reclama responsabilidad al formular declaraciones públicas.
¿Por qué el Consejo se pronunció ahora y no en otros casos?
Uno de los cuestionamientos que recibió Vigier durante la entrevista estuvo relacionado con la oportunidad del pronunciamiento. Le preguntaron por qué el Consejo decidió intervenir recién ahora, cuando anteriormente también se habían registrado investigaciones de fuerte repercusión pública y conformado equipos especiales de fiscales, como ocurrió en los casos de Axel y Julián Álvarez Guardia.
El presidente de la entidad explicó que la reiteración de estas prácticas fue lo que motivó una evaluación institucional, y que la preocupación no responde exclusivamente a una conferencia ni a un expediente determinado. Según detalló, la combinación de una elevada exposición mediática, la intervención de varios fiscales en conferencias de prensa y la conformación de equipos especiales terminó por impulsar el comunicado.
Otro de los puntos cuestionados fue precisamente la asignación de recursos extraordinarios a determinadas investigaciones. El Consejo aclaró que no se opone a la conformación de equipos fiscales especiales ni pretende reducir los recursos destinados al caso Kumiega, pero considera necesario establecer criterios objetivos, públicos y transparentes para decidir cuándo corresponde implementar esas estructuras. El planteo apunta a evitar que la repercusión mediática de una denuncia sea el factor determinante para disponer mayores recursos, en detrimento de otras causas igualmente importantes que reciben menor atención pública.
En ese contexto, Vigier confirmó que la entidad envió una nota al procurador general Jorge Canteros para solicitar una reunión, con el objetivo de discutir los mecanismos de comunicación institucional y aportar propuestas que puedan aplicarse en futuras investigaciones penales.
La controversia se produce mientras continúa la investigación de las denuncias contra Kumiega, en una causa que adquirió una importante repercusión pública en Chaco. El Consejo insiste en que su posicionamiento no busca intervenir a favor de ninguna de las partes, sino promover una discusión sobre los límites de la exposición mediática, el respeto de las garantías constitucionales y la necesidad de que los procesos judiciales avancen sin prejuzgamientos.
