Tras la liquidación de Algodonera Avellaneda, el juzgado habilitó la preinscripción de oferentes para las unidades productivas textiles y puso nuevamente a la venta la sede de CABA para generar liquidez.
El proceso de liquidación judicial de la empresa Algodonera Avellaneda S.A. ingresó en una etapa determinante para la reconfiguración de esa empresa agroindustrial en el norte de la provincia de Santa Fe.
El juez Fabián Lorenzini, a cargo del trámite de quiebra de la firma vinculada al Grupo Vicentin, dispuso un conjunto de medidas operativas dirigidas a concretar la realización de los bienes, saldar las deudas acumuladas con los trabajadores y procurar el mantenimiento de las plantas industriales que componen la cadena productiva del algodón.
El magistrado habilitó la apertura de un registro especial de interesados para preinscribir a potenciales compradores de los activos y establecimientos de la compañía.
La medida apunta a identificar grupos inversores o firmas del sector con capacidad técnica y financiera para asumir la explotación integral de las unidades productivas, abarcando desde el procesamiento inicial de la fibra hasta la fabricación de hilados y tejidos.
La nómina de preinscripción estará abierta hasta el próximo 11 de noviembre de 2026 a las 12:45 horas.
Los interesados que completen el trámite de preinscripción quedarán habilitados para realizar inspecciones y visitas técnicas anticipadas a las instalaciones industriales.
Asimismo, tendrán acceso a documentación e información contable, financiera, económica y laboral actualizada de la firma en liquidación, con el fin de evaluar la factibilidad operativa de los establecimientos.
Venta de inmuebles ociosos y urgencia laboral
En paralelo con la búsqueda de operadores para las plantas productivas, la resolución judicial impulsa la venta acelerada de activos no esenciales u ociosos pertenecientes a la sociedad.
La finalidad primordial de este eje de acción es la obtención de liquidez inmediata para cancelar salarios adeudados, afrontar las indemnizaciones de los trabajadores cesanteados y atender las acreencias de los pasivos concurrentes acumulados durante el proceso falencial.
Dentro de los bienes inmuebles puestos a la venta se destaca la sede administrativa de la empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Luis Sáenz Peña 1074, en las proximidades de la autopista 25 de Mayo y la avenida 9 de Julio.
La propiedad registra antecedentes de tasación dispares: una valuación inmobiliaria privada efectuada el año pasado estimó el valor del edificio en US$4,3 millones, mientras que el Banco de la Nación Argentina fijó su cotización en US$3 millones.
Sin embargo, en una instancia anterior de subasta impulsada por el juzgado con un precio base de US$1,9 millones, la compulsa quedó desierta sin la presentación de ofertas concretas.
Para este nuevo llamado, las propuestas preliminares se recibirán hasta la misma fecha límite del 11 de noviembre a las 12:45 horas.
La resolución del tribunal precisa que tanto las preinscripciones para la adquisición de las plantas como las ofertas presentadas por el inmueble porteño revisten carácter preliminar.
En ese marco, la presentación de la oferta de mayor monto no otorgará un derecho automático de compra a favor del proponente, ya que cada operación quedará supeditada a la posterior aprobación del juzgado y a eventuales mecanismos de mejora de oferta en sede judicial.
En los fundamentos de la medida, el juez Lorenzini argumentó que las decisiones adoptadas responden a “la gravísima situación de vulnerabilidad económica, social y sanitaria que atravesaban las familias de los trabajadores dependientes de la empresa”.
En esa línea, el fallo judicial remarca la obligación de “obrar con debida diligencia” para evitar la desvalorización de las unidades de negocios y preservar el valor real de mercado de los activos en beneficio de los acreedores y de la continuidad del entramado productivo regional.
