A casi un año y medio del violento episodio ocurrido durante una sesión del Concejo Deliberante, la Justicia imputó a gremialistas por lesiones graves y amenazas. La Fiscalía reconstruyó cómo habría sido el ataque contra un empleado municipal que terminó con un brazo fracturado.
Lo que comenzó como una sesión del Concejo Deliberante de Fontana para debatir un aumento salarial de los trabajadores municipales terminó en una escena de violencia, con insultos, corridas, golpes y un empleado con el brazo fracturado. Ocurrió el 29 de abril de 2025, frente a funcionarios, representantes sindicales y vecinos. Parte de aquel episodio quedó registrado en videos que ahora integran una investigación judicial.
Casi un año y medio después, el caso registra un avance: la fiscal María Candela Valdez, titular del Equipo Fiscal N.º 15 de Resistencia, imputó a gremialistas, entre ellos a S.R.M. por los delitos de lesiones graves en concurso real con amenazas simples, en carácter de coautor.
🔴 “TE VOY A MATAR” | GOLPIZA EN FONTANA
Imputaron a cuatro gremialistas por la violenta agresión a un empleado municipal durante una sesión del Concejo en abril de 2025.La víctima terminó con un brazo fracturado. La Fiscalía investiga lesiones graves y amenazas. pic.twitter.com/otYTepYRV7
— Radio Libertad 99.1 (@libertadfm991) October 21, 2026
La acusación reconstruye un ataque colectivo contra Gonzalo Nicolás Vera, de entonces 28 años, empleado contratado de la Municipalidad de Fontana, e identifica también como presuntos participantes a D.O., S.B. y R.G.
De los insultos en el Concejo a la agresión en el estacionamiento
La escena se desarrolló alrededor de las 10.45 de aquella mañana, en el edificio del Concejo Deliberante, ubicado sobre Santiago del Estero al 4500. Allí se debatía una actualización de la escala salarial enviada por el Ejecutivo municipal, en medio de un conflicto con sectores gremiales.
Los videos de aquella jornada muestran un recinto y pasillos colmados de personas, discusiones exaltadas y asistentes que levantan sus teléfonos para registrar lo que sucede. En las imágenes también aparecen escenas del exterior, donde varias personas se desplazan rápidamente en medio de la confrontación, cerca de vehículos y motocicletas estacionadas.
Sin embargo, es la reconstrucción incorporada por la Fiscalía la que permite dimensionar las acusaciones sobre lo que habría ocurrido durante esos minutos.
Según el documento judicial, Vera se encontraba presenciando la sesión cuando manifestó una opinión que provocó una reacción de los hombres posteriormente señalados en el expediente. La acusación sostiene que comenzaron a insultarlo y empujarlo hacia la salida del recinto.
En ese contexto, la Fiscalía atribuyó a D.O. un golpe de puño en el rostro del empleado municipal. Pero el episodio, según la investigación, no terminó allí.
Una vez en el exterior, más precisamente en el sector del estacionamiento, S.R.M. habría interceptado nuevamente a Vera y lo amenazó con una frase que quedó expresamente asentada en la imputación: “Te voy a matar, hijo de puta, te voy a matar”.
La reconstrucción fiscal sostiene que S.R.M. también le lanzó patadas dirigidas a los tobillos y golpes de puño.
Posteriormente, los sindicalistas habrían acorralado al trabajador contra una pared. Según la acusación, uno de ellos lo sujetó del cuello mientras los otros dos lo tomaron de la ropa y lo derribaron violentamente al suelo.
Fue entonces cuando, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, los cuatro hombres señalados participaron de una agresión mediante patadas y golpes de puño en distintas partes del cuerpo, mientras le gritaban: “Te vamos a matar”.
La consecuencia física documentada fue una fractura del tercio distal del húmero derecho, una lesión que motivó su atención en el Hospital Julio C. Perrando y que la Fiscalía encuadró como lesión grave.
La denuncia inicial y las pruebas que reunió la Justicia
En su denuncia penal, Vera había relatado que, mientras se encontraba en el suelo, intentó protegerse cubriéndose el rostro. También sostuvo que la agresión cesó cuando intervinieron otras personas. El trabajador había solicitado que los hechos fueran investigados como tentativa de homicidio y lesiones graves, además de requerir una medida de prohibición de acercamiento contra los denunciados.
La calificación comunicada ahora en la declaración de imputado es diferente: lesiones graves y amenazas simples, conforme a los artículos 90 y 149 bis del Código Penal, en concurso real.
Entre las pruebas enumeradas en el expediente figuran denuncias, declaraciones testimoniales, registros audiovisuales, fotografías, radiografías e informes médicos, incluidos estudios remitidos por el Hospital Perrando y documentación pericial. La incorporación de esos elementos permitió a la Fiscalía formular una acusación concreta sobre la mecánica del ataque y las personas que habrían participado.
El descargo del sindicalista: negó las amenazas y dijo que fue agredido
Durante su declaración de imputado, prestada el martes 20 de octubre con asistencia de su defensora, Mariela Denaro, S.M. rechazó la versión de los hechos presentada por la Fiscalía.
El acusado sostuvo que el conflicto con Vera tenía antecedentes en las protestas salariales de los trabajadores municipales.
Según su relato, durante los días previos a la sesión, el empleado habría mantenido una actitud provocadora hacia los manifestantes e intentado desarticular las medidas de fuerza, incluso mediante publicaciones en redes sociales.
S.M. negó haberlo amenazado de muerte y aseguró que su intervención se produjo como respuesta a una agresión. “No agredí de ninguna forma a Gonzalo Vera como para provocarle lesiones graves”, sostuvo, y agregó que, por el contrario, había recibido golpes en el rostro.
También se refirió a otra expresión que aparece en el expediente. Vera había denunciado que, después del ataque, S.M. volvió al recinto y le dijo al concejal Ricardo Sosa Abatte: “Vos estás buscando un muerto”.
El imputado negó que se tratara de una amenaza. Explicó que estaba recordando un conflicto político e institucional ocurrido en la Municipalidad de Fontana en 1995, cuando, según su versión, murió un trabajador municipal.
Finalmente, buscó contextualizar lo sucedido dentro del reclamo salarial. “Somos simples trabajadores y algunos representantes gremiales, no tenemos antecedentes penales, no utilizamos ningún tipo de arma”, expresó y definió lo ocurrido como producto de una “lamentable circunstancia”, en momentos en que los trabajadores buscaban un salario digno.
