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CORRUPCION

Posse complicado en una causa que investiga un fraude con viviendas sociales en San Isidro

Pidieron su indagatoria en la causa por presuntos desvíos de fondos de un Plan de Viviendas.

Pidieron la indagatoria de Gustavo Posse, que quedó complicado en una causa que investiga presuntos desvíos de fondos destinados a viviendas sociales en San Isidro durante el gobierno de Néstor Kirchner.

 

La reciente declaración del secretario de Obras Públicas de entonces comprometió al ex intendente y vuelve a darle impulso a un expediente que arrastra más de una década y permanecía abierto sin resoluciones de fondo.

 

El convenio que Posse firmó con el Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio de Vido estipulaba la construcción de 250 viviendas en el barrio Martín y Omar en el lapso de un año.

 

Pero el proyecto comenzó en 2006 y se dio por finalizado en 2008 con apenas 41 viviendas realizadas. Eso, a pesar de destinarse el doble de los recursos estipulados originalmente.

 

La desproporción entre lo proyectado y lo ejecutado (menos del 20%) desató por aquel entonces una fuerte polémica en San Isidro que derivó en la presentación de una denuncia formal por parte de la abogada y ex concejal Marcela Durrieu, en 2014.

Una denuncia por corrupción y “asociación ilícita” involucra al entorno de Posse en San Isidro

 

Ahí, se puso en marcha una investigación impulsada por el fiscal Jorge Di Lello y que tramitaba en el Juzgado Federal N°2 en lo Criminal y Correccional, a cargo de Sebastián Ramos.

 

Ya en 2017 Di Lello, solicitó la indagatoria de Posse, pero nunca fue efectivizada. Es que la inspección realizada por la Procuración a finales de 2016 ya confirmaban 44 viviendas construidas, número que se redujo a 41 casas técnicamente válidas por la pericia de ingeniería civil de 2022.

 

La pericia contable, en tanto, estableció 12 redeterminaciones de precios, las cuales más que duplicaron el valor inicial del contrato. Se presentaron certificados de obra hasta marzo de 2016, nueve años después del plazo original, generando pagos por $37.682.053.

Posse complicado en una causa que investiga un fraude con viviendas sociales  en San Isidro

 

Durante años la causa estuvo congelada, hasta marzo de este año, cuando la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un pedido para intervenir como querellante en la causa por parte de la Municipalidad de San Isidro, hoy administrada por Ramón Lanús.

 

Con esa reactivación del expediente, en julio se recibió la declaración indagatoria de Fernando Adrián Romero, subsecretario de Obras Públicas de San Isidro al momento de ejecutarse el polémica proyecto.

 

Ahí, Romero colocó a Posse como responsable exclusivo de las decisiones políticas que se tomaban en el municipio por aquel entonces, entre ellas el propio Plan Federal de Viviendas.

 “Posse no fue un funcionario que firmó documentos rutinarios en ejercicio de sus funciones. Es quien tomó cada decisión política relevante del proyecto”, señalaron en el pedido de indagatoria al que accedió LPO.

 

Más aún, en su indagatoria Romero detalló que, tras su renuncia en enero de 2009, fue el propio Posse quien le solicitó que continuara colaborando con la política barrial, “en especial sobre el programa de obras”´.

 

Para los abogados que solicitaron la indagatoria (Nicolás Ramírez, Juan José Oribe y Julieta Melconian), esos dichos de Romero evidencian que Posse “mantenía el control personal sobre la operatoria más allá de los cambios de funcionarios”.

 

“Posse no fue un funcionario que firmó documentos rutinarios en ejercicio de sus funciones. Es quien tomó cada decisión política relevante del proyecto”, agregaron los letrados en el pedido de indagatoria al que accedió LPO.

Ramón Lanús retomó una mega obra que Posse dejó inconclusa aunque la anunció finalizada

 

En paralelo, este miércoles el tema resonó en el Concejo Deliberante de San Isidro, donde se aprobó un proyecto de los bloques Primero San Isidro y Convocación por San Isidro, que le pide al Ejecutivo municipal informes sobre la participación del Municipio en esta causa.

 

Además de conocer el estado de participación de la comuna en la causa y qué actuaciones realizó, también requirieron información sobre un eventual perjuicio patrimonial para la Municipalidad, su estimación económica y las resoluciones judiciales vinculadas con su participación.

 

El proyecto salió por mayoría con los 12 votos de los concejales del oficialismo local y aliados a la gestión de Ramón Lanús. Como contracara, tanto el possismo como los bloques del peronismo votaron en contra.

 

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