La Fiscalía Federal de Resistencia imputó a las cuatro sociedades que integran el entramado empresario detrás de Exen Gym por presunto lavado de activos. Además, pidió suspender sus actividades comerciales y personerías jurídicas mientras avanza la investigación. La medida se suma a los procesamientos dictados contra cinco personas vinculadas a la organización acusada de blanquear dinero narco a través de una cadena de gimnasios premium.
El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini amplió la imputación en la causa que investiga el presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y alcanzó a las cuatro personas jurídicas que conforman el entramado societario detrás de la cadena de gimnasios Exen.
Se trata de ExenGym S.R.L., Rana S.R.L., Exen Academy S.A.S. y PampaFitness S.A.S. Según pudo saber LITIGIO, la acusación fue formulada en el marco del artículo 304 del Código Penal, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas cuando los hechos de lavado de activos previstos en el artículo 303 son realizados “en nombre”, “con la intervención” o “en provecho” de una entidad.
Para estos casos, la norma contempla sanciones que van desde multas de dos a diez veces el valor de los bienes involucrados hasta la suspensión de actividades, la suspensión para contratar con el Estado, la pérdida de beneficios estatales e incluso la cancelación de la personería jurídica.
En su presentación, realizada el 1 de septiembre ante el Juzgado Federal 1 de Resistencia, Sabadini sostuvo que las sociedades habrían sido utilizadas como parte del entramado corporativo destinado a la “inserción, disimulación y reciclaje” de fondos de origen ilícito provenientes del narcotráfico y/u otros delitos de acción pública.
La Fiscalía identificó a cuatro sociedades comerciales que, según la acusación, fueron utilizadas para desarrollar y expandir la cadena de gimnasios premium.
ExenGym S.R.L. fue constituida en agosto de 2024 e inscripta en octubre de ese año. Tiene como socios a Federico Clinis Canal y Mauro Lugo Heim, este último en carácter de socio gerente y administrador de la Clave Fiscal. María Graciela Canal figura como socia gerente suplente. La sociedad explotaba las sedes Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras y Exen Barranqueras.
Rana S.R.L., constituida en julio de 2025, tiene como integrantes a Yamil Gabriel Gane, Federico Clinis Canal y María Graciela Canal. La sociedad explotaba el denominado Exen Club, ubicado en el predio del Paseo Libertad de Resistencia.
Exen Academy S.A.S. fue constituida en octubre de 2025. María Graciela Canal aparece como administradora titular, socia accionista y representante legal, mientras que Jorge César Alberto Vargas figura como administrador suplente. La sociedad explotaba Exen Guaraní, en la ciudad de Corrientes.
Finalmente, PampaFitness S.A.S., constituida en febrero de 2026, tiene como administradora titular y socia accionista a María Graciela Canal y como administradora suplente y socia accionista a Raquel Edith Bohacek. La firma explotaba Exen Pampa, en Pampa del Infierno.
La Fiscalía remarcó que las cuatro sociedades tuvieron una expansión particularmente acelerada. Según la reconstrucción incorporada al requerimiento, entre febrero de 2025 y julio de 2026 se produjo la apertura de siete sucursales.
Para Sabadini, esa expansión no respondería a una “genuina lógica de expansión comercial”, sino a una estructura destinada a canalizar fondos de origen ilícito. En particular, sostuvo que el volumen y la velocidad de las inversiones no guardarían relación con el capital social de las empresas ni con el flujo de caja que razonablemente podría generar la actividad.
El dato que aportó ARCA
Uno de los elementos destacados por la Fiscalía son los informes elaborados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir de las fiscalizaciones realizadas sobre las sociedades.
De acuerdo con el requerimiento, esos informes señalaron inicialmente que los movimientos registrados en las cuentas bancarias, el desembarco de la marca, la apertura de sucursales y las adquisiciones de bienes de uso “no se encontrarían en concordancia con el capital social y al crecimiento obtenido”.
La Fiscalía sostuvo que, si bien se detectaron algunas fuentes de financiación bancaria y de proveedores (como leasings y créditos), esos recursos no alcanzarían para explicar la totalidad de la magnitud de las inversiones realizadas para adquirir bienes, acondicionar los locales y poner en funcionamiento los establecimientos.
Sobre esa base, Sabadini planteó que las sociedades habrían funcionado como “personas interpuestas” con una explotación comercial real, pero utilizadas para introducir fondos de origen presuntamente ilícito al circuito económico formal bajo la apariencia de inversiones y operaciones comerciales legítimas.
Maniobras
La imputación sostiene que las sociedades participaron de las maniobras mediante operaciones realizadas formalmente a su nombre: adquisición de máquinas, equipos y elementos para los gimnasios; contratación de locales comerciales; apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales; y emisión y recepción de facturación.
Para la Fiscalía, esas operaciones permitieron que fondos de presunto origen ilícito fueran incorporados progresivamente a la economía formal.
El requerimiento también señala que las personas jurídicas habrían intervenido en la denominada etapa de “integración” o “reciclaje” del lavado de activos, utilizando la actividad comercial de los gimnasios para mimetizar el dinero dentro de operaciones que, en apariencia, respondían al normal funcionamiento de una empresa.
Además de ampliar la imputación contra las cuatro sociedades, el fiscal Sabadini solicitó una medida cautelar que consiste en la suspensión temporal de las actividades comerciales y de las personerías jurídicas de ExenGym, Rana, Exen Academy y PampaFitness.
El pedido fue fundamentado en los artículos 518 del Código Procesal Penal de la Nación y 305 del Código Penal. La Fiscalía argumentó que existen elementos suficientes para considerar acreditada, en esta etapa, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y que resulta necesario evitar la continuidad de las maniobras investigadas.
La medida solicitada guarda relación, además, con las sanciones que contempla el propio artículo 304 para una eventual condena: suspensión total o parcial de actividades y, en determinados supuestos, cancelación de la personería jurídica.
La Fiscalía pidió también que los representantes legales de las cuatro sociedades sean citados a prestar declaración indagatoria por los hechos y la calificación legal propuesta.
La causa
La nueva imputación contra las personas jurídicas se suma a la situación procesal de los integrantes del grupo que ya habían sido alcanzados por la investigación. El 28 de agosto, la Justicia Federal procesó a los hermanos Federico y Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad.
En esa misma resolución, Jorge César Alberto Vargas fue procesado como partícipe necesario del delito de lavado de activos. En cambio, el empresario correntino Yamil Gabriel Gane y Raquel Edith Bohacek, gerenta de la sucursal de Exen en Pampa del Infierno, recibieron falta de mérito.
Además de resolver las prisiones preventivas, el juzgado ordenó importantes medidas cautelares sobre el patrimonio de los imputados. Federico y Nicolás Clinis Canal, su madre y Lugo Heim fueron embargados hasta cubrir, cada uno, poco más de $5.820 millones por cada imputado. Sobre los bienes de Jorge César Alberto Vargas se ordenó un embargo por casi $3 mil millones. En conjunto, las medidas cautelares patrimoniales superan los $26 mil millones.
La investigación se inició el 29 de diciembre de 2025, a partir de información incorporada a otro expediente mediante el régimen de colaboración conocido como la Ley del Arrepentido. De acuerdo con esa declaración, el grupo familiar vinculado a Clinis Automotores habría tenido relación con José Heraldo Romero, alias “Portal” o “Patrón”, señalado por la Justicia como integrante y presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico.
La hipótesis inicial apuntó a que la concesionaria habría facilitado a Romero y a personas de su entorno la adquisición, el recambio y la circulación de vehículos utilizados por la organización investigada.
A partir de esa pista, la Fiscalía Federal de Resistencia avanzó sobre el patrimonio, los movimientos financieros y las distintas sociedades vinculadas a la familia Clinis Canal. La pesquisa derivó finalmente en el megaoperativo realizado el 7 de agosto, cuando se llevaron adelante 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes.
Durante los procedimientos fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. Días después, María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal se presentaron voluntariamente ante Migraciones en el Puente Internacional San Ignacio de Loyola, en Clorinda, donde fueron detenidos al constatarse que tenían pedidos de captura.
