Luego de una convocatoria informativa que reunió a más de 130 trabajadores de forma virtual y presencial, el estudio jurídico completó un primer cupo de representación para 30 exempleados procedentes de la provincia de Buenos Aires, del interior de Misiones, de Corrientes (Capital, Bella Vista y Gobernador Virasoro), Formosa (Capital y Clorinda) y Chaco.
Dado que la competencia judicial exige litigar indefectiblemente en Resistencia y ante la continua demanda de asesoramiento, la firma evalúa habilitar un segundo grupo de recepción de casos durante la próxima semana para los damnificados chaqueños y de la región.
Ante el nuevo escenario, Gastón González Yospa, abogado querellante representante de ex-empleados damnificados en la región del Noreste Argentino (NEA) y diversos puntos del país, brindó precisiones sobre el curso de las acciones legales que afrontan los trabajadores para percibir sus indemnizaciones.
En dialogo con EsChaco, González Yospa transmitió un mensaje de tranquilidad hacia los exempleados de la firma al aclarar que la quiebra no extingue ni altera el crédito ni la indemnización laboral adeudada. No obstante, advirtió que la vía de reclamo sufrió una modificación de fuero obligatoria.
Detalló que, agotada la vía laboral ordinaria, todos los trabajadores del país —de la nómina estimada de 500 personas que la firma denunció al concursarse— deben canalizar sus reclamos exclusivamente ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 23 de la Primera Circunscripción Judicial con sede en Resistencia.
Por otra parte, conforme a la Ley de Concursos y Quiebras N.º 24.522, las acreencias laborales cuentan con privilegio especial sobre la liquidación y producido de los bienes de la empresa. Por ende, los empleados tendrán prioridad absoluta al momento en que la Justicia remate la mercadería y activos de la compañía.
Estrategia legal y fechas clave
El letrado explicó que las desvinculaciones no se dieron en las mismas condiciones ni fechas para la totalidad del personal, por lo que el estudio González Yospa & Asociados se aboca a un análisis pormenorizado de cada legajo individual.
Para respaldar a los trabajadores, el equipo legal implementó varias estrategias, entre ellas, el pedido formal dentro del expediente concursal, también la verificación de créditorámite clave para asegurar el privilegio de cobro. Así, la Justicia fijó como fecha límite el 6 de noviembre de 2026 para que los acreedores presenten la verificación. Se agregó una denuncia administrativa, que serían acciones paralelas ante la autoridad de la Secretaría de Trabajo.
