La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH), Graciela Aranda, reclamó al Consejo de la Magistratura que en los concursos para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores se evalúe, además de los conocimientos jurídicos, la capacidad para conducir equipos y prevenir situaciones de violencia laboral.
El sindicato presentó dos notas ante el organismo, presidido por Ricardo Urturi, y solicitó una reunión para aportar antecedentes y experiencias de trabajadores judiciales.
“La idoneidad para ocupar un cargo judicial debe comprender no solo la preparación académica, técnica y científica jurídica, sino también la capacidad humana para conducir, liderar, escuchar, dialogar, resolver conflictos y garantizar ámbitos laborales sanos”, sostuvo Aranda en El Resumen de Natagalá.
La dirigente explicó que el planteo surge a partir de situaciones de violencia laboral que, según afirmó, se registran de manera frecuente en dependencias judiciales de Resistencia y el interior provincial. “A veces son gritos, a veces ejerciendo total violencia con palabras totalmente despectivas que violentan y generan un ambiente insano de trabajo”, relató.
Mencionó casos de abuso de autoridad, maltrato, discriminación, falta de respeto y amenazas, y advirtió que estas situaciones afectan tanto a los trabajadores como al funcionamiento de los equipos.
Aranda puso como ejemplo el caso reciente de un trabajador que ingresó al Poder Judicial por orden de mérito y debe atravesar un período de ocho meses antes de ser confirmado en el cargo, para lo cual necesita un informe positivo de su jefe inmediato.
“Ese jefe inmediato, como en este caso, lo maltrata, lo ultraja, le grita, lo trata de bruto, lo trata de inútil”, afirmó. Según explicó, este tipo de situaciones puede generar un bloqueo en el trabajador durante su proceso de adaptación y aprendizaje y, al mismo tiempo, utilizarse como mecanismo de presión ante la posibilidad de no ser confirmado.
La secretaria general del SEJCH también señaló que muchos trabajadores tienen temor de denunciar y llegan al sindicato solicitando absoluta reserva. Recordó que en 2022 se creó una Oficina de Violencia Laboral para recibir estos casos, aunque consideró que el miedo a las represalias persiste. “El problema es el temor que existe”, sostuvo.
En ese marco, remarcó que las consecuencias alcanzan la salud de los empleados, con trabajadores que deben recurrir a licencias psiquiátricas y otros que continúan asistiendo a sus puestos pese a encontrarse enfermos.
También mencionó la existencia de sumarios que, según afirmó, en algunos casos serían utilizados como represalia. “No digo que todos los sumarios son injustos, pero sí puedo decir que hay muchos sumarios injustos que son consecuencia de represalias”, señaló.
Aranda remarcó que el planteo no apunta únicamente a proteger a los trabajadores, sino también a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Por eso, el sindicato solicitó una reunión con el Consejo de la Magistratura para aportar antecedentes y experiencias de los empleados y plantear la incorporación de estos criterios en los concursos.
“Hay que tener en cuenta si está realmente capacitado para liderar un equipo de trabajo, porque esto también hay que decirlo: repercute en el servicio de justicia”, sostuvo.
