La gestión de Leandro Zdero rechazó un pedido de LITIGIO para conocer detalles sobre el parque automotor oficial y alegó que divulgar esos datos podría afectar la seguridad del personal y los bienes del Estado. Con argumentos genéricos y sin sustento normativo, la negativa pone un velo sobre el control ciudadano del uso de los bienes del Estado, incluido el uso de vehículos gubernamentales fuera del horario laboral o para fines particulares. Se suma a otros antecedentes de respuestas evasivas a pedidos de acceso a la información pública realizadas por este medio.
Por Bruno Martínez
Con argumentos genéricos y sin sustento normativo, la Dirección General de Gestión de Bienes rechazó un pedido de acceso a la información pública realizado por LITIGIO sobre los vehículos de la Administración Provincial. El organismo sostuvo que no podía brindar ningún dato respecto al parque automotor oficial (de ningún área de la Administración Pública) porque podría poner en riesgo la “seguridad” del personal y del patrimonio estatal. La negativa alcanzó no solo a los dominios, sino también al tipo de vehículo, la cantidad y la dependencia a la que está afectada cada unidad.
Como parte de una investigación periodística, el pasado 28 de mayo, este medio presentó ante la Subsecretaría de Modernización del Estado un pedido formal de acceso a la información pública. Amparado en la Ley provincial 2486-A, se solicitó el listado completo del parque automotor de la Administración Pública Provincial: dominio de cada vehículo, tipo (automóvil, camioneta, camión, motocicleta u otra categoría), y el ministerio, secretaría, subsecretaría, organismo descentralizado, ente autárquico o empresa estatal al que se encuentra asignado. El pedido incluía también el área o dependencia específica en la que cada unidad presta funciones.
Esta semana (casi tres meses después), la respuesta llegó por escrito. Firmada por el martillero José Sebastián Ranz a cargo de la Dirección General de Gestión de Bienes, la dependencia notificó que, “conforme a los principios reguladores del acceso a la información pública, la protección de datos personales y la seguridad de los bienes estatales”, no puede suministrar los datos requeridos respecto de las patentes, las asignaciones específicas de cada vehículo ni ningún dato que permita individualizar las unidades en la vía pública o vincularlas con itinerarios, domicilios o áreas de investigación y fiscalización.
Sostuvo que el dominio de un vehículo estatal es “un identificador único” capaz de vincular la unidad con “operativos sensibles, funciones de seguridad, tareas de inspección técnica o desplazamientos de personal”, y que su divulgación “irrestricta” pone en riesgo la integridad física del personal y la preservación del patrimonio público.
En este punto, vale mencionar lo siguiente. Ni la Ley 2486-A (que crea la Oficina de Transparencia del Chaco) ni su decreto reglamentario mencionan limitación alguna al acceso a la información pública. Es decir que, en principio, ninguna información de la Administración Pública Provincial es secreta.
A su vez, el planteo del gobierno de Zdero choca de manera directa con el estándar que exige la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27.275). El artículo 8, inciso a, de esa norma habilita reservar información por razones de seguridad o defensa, pero exige que la denegatoria supere el llamado test de daño: el organismo debe acreditar de qué manera concreta y específica la entrega de cada dato causaría un perjuicio cierto, y no limitarse a una fórmula genérica.
La resolución de Gestión de Bienes, en este caso, no cita un solo informe de inteligencia, de fuerzas de seguridad o de evaluación de riesgo que respalde la afirmación de que la totalidad de la flota provincial está afectada a tareas reservadas.
El segundo eje de la negativa (la supuesta protección de datos personales) también se apoya en una confusión conceptual. La chapa patente de un vehículo del Estado identifica un bien patrimonial público, no a una persona física. La Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326) protege a personas humanas y, en supuestos excepcionales, a personas jurídicas privadas. No fue pensada para blindar del escrutinio ciudadano el patrimonio de la administración pública, que por el contrario está sometido al principio de máxima divulgación y transparencia activa.
Equiparar el registro de un automóvil oficial con datos sensibles del personal es un desvío que termina funcionando como un velo sobre el control ciudadano del uso de los bienes del Estado, incluido el uso de vehículos oficiales fuera del horario laboral o para fines particulares.
Más allá de la discusión sobre las patentes, la respuesta oficial tiene un problema adicional: negó también la cantidad de vehículos, el estado operativo y las asignaciones generales, información que no requiere individualizar unidad sensible alguna.
Si, como sostiene Gestión de Bienes, hay unidades afectadas a tareas de investigación, inteligencia o fiscalización, las unidades involucradas se podrían excluir, mientras se libera el listado general del parque automotor, con las patentes correspondientes a las áreas de uso administrativo regular: secretarías, ministerios y servicios generales. Está claro: la decisión política es no informar.
Un patrón que se repite
No es la primera vez que la gestión de Zdero responde con silencio, evasivas o datos incompletos a los pedidos de acceso a la información presentados por este medio. En enero de 2025, LITIGIO solicitó a la Secretaría General de la Gobernación, a cargo en ese momento de Carolina Meiriño, información sobre despidos y bajas de contratos en la administración pública desde diciembre de 2023 —incluido el caso del multimedio estatal Somos Uno— y sobre la evolución de los salarios de funcionarios provinciales. El expediente fue respondido de manera genérica, sin datos concretos.
Un patrón similar se repitió con el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico. Consultado en febrero de 2025 sobre el gasto en cartelería publicitaria en la vía pública, respondió con el listado de empresas contratadas, pero sin precisar los montos invertidos, al sostener que la contratación no permite “hablar de montos fijos mensuales”.
Meses antes, en septiembre de 2024, un pedido conjunto de más de veinte medios chaqueños —entre ellos LITIGIO— sobre la distribución de la pauta oficial había recibido una famélica respuesta. No informó sobre los montos destinados a la pauta oficial, no detalló los medios de comunicación que la reciben ni tampoco especificó la evolución presupuestaria en este rubro.
“La transparencia es la que nos da la fuerza necesaria para fortalecer el vínculo y recobrar la confianza entre la gente y el Estado”, sostuvo Zdero el pasado 3 de junio, en la XVII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT). Por ahora, entre lo que se dice y lo que se hace, hay una diferencia evidente.
