La Asamblea Nacional sancionó una ley con 40 artículos que reemplaza el marco antiestafa inmobiliaria y fija controles del Ministerio de Vivienda para edificar casas destinadas a damnificados
El Parlamento de Venezuela aprobó una reforma legal para acelerar el acceso a viviendas y ordenar la actividad constructora después de los terremotos del 24 de junio, que dejaron casi 6.500 muertos y más de 17.900 personas sin hogar.
La nueva norma, sancionada este viernes por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, reemplazó la anterior ley contra la estafa inmobiliaria y pasó a llamarse Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas. La iniciativa quedó orientada a facilitar la edificación de casas para los damnificados y a fijar nuevas obligaciones para las empresas del sector.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo que la ley busca permitir que los compradores accedan con mayor rapidez a las viviendas. El texto quedó integrado por 40 artículos que fijaron reglas sobre contratos, ventas, responsabilidades de las constructoras y mecanismos de control a cargo del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
La reforma dispuso la creación de un fideicomiso por parte de las constructoras y amplia las exigencias vinculadas con los permisos y la información contractual. A partir de ahora, las empresas deberán detallar en cada contrato las características de las viviendas y el cronograma de ejecución de las obras.
La norma también contempla sanciones para incumplimientos, entre ellos retrasos en la presentación de documentos, faltas en la permisología, desacato y violación de medidas preventivas. Las multas previstas oscilaron entre el equivalente a 300 y 54.000 veces la moneda de mayor valor, de acuerdo con el tipo de cambio del día. En la actualidad, esa referencia corresponde al euro, según la cotización del Banco Central de Venezuela.
La aprobación de la ley quedó directamente vinculada con la emergencia abierta por el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó al país el 24 de junio. El impacto resultó grave en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada por el desastre. Semanas atrás, el propio Jorge Rodríguez calculó en 25.000 viviendas la cantidad necesaria para atender a quienes perdieron sus casas.
En ese marco, las autoridades pusieron en marcha un censo biométrico en campamentos transitorios instalados en Caracas, Miranda y La Guaira para determinar con precisión cuántas viviendas nuevas serán necesarias. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió además que las personas damnificadas recibirán viviendas antes de fin de año.
La respuesta oficial a la crisis también incluyó un operativo de remoción y procesamiento de escombros. El ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó que los restos de las edificaciones dañadas serán transformados en insumos para el plan de reconstrucción impulsado por el Gobierno chavista.
Según datos difundidos por el ministerio, en casi dos meses de tareas se recolectaron 2,1 millones de toneladas de escombros en La Guaira. Esa estimación correspondió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cada día se retiraron entre 280 y 300 toneladas de desechos domiciliarios, mientras los escombros fueron trasladados a 14 centros de disposición temporal.
De esos 14 espacios, tres quedaron destinados al tratamiento y trituración de materiales como concreto, acero, plástico y madera. Nelson Rodríguez estimó que la recolección podría extenderse durante un año y sostuvo que el proceso permitiría reducir el volumen de los restos hasta en un 80%. También descartó que los escombros fueran arrojados al mar.
(Con información de EFE)
