El 4 de agosto de 2006, la condena al represor Julio Simón, alias “Turco Julián”, inauguró una era inédita de juzgamiento al terrorismo de Estado en la Argentina. Un repaso minucioso por la reconstrucción del circuito represivo, las barreras del propio Poder Judicial y la vigencia de una pregunta que aún exige respuesta: ¿dónde están los restos de las personas que aún continúan desaparecidas?
Hay fechas que no solo marcan el calendario, sino que refundan el contrato social de un país. El 4 de agosto de 2006, los Tribunales Federales dictaron la condena contra Julio Simón, alias “el Turco Julián”, exintegrante de la Policía Federal Argentina, por las torturas y secuestros de José Poblete, Gertrudis Hlaczik y la apropiación de su hija Claudia. No fue una sentencia más: operó como el engranaje inicial de la llamada “reapertura de los juicios”, el hito que puso fin a casi dos décadas de impunidad consagrada por las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos de los años noventa.
Apenas un mes después, el 19 de septiembre de ese mismo año, el tribunal de La Plata condenaba al exdirector de investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Aquella jornada histórica quedó opacada por una sombra que hasta hoy interpela al sistema democrático: el día anterior había desaparecido por segunda vez Jorge Julio López, testigo clave del debate oral y símbolo viviente de las deudas del Estado.
El camino hacia esa bisagra judicial no fue fruto del azar ni de la concesión política, sino del activismo jurídico e institucional encabezado por organismos como las Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sumado a la presión popular que habitó las calles a través de herramientas de repudio como el escrache. Fueron los “Juicios por la Verdad”, las demandas en el fuero internacional y el litigio estratégico los que forzaron, en 2005, el pronunciamiento de la Corte Suprema que ratificó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad dictadas tras los alzamientos carapintadas.
Radiografía de un proceso gigantesco
Desde aquella primera condena a Simón por sus crímenes en el centro clandestino El Olimpo, la dimensión de la tarea judicial alcanzó proporciones inéditas en el derecho internacional:
*Población judicializada: Casi 4.000 presuntos integrantes del aparato represivo fueron investigados en dos décadas.
*Condenas dictadas: Alrededor de 1.200 represores recibieron penas por delitos de lesa humanidad.
*Mapeo del terror: Se logró reconstruir la operatividad de cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio distribuidos en todo el territorio nacional.
Frente al resurgimiento de discursos negacionistas e intentos de distorsión histórica, el acervo documental construido durante estas dos décadas —sumado al histórico Juicio a las Juntas de 1985 y el informe Nunca Más— constituye la prueba jurídica y fáctica más sólida contra la arbitrariedad del terror estatal.
Los muros infranqueables y los límites del sistema
A pesar del volumen de las sentencias, el proceso penal ha tropezado con fronteras estructurales que exponen las deudas pendientes del proceso de justicia:
*La opacidad del poder real y económico: Salvo excepciones contadas, la responsabilidad y complicidad de los actores corporativos y empresariales en el plan sistemático raramente se tradujeron en sentencias efectivas. De igual forma, tramas clave como las de los servicios de inteligencia y la Policía Federal lograron mantener zonas de penumbra.
*El desmantelamiento de los equipos de investigación: Las áreas especializadas en archivos militares, fundamentales para sortear el ocultamiento deliberado de documentación, sufrieron un progresivo debilitamiento a partir de 2015 que culminó en su desarticulación.
*El cerco de la clandestinidad: La metodología del exterminio privó de justicia a miles de familias. La falta de testimonios de sobrevivientes en determinados circuitos represivos imposibilitó reconstruir la trazabilidad individual de cientos de secuestrados. En casos emblemáticos como los “vuelos de la muerte”, a pesar de su masividad, solo un puñado de pilotos pudo ser identificado y condenado.
*La autoprotección judicial: El propio Poder Judicial evitó someter a un escrutinio riguroso la complicidad de sus magistrados y funcionarios durante los años de la dictadura, ralentizando tiempos procesales y escatimando recursos.
El presente: sistematizar la verdad y romper el silencio
A 20 años de aquel fallo fundacional, la reconstrucción de la verdad histórica atraviesa un momento crucial. El volumen de pruebas, testimonios y peritajes acumulados en los expedientes conforma un archivo gigantesco que requiere ser sistematizado y puesto a disposición de la ciudadanía como antídoto contra el autoritarismo.
Sin embargo, el imperativo ético sigue siendo el mismo que hace cuatro décadas. Mientras el destino final de la mayoría de los desaparecidos permanezca oculto bajo el pacto de silencio de los perpetradores, la justicia estará incompleta. El sistema judicial y las instituciones de la República enfrentan la exigencia histórica de saldar la deuda definitiva: que digan dónde están.
Con información del CELS
