Diputados del peronismo federal presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno informe las medidas adoptadas frente a la exploración de hidrocarburos autorizada por el Reino Unido en las Islas Malvinas.
La iniciativa de Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho busca conocer la estrategia de la Cancillería. El documento consulta si las autoridades argentinas tomaron conocimiento previo sobre los proyectos de las empresas en los espacios marítimos del archipiélago.
El texto pregunta si el Poder Ejecutivo formalizó protestas diplomáticas y en qué ámbitos internacionales planea defender la soberanía. También solicita información sobre posibles acciones ante las Naciones Unidas por estos actos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
Los parlamentarios consultaron además sobre eventuales medidas judiciales, administrativas o sancionatorias contra las compañías petroleras. En sus fundamentos, advirtieron que la búsqueda unilateral de recursos constituye un nuevo avance sobre un territorio bajo disputa reconocida por la comunidad internacional.
El Gobierno formalizó una queja por la incursión de un buque de guerra británico en aguas argentinas
Esta ofensiva parlamentaria ocurre poco después de un reclamo oficial de la Cancillería argentina ante el Reino Unido. Las autoridades nacionales cuestionaron el ingreso del patrullero oceánico HMS Medway a aguas de jurisdicción nacional sin notificación previa.
La nave militar de la Royal Navy transitó frente a las costas de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la Embajada británica el pasado 13 de julio por este suceso.
El Estado argentino consideró esta incursión naval como un incumplimiento de los mecanismos de confianza militar vigentes. Según la postura oficial, el movimiento del buque profundiza las acciones unilaterales británicas en el Atlántico Sur.
Los protocolos bilaterales exigen una comunicación de estos tránsitos navales con al menos 48 horas de anticipación. Esta norma pertenece al Acuerdo Madrid II, rubricado por ambos países en el año 1990 para reducir el riesgo de incidentes armados en la zona.
