La ex diputada criticó la decisión del juez Martínez de Giorgi y advirtió que debilita la investigación en la causa por la megaestafa que salpica al gobierno y al propio Milei.
La ex diputada nacional Graciela Camaño cuestionó la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes en la causa $LIBRA, en el marco de la investigación judicial sobre el presunto fraude vinculado al caso que salpica al presidente Javier Milei y a gran parte de sus funcionarios.
«La decisión judicial de apartamiento de querellantes en la causa $LIBRA solo pone el foco de atención en la temática frente a un tipo de delito “nuevo’», dijo Camaño esta mañana en su cuenta de X.
«Una decisión formalista, prematura y funcionalmente debilitante de la investigación«
En ese sentido, la ex diputada consideró que la resolución adoptada por el magistrado es “formalista”. Y sostuvo que debilita la investigación en un tipo de delito donde la prueba requiere abordajes técnicos.
«Si los querellantes no probaron nada, el juez podía exigir precisión. Pero apartarlos de plano parece una decisión formalista, prematura y funcionalmente debilitante de la investigación. En delitos cripto, donde justamente la prueba se reconstruye técnicamente, cerrar la puerta antes de hacer la pericia es como pedirle al náufrago el certificado de propiedad del salvavidas», señaló.
Debate sobre el rol de los querellantes
Camaño también se refirió al alcance del rol de las víctimas en el proceso judicial y a la jurisprudencia vigente en Argentina. En relación con la participación de los querellantes en causas penales.
«La jurisprudencia argentina suele exigir afectación especial, singular, individual y directa, no una mera indignación pública. Pero también hay doctrina judicial que advierte que no puede exigirse al querellante probar desde el inicio ‘la verdad aún no descubierta’, porque eso vacía los derechos de la víctima«, afirmó.
La ex legisladora mencionó además la Ley de Víctimas y comparó el sistema argentino con modelos internacionales de protección y participación de víctimas en procesos judiciales. La 27.372 reforzó una lectura más participativa: información, intervención, recurso y protección procesal de quien invoca ser víctima. El propio Ministerio Público Fiscal resume el derecho de querella como herramienta para impulsar el proceso y aportar elementos de convicción», sostuvo.
Reclamo por una revisión de la decisión
Por último, Camaño citó ejemplos de sistemas judiciales de otros países y expresó su expectativa de que la resolución sea revisada en instancias superiores. «Si miramos qué sucede en el mundo, la tendencia no va hacia no excluir a las víctimas de fraudes digitales, sino a incorporarlas al proceso: en EEUU las víctimas federales tienen derechos de información, presencia, audiencia y restitución bajo el Crime Victims’ Rights Act», detalló.
«En Europa la directiva 2012/29/UE garantiza información, apoyo, protección y participación en el proceso penal. España incluso destaca el modelo de acusación particular como útil en fraudes cripto y recuperación de activos. Esperemos que la instancia superior supere el formalismo estricto del juez«, concluyó.
