Frente al agravamiento de su cuadro, Reina se vio obligada a recurrir nuevamente a los tribunales para exigir la ejecución forzosa de la sentencia bajo apercibimiento de sanciones económicas (astreintes).
La batalla legal comenzó formalmente a finales de 2024. Ante el avance de su diagnóstico y la falta de respuestas en la vía administrativa, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, a cargo del Dr. Héctor Horacio Sandoval, hizo lugar a una medida cautelar innovativa.
En dicha resolución (Sentencia N° 16), la Justicia ordenó taxativamente al INSSSEP autorizar de manera inmediata la derivación de la paciente al Hospital Austral de la provincia de Buenos Aires. También establece cubrir de forma total, mediante los fondos de Alta Complejidad, la intervención quirúrgica de extirpación del tumor maxilar, así como los pasajes, estadía y viáticos para ella y un acompañante.
El magistrado interviniente había considerado que la postura inicial de la obra social —que exigía mayores justificaciones burocráticas— evidenciaba una “actitud desaprensiva” ante un caso de extrema urgencia médica donde el crecimiento constante del tumor genera deformaciones, cefaleas discapacitantes y dolores agudos que comprometen su movilidad.
A pesar de la gravedad del diagnóstico y de los plazos perentorios impuestos por el tribunal, el reclamo formalizado en los expedientes judiciales demuestra que el organismo no habilitó la derivación pautada para el pasado 2 de junio de 2026.
La respuesta de la obra social quedó registrada en una captura de Whatsapp que la mujer facilitó a este medio. Ante la desesperada intimación de la paciente, la obra social provincial continuó interponiendo trabas operativas que dilatan el efectivo cumplimiento de la condena médica.
Por este motivo, Inés Reina se presentó ante el Juez de Cámara bajo su propia representación profesional para promover una demanda de ejecución de astreintes. El escrito solicita que se intime con carácter de urgencia extrema al organismo para que instrumente el presupuesto y los recursos destinados al tratamiento médico de alta complejidad, amparada en los derechos constitucionales a la salud y a la vida.
“Solicito que se intime a la obra social INSSSEP al cumplimiento urgente y proceda a otorgar la derivación”, detalla la presentación judicial firmada por la damnificada, quien exige que la justicia penalice económicamente de forma diaria a las autoridades del organismo hasta tanto brinden la cobertura total e inmediata que su salud requiere.
Casos como el de Inés Reina ponen de manifiesto una preocupante desconexión humana en las esferas de decisión de los organismos de salud pública y obras sociales provinciales. Cuando una persona enfrenta un diagnóstico oncológico o una enfermedad que pone en riesgo su vida, el tiempo deja de ser una variable administrativa para convertirse en el recurso más valioso y escaso disponible. La salud no puede esperar los tiempos de la burocracia ni de la crueldad de los funcionarios de turno.
