La investigación por el manejo de fondos municipales a través de la Bolsa de Comercio volvió al centro de la escena en Presidencia Roque Sáenz Peña. Luego de las denuncias y con el expediente en manos de un nuevo fiscal, la concejala del Frente Chaqueño, Daiana Pereyra, advirtió que la causa permanece sin avances sustanciales desde la inhibición de Roberto Soto, quien decidió apartarse para evitar futuros planteos de nulidad luego de que el intendente Bruno Cipolini designara como defensor al abogado Juan Arregin, enfrentado judicialmente con el fiscal. “La causa quedó ahí. Pasó a otro fiscal, pero no se movió”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero de Radio Independencia.
La dirigente vinculó esa situación con una serie de decisiones que, a su entender, terminaron debilitando la investigación. Entre ellas mencionó el apartamiento del diputado provincial Santiago Pérez Pons como querellante y denunció la existencia de “maniobras políticas” destinadas a frenar el avance de la causa. Pereyra recordó que las denuncias impulsadas por la oposición permitieron reunir pruebas que derivaron en la imputación del secretario de Gobierno, Diego Landriscina, acusado de intervenir en operaciones financieras realizadas con recursos municipales. “Logramos presentar las pruebas y que se lo imputara, pero cuando había que tomar decisiones importantes todo quedó trunco”, afirmó.
La investigación por el manejo de fondos municipales a través de la Bolsa de Comercio volvió al centro de la escena en Presidencia Roque Sáenz Peña. Luego de las denuncias y con el expediente en manos de un nuevo fiscal, la concejala del Frente Chaqueño, Daiana Pereyra, advirtió que la causa permanece sin avances sustanciales desde la inhibición de Roberto Soto, quien decidió apartarse para evitar futuros planteos de nulidad luego de que el intendente Bruno Cipolini designara como defensor al abogado Juan Arregin, enfrentado judicialmente con el fiscal. “La causa quedó ahí. Pasó a otro fiscal, pero no se movió”, sostuvo en La Cabeza y el Sombrero de Radio Independencia.
La dirigente vinculó esa situación con una serie de decisiones que, a su entender, terminaron debilitando la investigación. Entre ellas mencionó el apartamiento del diputado provincial Santiago Pérez Pons como querellante y denunció la existencia de “maniobras políticas” destinadas a frenar el avance de la causa. Pereyra recordó que las denuncias impulsadas por la oposición permitieron reunir pruebas que derivaron en la imputación del secretario de Gobierno, Diego Landriscina, acusado de intervenir en operaciones financieras realizadas con recursos municipales. “Logramos presentar las pruebas y que se lo imputara, pero cuando había que tomar decisiones importantes todo quedó trunco”, afirmó.
Mientras tanto, el Municipio avanzó por otra vía. La comuna acordó con la Bolsa de Comercio un plan de devolución de fondos en 14 cuotas consecutivas, con desembolsos que comenzaron en mayo. Para la concejala, esos convenios terminaron ratificando uno de los planteos que la oposición sostuvo desde el inicio del caso: que cualquier operación financiera con recursos públicos debía contar con autorización previa del Concejo Municipal. “Estos acuerdos nos dieron la razón. Todos esos convenios tenían que pasar por el Concejo”, remarcó.
Más allá de las derivaciones judiciales, Pereyra aseguró que el episodio dejó una fuerte marca en la opinión pública local. Según relató, el malestar aparece de manera recurrente en las recorridas barriales y también durante las sesiones del cuerpo legislativo. “La gente se indigna porque hay muchas necesidades sin resolver y ese dinero terminó en una timba financiera”, señaló. La edila vinculó ese descontento con los reclamos de jubilados municipales que perciben haberes de entre 200.000 y 300.000 pesos y que exigen mejoras salariales en un contexto de aumento del costo de vida.
La concejala también valoró la realización en Sáenz Peña del plenario provincial que reunió a las dos CGT, las CTA y organizaciones sociales y campesinas. Consideró que el encuentro refleja la necesidad de revitalizar la organización sindical frente a la situación económica y cuestionó lo que definió como una creciente presión sobre dirigentes gremiales y opositores. En ese marco, sostuvo que la movilización social seguirá siendo una herramienta clave para sostener los reclamos laborales y políticos en la provincia.
Mientras tanto, el Municipio avanzó por otra vía. La comuna acordó con la Bolsa de Comercio un plan de devolución de fondos en 14 cuotas consecutivas, con desembolsos que comenzaron en mayo. Para la concejala, esos convenios terminaron ratificando uno de los planteos que la oposición sostuvo desde el inicio del caso: que cualquier operación financiera con recursos públicos debía contar con autorización previa del Concejo Municipal. “Estos acuerdos nos dieron la razón. Todos esos convenios tenían que pasar por el Concejo”, remarcó.
Más allá de las derivaciones judiciales, Pereyra aseguró que el episodio dejó una fuerte marca en la opinión pública local. Según relató, el malestar aparece de manera recurrente en las recorridas barriales y también durante las sesiones del cuerpo legislativo. “La gente se indigna porque hay muchas necesidades sin resolver y ese dinero terminó en una timba financiera”, señaló. La edila vinculó ese descontento con los reclamos de jubilados municipales que perciben haberes de entre 200.000 y 300.000 pesos y que exigen mejoras salariales en un contexto de aumento del costo de vida.
La concejala también valoró la realización en Sáenz Peña del plenario provincial que reunió a las dos CGT, las CTA y organizaciones sociales y campesinas. Consideró que el encuentro refleja la necesidad de revitalizar la organización sindical frente a la situación económica y cuestionó lo que definió como una creciente presión sobre dirigentes gremiales y opositores. En ese marco, sostuvo que la movilización social seguirá siendo una herramienta clave para sostener los reclamos laborales y políticos en la provincia.
