La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Julia Strada (Unión por la Patria) rechazó el proyecto del oficialismo que obtuvo dictamen de comisión y establece el pago de 171 millones de dólares a los fondos buitre Bainbridge Fund Ltd. y Attestor Value Master Fund. Por reclamos vinculados a bonos en default desde 2001.
«Este acuerdo vuelve a poner a la Argentina en la lógica de subordinar la política de deuda a la presión judicial extranjera. Y reconoce ganancias extraordinarias rompiendo el principio de equidad en las reestructuraciones con privados. Lo rechazamos porque premia la estrategia de los fondos buitre. Quienes no ingresaron a las reestructuraciones de deuda y apostaron a litigar durante años terminan obteniendo un tratamiento privilegiado frente a quienes aceptaron las condiciones de los canjes de 2005 y 2010″, planteó Strada en su cuenta de X.
Cuestionamientos al proyecto del Gobierno por la falta de información
En ese marco, la diputada advirtió que el proyecto no demuestra que exista un trato equitativo respecto de los acreedores que sí acompañaron las reestructuraciones. Debido a que el Gobierno no informó cuánto pagaron estos fondos por los títulos que compraron. Ni cuál será la rentabilidad efectiva que obtendrán con este acuerdo.
«Presentar una quita sobre el monto reclamado no alcanza para justificar el pago. Lo relevante es conocer cuánto desembolsaron originalmente estos fondos para adquirir esos bonos y si el acuerdo implica convalidar ganancias extraordinarias producto de la especulación financiera. Porque el Congreso no cuenta con información suficiente para ejercer un control serio. No se detalló adecuadamente la composición de los pagos, el impacto fiscal, el efecto sobre las reservas, el origen de las divisas. Ni el costo total de la operación», aseguró.
Advertencia por el precedente que podría generar el acuerdo
Por último, Strada advirtió que la aprobación del acuerdo podría sentar un antecedente negativo para futuras negociaciones de deuda. Según sostuvo, cada vez que un fondo especulativo obtenga una sentencia o ejerza presión judicial sobre el país, el Estado podría verse incentivado a negociar pagos individuales. Debilitando su posición en eventuales procesos de reestructuración.
«El proyecto compromete USD 171 millones de recursos públicos en un contexto de restricciones fiscales y externas, sin que existan informes suficientes sobre el impacto de la operación ni sobre su costo de oportunidad frente a otras prioridades económicas y sociales. Porque puede generar un precedente peligroso. Cada vez que un fondo especulativo obtenga una sentencia o ejerza presión judicial, el Estado terminaría negociando pagos individuales, debilitando su posición frente a futuros procesos de reestructuración», concluyó.
