Por pedido de referentes y familias de comunidades Wichí, la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, se hizo presente en el acampe que se desarrolla en Misión Nueva Pompeya, iniciado en reclamo por el acceso a alimentos, agua, salud y derechos humanos básicos. “El reclamo más urgente es de agua potable y comida”, aseguró Gauna Wirz, en diálogo con LITIGIO. En ese contexto, quedó conformado el Superior Tribunal de Justicia ad hoc que deberá resolver si restituye la cautelar de primera instancia que había ordenado al gobierno de Leandro Zdero asistir a las comunidades o si ratifica la decisión de la Cámara de Apelaciones que la anuló.
La presencia de la funcionaria del Ministerio Público de la Defensa fue requerida a fin de informar a las comunidades sobre el estado de las acciones judiciales en trámite, en particular el amparo colectivo interpuesto en 2024 y la medida cautelar solicitada para garantizar la provisión de agua y alimentos en el Impenetrable chaqueño. Paralelamente, se definió la integración del Superior Tribunal de Justicia ad hoc que debe analizar si restituye esa medida o mantiene la anulación decidida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.
Durante la jornada en Misión Nueva Pompeya, Gauna Wirz escuchó los planteos de las personas de los distintos parajes y localidades y se tomó registro de la situación expuesta, a fin de ponerla en conocimiento de las autoridades competentes y evaluar las vías institucionales y judiciales que correspondan frente a la emergencia denunciada. La intervención se enmarca en la función del Ministerio Público de la Defensa de garantizar el acceso a la justicia, especialmente respecto de personas, comunidades y pueblos en situación de vulnerabilidad.
Gauna Wirz: “Comen solamente torta parrilla y mate”
En diálogo con LITIGIO, Gauna Wirz relató que “lo que vi fue a la gente instalada en condiciones muy precarias, con carpas de plástico, juntando donaciones y comiendo lo que pueden. Había representantes de distintos parajes y localidades de la zona. Los que más presencia sostenida tienen son los de Nueva Pompeya, porque por el estado de los caminos y también por la falta de recursos y de alimentos, muchas comunidades no pudieron trasladarse con más gente y mandaron representantes”.
En ese sentido, precisó que “durante varias horas fueron hablando personas de cada paraje y localidad. Algunas lo hicieron en castellano y otras con intérpretes. Cada una fue contando cuáles eran sus necesidades más urgentes. Y lo que quedó bastante claro es que esas peticiones coinciden plenamente con el objeto del amparo presentado en 2024: agua, alimentos, salud y condiciones mínimas de vida. Además, el reclamo más urgente, agua potable y comida, coincide exactamente con el objeto de la medida cautelar que todavía está pendiente de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia”.
“Muchos contaron que en los parajes toman agua de charcos o de lagunas, y que los chicos se enferman, tienen diarrea o viven con problemas de salud. También hablaron de la falta de médicos, de la falta de medicamentos, de tuberculosis, de personas diabéticas, que comen solamente torta parrilla y mate, y de muchos niños con problemas de desnutrición”, describió la defensora general adjunta.
Gauna Wirz confesó que quedó impactada con el relato de una mujer que se expresaba con dificultad en castellano y que repetía: “comedores, merenderos, módulos alimentarios”.
“Le pregunté qué era lo que más necesitaban en el lugar donde vivía. Y me respondió: ‘lo que sea, cualquier cosa, comida’. Lo dijo como diciendo que cualquier cosa que pudieran llevarse a la boca les vendría bien. Eso muestra el nivel de desesperación”, reflexionó.
Los acampantes también contaron que en las escuelas la comida de los comedores no alcanza y que, para muchos chicos, eso es lo único que comen en el día. Y que la mayoría de los merenderos ya cerraron. Después caminaron hasta el Juzgado Multifueros (ubicado en la ciudad de Misión Nueva Pompeya) y dejaron sus carteles, como un llamado de atención a la Justicia.
“Lo que están pidiendo es que se los escuche y que se resuelva de una vez la medida cautelar sobre alimentos y agua segura. También sigue pendiente la audiencia en territorio, con participación de las autoridades, porque ellos repitieron muchas veces que nadie va a escucharlos”, sintetizó la defensora general adjunta.
Por otro lado, reveló que los miembros de las comunidades contaron que las cajas del Plan Ñachec llegan con intermitencia, pero no a los parajes. Y que los delegados del Ñachec les explicaron que no tenían nafta para ir a llevarles hasta allá. “Ellos no pueden ir hasta Pompeya, de Comandancia, por ejemplo a buscar una cajita”, señaló.
Además, advirtió que “las cajas casi todas llegan con faltantes”. Al respecto, en las comunidades especulan que las desarman para armar otras cajas y que alcance para más.
Por último, se constató que durante el mes de junio y el mes de mayo se entregaron las cajas Ñachec, pero hacía 3 o 5 meses que no recibían. De todas formas la cantidad es ínfima.
La causa que se llevó puesto a un juez
La semana pasada la Defensora General Adjunta había urgido al Superior Tribunal de Justicia a definir la integración del tribunal que debe resolver la medida cautelar de asistencia al pueblo Wichí, mientras las comunidades del Impenetrable llevan más de una semana acampando en el acceso a Misión Nueva Pompeya bajo la consigna “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”. Vale recordar que la causa judicial permanece sin resolución efectiva desde que el STJ aceptó revisar el fallo que revocó la orden de asistencia, en noviembre de 2025.
La causa tiene una historia judicial extensa que arranca en diciembre de 2024, cuando Gauna Wirz presentó el amparo reclamando asistencia urgente para el pueblo Wichí. El 18 de marzo de 2025, el juez Civil y Comercial N° 6, Jorge Sinkovich, ordenó garantizar en forma “continua, oportuna y adecuada” el suministro de alimentos y agua. Ante el incumplimiento provincial, el magistrado impuso una multa de casi $86 millones diarios, que el gobierno de Leandro Zdero apeló. Tras el fallo, diputados oficialistas del Chaco presentaron un pedido de juicio político contra el juez Sinkovich, quien renunció días después ante la embestida del gobierno provincial.
En septiembre de 2025, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones revocó la cautelar al entender que los derechos reclamados debían resolverse en el marco de la sentencia dictada en 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que solo contemplaba al pueblo Qom. Gauna Wirz recurrió esa decisión mediante un recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que la propia Cámara declaró admisible en octubre de 2025, habilitando así la revisión por parte del STJ. Esa instancia sigue pendiente.
Según pudo saber LITIGIO, tras la última inhibición de la jueza del fuero contencioso Geraldine Varas, quedó finalmente integrado el Superior Tribunal de Justicia ad hoc que tendrá en sus manos la decisión de ordenar o no al gobierno del Chaco que asista adecuadamente a las comunidades Wichí. El mismo estará integrado por las juezas Lorena Padován, Dolly Fernández, María Virginia Serrano y los jueces Sebastián Cóceres y Héctor Geijo.
REVISTA LITIGIO
