La Justicia provincial dictó una medida cautelar que impide al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) avanzar con nuevos sorteos o adjudicaciones de viviendas en General San Martín, en el marco de una causa iniciada por beneficiarios de un plan habitacional previamente adjudicado.
La resolución fue firmada por el juez Julián Flores, quien dispuso una medida de no innovar para resguardar la situación de los adjudicatarios de las 238 viviendas involucradas en el expediente. De esta manera, el organismo provincial no podrá realizar modificaciones en el proceso hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Además, el fallo establece que el IPDUV deberá afrontar el pago de $1.849.640 en concepto de costas judiciales.
Los argumentos de los demandantes
Entre quienes promovieron la acción judicial se encuentran madres solteras, familias en situación de vulnerabilidad y personas con problemas de salud, quienes acreditaron condiciones especiales para acceder a una vivienda social.
Los demandantes sostienen que las viviendas ya habían sido adjudicadas durante 2023 y que cualquier intento de realizar nuevos sorteos afectaría derechos previamente reconocidos.
La controversia por las 138 viviendas
La polémica se intensificó luego de que el Gobierno provincial difundiera una convocatoria para la inscripción de aspirantes a 138 viviendas en General San Martín.
Según los adjudicatarios y sectores vinculados a la gestión anterior, esas unidades habitacionales ya habían sido asignadas mediante un procedimiento acordado entre el municipio local y el Instituto Provincial de Vivienda.
En ese sentido, el ex presidente del organismo, Diego Arévalo, afirmó que existía un acuerdo formal entre ambas instituciones para concretar las adjudicaciones y cuestionó la decisión de revisar ese proceso.
Debate sobre los criterios de adjudicación
El conflicto también reavivó el debate sobre los mecanismos utilizados para adjudicar viviendas sociales y sobre los criterios aplicados por la actual gestión para revisar decisiones adoptadas durante el gobierno anterior.
Mientras el Ejecutivo provincial impulsa nuevos procedimientos en algunos casos, los adjudicatarios sostienen que las asignaciones realizadas en 2023 fueron legítimas y deben ser respetadas.
La causa seguirá su curso
Aunque la medida cautelar no resuelve de manera definitiva el conflicto, representa un respaldo judicial para las familias que recurrieron a los tribunales con el objetivo de preservar las adjudicaciones obtenidas.
La causa continuará su trámite hasta que se dicte una sentencia definitiva, que determinará la validez de las adjudicaciones cuestionadas y el alcance de las decisiones adoptadas por el organismo provincial.
Para las familias involucradas, el proceso judicial tiene un fuerte impacto social, ya que detrás de cada expediente se encuentran personas que esperan desde hace años acceder a una vivienda propia.
