El Gobierno no avanzará finalmente contra la base china de Neuquén, pese a los planteos que viene haciendo Estados Unidos sobre la infraestructura espacial de Beijing en la región. En el Ejecutivo reconocen que estudiaron los informes y advertencias que llegaron desde Washington, pero aseguran que por ahora no tienen margen para abrir una disputa directa con China. “No estamos en condiciones políticas ni comerciales de hacerlo”, expresan cerca del Ejecutivo.
La decisión implica un cambio respecto de la etapa en la que la Casa Rosada evaluaba medidas para desarticular o restringir la operatoria de la estación. En Balcarce 50 sostienen que el costo diplomático y económico de avanzar supera cualquier beneficio inmediato. Admiten además que, aun cuando persisten sospechas internas sobre un posible uso dual de la información relevada en Neuquén, no cuentan con una vía política clara para ir más allá de la revisión técnica y del seguimiento del caso.
La trastienda de esa definición combina geopolítica y administración. Nación considera que escalar ahora un conflicto con Beijing implicaría desgastar capital político y abrir una negociación compleja porque la baja del acuerdo debería pasar por el Congreso. No quieren gastar acuerdos ni votos en una discusión de alta sensibilidad internacional mientras buscan concentrarse en su paquete de reformas y en sostener el vínculo comercial con China.
El acuerdo de cooperación de la estación fue aprobado por el Congreso a través de la Ley 27.123 y fijó una vigencia de 50 años. El texto también prevé que cualquiera de las partes puede terminarlo con “justa causa, debidamente acreditada” y con una notificación por escrito de al menos cinco años de anticipación. A eso se sumó en 2016 un protocolo adicional que estableció que el convenio debía implementarse exclusivamente con fines civiles y que la información obtenida no podía usarse con propósitos militares.
La presión de Washington tuvo incluso un planteo público de Scott Bessent. En la conferencia de prensa que compartieron el año pasado Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro aclaró que la asistencia de los Estados Unidos no estaba condicionada al cierre del swap con China, pero sí remarcó su preocupación por “puertos, bases militares y centros de observación” creados en la Argentina.
En una entrevista con Bloomberg durante su paso por Davos, el presidente defendió la continuidad del vínculo comercial con Beijing y buscó separar comercio de alineamiento estratégico. “El planteo que hizo Bessent está en perfecta línea con lo que es el pensamiento de los Estados Unidos”, dijo. Y cuando fue consultado de manera puntual por la estación china en Neuquén, respondió: “Eso no está probado”.
La presión de los Estados Unidos, de todos modos, no se desactivó. El informe oficial del comité especial sobre China de la Cámara de Representantes -difundido el 26 de febrero de 2026- sostuvo que China desarrolló al menos once instalaciones espaciales vinculadas al país asiático en América Latina, incluidas tres en la Argentina, y recomendó como objetivo explícito frenar la expansión de esa infraestructura y buscar su retroceso en el hemisferio occidental.
Donde sí hubo una decisión concreta fue en San Juan. El Gobierno logró frenar la construcción de una antena china al impedir el ingreso de materiales por la Aduana y al no avanzar con definiciones administrativas pendientes para su continuidad. En Nación presentan ese movimiento como una señal de límite a nuevos desarrollos, más que como una ofensiva sobre estructuras ya instaladas y operativas.
