El exmandatario chavista comparecerá otra vez este jueves junto con su esposa, Cilia Flores.
Nicolás Maduro “está muy bien” y “con mucho ánimo” mientras espera para este jueves su segunda audiencia del juicio por narcoterrorismo que se lleva adelante en Estados Unidos, donde está detenido tras su captura en Caracas el 3 de enero pasado.
“Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días”, señaló el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del ex mandatario chavista, en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.
El congresista añadió que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está “firme y alerta”.
Además, dijo que la audiencia de juicio prevista para este jueves servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia”, ambos capturados durante el ataque estadounidense a Venezuela.
Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
¿Cuál es la estrategia de los abogados?
La defensa de Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.
Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa.
El gobierno de Venezuela busca cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra el chavismo.
Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que esa autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.
Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está solo en una celda, sin acceso a internet ni a periódicos.
El hombre, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, leé la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano. Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a la fuente.
“Prisionero de guerra”
Maduro, de 63 años, se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un “prisionero de guerra” en una audiencia el 5 de enero.
Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados “terroristas” por Washington. Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.
Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos.
“Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (…) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.
Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Madurono puede “costear de otro modo un abogado”.
Los fiscales respondieron en un escrito judicial que “incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados -que no ha sido el caso-, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica”.
(Con información de AFP y EFE)
