Felipe Germán Bittel tenía solo 19 años cuando, junto a su padre, Deolindo Bittel —entonces gobernador del Chaco—, fue abordado por personal del Ejército y trasladado desde la residencia oficial a su casa de la calle Brown. En esta crónica recuerda aquella madrugada del 24 de marzo de 1976, su posterior labor al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura —encargada de investigar y redactar el “Informe Final” sobre los crímenes de la dictadura en la provincia— y la amenaza que recibió de uno de los principales jefes del terrorismo de Estado en el Chaco: “Ceniquel me dijo que me iba a matar y que la democracia no iba a durar”.
A 50 años de aquel fatídico golpe militar del 24 de marzo de 1976, seguramente quienes lo vivimos y recordamos tendremos distintas vivencias. En mi caso, con 19 años de edad, y siendo mi padre, Deolindo Bittel, entonces gobernador del Chaco, fuimos abordados por personal del Ejército en plena madrugada y confinados desde la residencia a nuestro domicilio particular en calle Brown. La incertidumbre de no saber el destino de mi padre, y la larga charla que mantuve con el oficial a cargo sobre el baño de sangre que presagiaba se abatiría sobre nuestra patria, son recuerdos que vienen a mi mente en esta fecha.
Y ha sido tanto el sufrimiento del pueblo argentino en general, en lo político, económico y social, que ha dejado esa sangrienta dictadura, y en particular a las víctimas del terrorismo de Estado, que hoy resulta absurdo y hasta ridículo que un gobierno nacional, desmantelando organismos de derechos humanos y levantando teorías negacionistas del genocidio de 30.000 compañeros desaparecidos, piense vanamente que se podrá borrar de la conciencia popular una de las etapas más oscuras y horrendas que nos ha tocado vivir a los argentinos. Nunca pensé que, con el tiempo, iba a ser legislador provincial y desempeñar un rol en busca de la memoria, verdad y justicia.
La represión del Estado, fuera de toda ley y protección jurisdiccional, quedó plasmada en el Informe Final de la Comisión Permanente de Derechos Humanos creada por la Ley 2.971, que presidí y que investigó los crímenes de lesa humanidad en la provincia del Chaco, y que sirvió para el posterior juzgamiento de represores en la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chaco y el caso emblemático de la masacre de Margarita Belén. Vaya mi reconocimiento a los colaboradores de la misma, a los legisladores que la integraron y al cuerpo legislativo en pleno que, en sesión secreta, aprobó dicho informe. Y, fundamentalmente, a quienes tuvieron el valor de hacer las denuncias que posibilitaron la investigación.
El trabajo fue arduo por la falta de medios técnicos que en ese entonces no había, la incipiente democracia y el hecho de que muchos de los implicados estaban en actividad en las fuerzas armadas o de seguridad. Las amenazas, la intimidación —anónimas o personales, como la que me formulara el jefe de la Policía del Chaco, Wenceslao Ceniquel, de que me iba a hacer matar por mi tarea, o que la democracia no duraría y volverían a terminar la tarea pendiente— son anécdotas de quienes se creían impunes y hoy pagan con la cárcel los delitos cometidos.
Sepan las nuevas generaciones que el golpe de Estado de 1976, como todos los que han sufrido los pueblos latinoamericanos, ha sido producto de intereses económicos y geopolíticos al servicio del imperialismo, y ha contado con la complicidad de los sectores oligárquicos que aún hoy manejan los destinos del país. Las políticas neoliberales del Ministerio de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz son el correlato de las que hoy sufre el pueblo argentino. La dictadura, a sangre y fuego, entregó el patrimonio nacional y quiso asignar a la Argentina, en un esquema de división internacional del trabajo, el rol de ser un país agrícola-ganadero y dependiente. Es nuestro deber, en homenaje a los caídos, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para torcer el rumbo de esa historia.
Por Felipe Germán Bittel
