El proyecto aprobado en Diputados redefine reglas clave del mercado laboral y ahora deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
La reforma laboral que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación y que el oficialismo buscará ahora convertir en ley en el Senado, introduce modificaciones profundas en el sistema laboral argentino. La iniciativa abarca cambios en la negociación colectiva, indemnizaciones, organización sindical, derecho de huelga y nuevas modalidades de contratación, con el objetivo de redefinir las reglas del mercado de trabajo.
El proyecto descentraliza la negociación colectiva al establecer que los convenios de ámbito mayor no podrán modificar los acuerdos de empresa, lo que reduce el peso de los sindicatos en la representación de derechos colectivos. Además, elimina la ultraactividad, por lo que los convenios vencidos dejarán de tener efecto hasta la firma de un nuevo acuerdo, salvo en lo referido a condiciones básicas, y habilita la incorporación de componentes salariales “dinámicos”, que podrán acordarse incluso de forma individual o por decisión del empleador.
Indemnizaciones, juicios y nuevas modalidades laborales
En materia de despidos, se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año trabajado, pero se excluyen del cálculo conceptos no mensuales como aguinaldo, premios o vacaciones. A su vez, las sentencias laborales podrán pagarse en cuotas ajustadas por inflación con interés anual, y se crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos mediante aportes empresariales a cambio de beneficios en contribuciones patronales.
La reforma también incorpora el banco de horas, que permitirá compensar jornadas más largas con otras más cortas con un máximo de 12 horas diarias, y establece que las vacaciones podrán otorgarse entre octubre y abril en períodos divididos con un plazo mínimo de 7 días. Asimismo, habilita el pago de salarios en moneda extranjera y fija incentivos para la contratación de nuevos empleados mediante rebajas en contribuciones patronales.
Cambios en sindicatos, huelga y estructura del sistema
En el plano sindical, se fija un tope del 2% a las cuotas solidarias y se establece que las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización del empleador. Además, se amplía la categoría de servicios esenciales y trascendentales, obligando a garantizar prestaciones mínimas de entre el 50% y el 75%, lo que implica una restricción al derecho de huelga, y se tipifican como infracciones muy graves los bloqueos que afecten la libertad de trabajo.
El proyecto elimina la responsabilidad solidaria en la contratación de terceros y crea un régimen especial para nuevos emprendimientos PyME. También redefine el encuadre de los trabajadores de plataformas digitales como prestadores independientes, aunque obliga a las empresas a brindar seguros contra accidentes y capacitación, y establece requisitos más estrictos para certificados médicos, con posibilidad de juntas médicas ante discrepancias.
En el plano institucional, la iniciativa deroga la ley de teletrabajo y reemplaza estatutos específicos —como el del periodista profesional— en el plazo de un año. Además, dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y posterga cambios en el financiamiento del INCAA.
En conjunto, la reforma plantea una reconfiguración integral del sistema laboral argentino con un enfoque orientado a flexibilizar las relaciones de trabajo, reducir costos empresariales y modificar el rol de los sindicatos, en un contexto de fuerte debate político y sindical sobre el alcance de los cambios.
