El nuevo prefijo permitirá a los usuarios identificar al instante las llamadas comerciales y ayudará a bloquear el spam telefónico
Las llamadas spam y los intentos de fraude telefónico han sido una fuente constante de molestias para los usuarios. Para combatir este problema, el Ministerio para la Transformación Digital ha anunciado la designación del prefijo 400 como obligatorio para todas las llamadas comerciales en España, una medida que entrará en vigor a finales de verano.
Esta decisión se enmarca en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada el pasado diciembre, que establece la obligación de usar numeración específica para facilitar la identificación de las llamadas comerciales y reforzar la protección del consumidor.
El prefijo 400: una herramienta para frenar el spam telefónico
La introducción del prefijo 400 responde al objetivo de distinguir de manera clara y sencilla las llamadas comerciales de otras comunicaciones. Según El País, fuentes del Ministerio para la Transformación Digital indicaron que el nuevo rango permitirá a los usuarios identificar de inmediato una llamada comercial y decidir si desean atenderla o rechazarla.
Asimismo, las operadoras podrán bloquear aquellas llamadas que no utilicen el prefijo correspondiente, incrementando así la eficacia de los sistemas de filtrado y reduciendo el volumen de llamadas no deseadas.
La medida establece que la numeración 400 será bidireccional, lo que significa que los usuarios podrán recibir y realizar llamadas, y el coste no superará el de una llamada normal. El Ministerio prevé aprobar la resolución en abril, otorgando a las empresas un plazo de cuatro meses para adaptarse, de modo que el sistema comience a funcionar entre agosto y septiembre.
La Ley SAC también exige que los consentimientos otorgados por los usuarios para recibir llamadas comerciales deban renovarse cada dos años, lo que refuerza el control sobre quién puede contactar a los consumidores y bajo qué condiciones.
Números diferenciados para atención al cliente y bloqueo de llamadas fraudulentas
Además del nuevo prefijo para llamadas comerciales, el Ministerio ha sometido a audiencia pública la atribución de rangos específicos para las llamadas de atención al cliente. Estas solo podrán realizarse desde números cortos asignados (como el 1004 de Telefónica), rangos gratuitos (800 y 900) o números geográficos. La orden ministerial en vigor desde marzo del año pasado ya prohibía el uso de numeración móvil para estos fines y atribuía los rangos gratuitos para evitar suplantaciones e intentos de fraude.
Desde la puesta en marcha del Plan Antiestafas telefónicas y por SMS, en marzo de 2025, los operadores han bloqueado 169,5 millones de llamadas y 10,4 millones de SMS con intenciones fraudulentas. Sin embargo, muchas llamadas seguían llegando desde numeraciones no reguladas, lo que justificó la necesidad de medidas adicionales como el prefijo 400.
Una vez implementado el sistema, los operadores deberán bloquear las llamadas comerciales o de atención al cliente que se realicen desde numeraciones no autorizadas. Los usuarios que reciban este tipo de llamadas podrán denunciarlas ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o la CNMC.
Contratos y protección legal ante llamadas comerciales no consentidas
La normativa también introduce garantías adicionales para los consumidores. Según la Ley SAC, los contratos realizados mediante llamadas telefónicas no consentidas serán considerados nulos, salvo que se acredite de forma inequívoca la voluntad del usuario de contratar o finalizar un contrato. Esta disposición refuerza la protección frente a prácticas abusivas y asegura que los consumidores solo adquieran compromisos contractuales cuando hayan dado su consentimiento explícito.
La entrada en vigor del prefijo 400 y la diferenciación de rangos telefónicos para servicios comerciales y de atención al cliente marcan un avance significativo en la lucha contra el spam telefónico y el fraude. Los consumidores tendrán a su disposición herramientas más claras para distinguir y controlar las comunicaciones que reciben, mientras que las operadoras y empresas deberán adaptar sus sistemas para cumplir con la nueva regulación y garantizar la transparencia en sus llamadas.
