El Gobierno de la provincia del Chaco dispuso la remoción de Elías Eugenio José Lovey del cargo de Subinspector General de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, luego de considerar acreditados “incumplimientos en el ejercicio de sus funciones”. La decisión fue oficializada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que dejó sin efecto la designación realizada en el año 2014.
Según se detalla en los considerandos del decreto, la medida se adoptó a partir de informes elevados por la interventora del organismo, Marcela Adriana Pibernus, en los que se señalaban incomparecencias reiteradas y falta de cumplimiento de tareas por parte del funcionario. Esa situación, de acuerdo al texto oficial, generó “consecuencias negativas en el funcionamiento de la Inspección” y fue uno de los factores que derivaron en la intervención del organismo.
En una primera instancia se había ordenado la apertura de un sumario administrativo, pero la Dirección de Sumarios Administrativos de Casa de Gobierno determinó que Lovey, por su carácter de autoridad superior, no se encuentra alcanzado por el régimen general del empleo público. En ese marco, se concluyó que la única sanción disciplinaria legalmente posible era la remoción del cargo, ya que cualquier otra medida carecería de sustento normativo y vulneraría el principio de legalidad.
El decreto repasa además el encuadre legal del cargo de Subinspector General, creado por la Ley 1903-C, y recuerda que Lovey fue designado como autoridad superior en 2014. Posteriormente, en 2015, fue incorporado a la planta permanente de la administración pública, con licencia sin goce de haberes para ejercer la función jerárquica.
La decisión contó con dictámenes favorables de la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Asuntos Registrales y de la Asesoría General de Gobierno. Finalmente, el gobernador del Chaco firmó el decreto que dispuso la remoción y ordenó su publicación en el Boletín Oficial.
