Con transferencias discrecionales casi paralizadas durante buena parte del año, las jurisdicciones enfrentan cuentas en rojo y mayor dependencia política. El freno de los giros del Tesoro reactivó la negociación con los mandatarios provinciales dialoguistas en la antesala del debate por la reforma laboral.
La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional cerró 2025 con una caída real del gasto total cercana al 29% desde que asumió Javier Milei. En ese marco, las transferencias a provincias y municipios mostraron recortes críticos, con partidas que directamente no registraron ejecución, según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El ajuste fiscal, combinado con la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante gran parte del año, tensó el vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores.
El recorte se dio en un contexto de caída generalizada del gasto nacional y de fuerte contracción en áreas como obra pública, transporte y desarrollo social, que impactan de forma directa en las economías provinciales.
Con menor margen fiscal y mayores vencimientos de deuda, varias provincias quedaron expuestas a la falta de auxilio nacional. En ese escenario, el manejo de los ATN volvió a convertirse en una herramienta política clave para ordenar apoyos en el Congreso, especialmente en la recta final del año y de cara al tratamiento de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
Un ajuste que reconfiguró la pulseada fiscal
Los datos del informe del CEPA muestran que la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios tuvo una caída del 100% en términos reales frente a 2023, al igual que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires. También se desplomaron la Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios (-98%); las transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-92%), de la Secretaría de Transporte (-44%) y de la Secretaría de Energía (-77%), y a Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional (-68%).
Detalla que, además del recorte en transferencias, la ejecución de programas vinculados a infraestructura y obra pública cayó entre 75% y 100% en términos reales. Infraestructura en Municipios no tuvo ejecución en todo 2025, mientras que Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación retrocedió -98% y la Construcción de Túneles y Puentes grandes cayó -95%. También Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%), Desarrollo de Obra Pública (-93,5%), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92%), Rutas Seguras (-89%) y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-75%).
Para las provincias, estas partidas funcionan como un complemento central del presupuesto local, además de garantizar el transporte productivo por vías seguras y transitables.
A eso se suman las deudas que la Anses mantiene con las provincias que no transfirieron las cajas previsionales a Nación y que muchas terminaron judicializadas. Las provincias que reclaman deudas millonarias de Nación son Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por ejemplo, el gobierno bonaerense reclama $12 billones, el de Santa Fe cerca de $2 billones y Chubut $51.000 millones.
Este esquema de ajuste profundizó la dependencia de los gobernadores respecto de las decisiones discrecionales del Ejecutivo. Los ATN, que representan el 1% de la masa coparticipable y cuya distribución depende del Gobierno nacional, quedaron como una de las pocas herramientas disponibles para asistir financieramente a las provincias y como estrategia de presión.
Gobernadores en diálogo y agenda legislativa
Con ese telón de fondo, el Gobierno comenzó a abrir canales de negociación con los gobernadores dialoguistas. Este mes, el diputado Diego Santilli inició una ronda de visitas a provincias clave con el objetivo de apuntalar apoyos parlamentarios antes del tratamiento de la reforma laboral. El cronograma incluye viajes a Chaco, La Pampa, Chubut y Mendoza, y prevé al menos diez recorridas durante el mes.
La estrategia apunta a replicar el esquema que permitió la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, con acuerdos previos con provincias que acompañaron esos proyectos y recibieron ATN y fondos del Consenso Fiscal 2017. Los gobernadores más alineados con el kirchnerismo quedaron fuera de esa ronda.
Algunos mandatarios provinciales siguen con atención los artículos de la reforma laboral vinculados a Ganancias, reducción de carga tributaria y derogaciones normativas que, según advierten, podrían impactar sobre la coparticipación. En ese contexto, la negociación incluye no solo transferencias discrecionales y reclamos por obras públicas detenidas, sino también por los recursos fiscales que podrían verse reducidos.
ATN como señal política en un año de ajuste
Durante buena parte de 2025, los giros de ATN fueron prácticamente nulos, en línea con el recorte general de transferencias. Recién hacia el cierre del año, el Gobierno aceleró los envíos a un grupo reducido de provincias consideradas estratégicas en el escenario parlamentario, una dinámica que ya había quedado reflejada en otras negociaciones clave.
En las provincias reconocen que los márgenes de negociación estarán cada vez más atados a la agenda legislativa nacional. Con cuentas provinciales ajustadas, menor obra pública y transferencias recortadas, los gobernadores dialoguistas optaron por sostener el canal político con la Casa Rosada como forma de evitar un mayor deterioro financiero.
El freno de los giros del Tesoro y la caída del gasto nacional redefinieron así la relación fiscal entre Nación y provincias en 2025. En un contexto de ajuste profundo, la discusión por la reforma laboral y los proyectos del Ejecutivo volvieron a colocar a los ATN y a las transferencias discrecionales en el centro de la negociación política en la agenda 2026. Los recursos serán este año una fuerte moneda de cambio para conseguir los votos de los legisladores sobre los que los mandatarios provinciales tienen injerencia.
