Mientras más pequeña sea la estructura productiva, el exceso de oferta laboral será mayor y así el mercado terminará ajustando por precio, como claramente busca.
Como en una partida de ajedrez, el gobierno de Javier Milei va comiéndose las piezas y acorralando a un adversario cada vez más débil al que obliga a competir internacionalmente caiga quien caiga bajo condiciones abusivamente adversas. Ha ordenado el tablero de la economía y la política de forma tal que podría llegar a alcanzar un objetivo que ni Domingo Cavallo pudo con la Convertibilidad: reducir el salario de los trabajadores formales, medido en dólares, de forma fuerte y permanente hasta equilibrarlo con el resto de los países de América Latina.
Desde la unión de los trabajadores que impulsó Juan Domingo Perón, los asalariados en Argentina sostuvieron los mejores ingresos y condiciones laborales de la región. Si bien hubo múltiples episodios de importantes pérdidas del poder adquisitivo de las grandes mayorías, para el sector de los trabajadores registrados formales fueron transitorios, provocados por bruscas devaluaciones y seguidos de lentos procesos de recuperación. En los últimos años, esa dinámica ha sido nítida y las devaluaciones han tendido a requerir una intensidad creciente, desatando también una mayor informalidad y exclusión social.
Desde ya, la dosis de volatilidad que agrega el apego por la herramienta cambiaria produce un enorme deterioro social y un desgaste político insostenible, como verificaron Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Así, el desafío de la administración actual, con los indispensables aportes de capital y políticos del FMI y de Estados Unidos, parece ser el de romper definitivamente esta secuencia. Pero no para mantener el nivel de las remuneraciones, sino para transformar definitivamente la estructura productiva del país y, en un proceso no tan ágil como el de una devaluación, ir haciendo converger los salarios del sector formal con los del resto de los países de América del Sur, clausurando las posibilidades de una reparación posterior.
Para eso, Milei provoca una abrupta y muy intensa apertura comercial combinada con una contracción del consumo, habilita costos financieros exorbitantes, tarifas de servicios públicos y precios de combustibles en ascenso y dolarizados, degrada organismos científicos tecnológicos de instituciones públicas reconocidos internacionalmente (el INTI, el INTA y el CONICET) y sostiene cargas impositivas sobre la producción mucho más elevadas que las del resto de la región.
En esas condiciones leoninas, las empresas industriales, generadoras del 20% del empleo formal total del país, aplican estrategias de supervivencia que, por supuesto, no implican decisiones de inversión. Por el contrario, contemplando y afectadas también por la historia reciente, reducen sus tareas productivas a la mínima expresión orientando capitales a negocios rentables vinculados a la importación y a la revalorización financiera que requieren poco empleo calificado.
En ese proceso de asfixia, la variable de ajuste más próxima, mientras perduran comportamientos defensivos y antes de cerrar establecimientos productivos, es suspender personal, como se ha repetido en las últimas semanas, y ejercer presión a la baja sobre los salarios. Esa misión no parece complicada con trabajadores debilitados por el creciente desempleo, la decadencia de las condiciones del empleo público, el crecimiento de la informalidad, la insignificancia del salario mínimo como parámetro para negociaciones y el empeoramiento general de la situación social. El gobierno no solo no mueve un ápice en defensa de los trabajadores, sino que no dialoga, los reprime, apela a la motosierra, endurece la apertura comercial y empuja con fuerza otra ficha pesada en el tablero: una reforma laboral alineada a la precarización.
En los términos mercantiles de Milei, mientras más pequeña sea la estructura productiva, el exceso de oferta laboral será mayor y así el mercado terminará ajustando por precio, como claramente busca.
Sin política industrial como el ministro Luis Caputo confirmó el jueves pasado a través de la red X, y con una actividad productiva en caída libre, para los trabajadores locales con espacios de trabajo que requerirán menos saberes tecnológicos, como los empleos basados en plataformas digitales (Rappi, PedidosYa, Uber, etc.), será cada vez más difícil sostener sus niveles de ingresos. Por otra parte, los trabajadores precarizados también garantizan una mayor caída del consumo compatible con la necesidad de apaciguar presiones en el mercado cambiario y con un margen fiscal mayor para el pago de deuda externa.
La remuneración promedio del sector privado formal en Argentina es de 1.336 dólares, de acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y el promedio salarial del resto de América del Sur ronda los 565 dólares, según los sistemas de estadísticas oficiales de esos países y estudios de mercado. Acabar con buena parte de los puestos de trabajo de la industria, que cuentan con una remuneración promedio que es un 19% mayor que la del resto de los empleados formales del sector privado local, disciplinará aún más a los trabajadores, como en los años noventa, tanto de forma directa por los despidos y suspensiones que vienen acrecentándose como también de forma indirecta por los encadenamientos sectoriales en servicios que se desactivan cuando las fábricas cierran.
Las mayores remuneraciones no se pagan por pleitesía, se deben a la mayor productividad y requerimientos de calificación para dominar tecnologías más desarrolladas. Si bien Argentina ha soportado fuertes crisis en el pasado, conserva todavía la estructura productiva industrial más desarrollada de Latinoamérica, capaz de generar una industria satelital y aeroespacial, centrales nucleares, biotecnología, industrias para la defensa (aviones y radares), nanotecnología, una industria automotriz especializada en la producción de los modelos de autos más sofisticados de la región, maquinaria agrícola, fármacos y vacunas, entre otros atributos. Pero ese diferencial productivo, bajo la política actual, va mermando.
La partida también se juega con alfiles locales que victorean el modelo y, por eso, puede provocar transformaciones significativas en la distribución del ingreso y del perfil productivo del país. La intensidad de estos cambios solo tiene dos antecedentes de magnitud similar en el último medio siglo: la convertibilidad y la posconvertibilidad.
Desde ya, el sentido de la modificación de los precios relativos se asemeja al de los años noventa que también había contado con el apoyo del FMI. Básicamente, se explica porque, si bien todos los precios aumentaron bruscamente, en esa carrera hubo algunos que picaron en punta y con una velocidad notablemente mayor sin resignar niveles de demanda que comprometan la creciente masa de ingresos de las firmas ganadoras.
Los nítidos triunfadores son las empresas de energía, mineras, del agro de grandes extensiones, de cobertura médica prepaga, los bancos y financieras, el sector farmacéutico y los rubros de compañías que ofrecen servicios públicos privatizados/concesionados (gas, electricidad, aguas, colectivos, comunicaciones, entre otros). Todos esos sectores tuvieron incrementos acumulados de precios que superaron holgadamente el registro del IPC del INDEC que, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, habrá totalizado un alza de 250%. Por caso, en el mismo lapso, la tarifa de la electricidad subió 344%, la de agua 376%, la de gas 617%, el precio de las naftas 513%, la cuota de la medicina prepaga 350%, el boleto de colectivo 834%, el de subte 1346% y los precios de los medicamentos alrededor de 400%.
Estos sectores poseen como denominador común dos aspectos esenciales:
1. Su demanda es cautiva porque abastecen necesidades básicas para los consumidores y los productores y porque ofrecen bienes o servicios no transables (no se pueden importar), excepto en el caso de los productos primarios donde Argentina cuenta con muy importantes atributos naturales.
2. Forman parte de mercados híper concentrados por empresas de un tamaño tan importante que las inversiones para el ingreso de nuevos competidores no se ajustan a ningún plan de negocios razonable, sobre todo por la limitada escala del mercado nacional y porque su ingreso implicaría una guerra de precios contra gigantes que achicaría esos márgenes extraordinarios por períodos de tiempo indefinidos.
Además, tienen piedra libre, cedida por el gobierno, para imponer condiciones de mercado y, como pertenecen a sectores estratégicos en la formación de costos, terminan por asentar un golpe más al frágil negocio productivo industrial y a los trabajadores, ya que su actividad no requiere una masa tan significativa de empleados capacitados de alta remuneración.
Así que, si el apoyo estadounidense no cede, Argentina se encamina a una normalización a la baja de su economía, histórica demanda de sectores de poder que rechazan las tensiones distributivas y cuellos de botella que implica el modelo industrial, con alta participación pública en la economía y movilidad social ascendente. O, más sintético, que luchan contra el peronismo.
La partida termina con una estructura productiva mucho más parecida a cualquier país de la región y con una mano de obra más desocupada y con menor formación y salarios. Milei cantó jaque, ojalá que no sea mate.
