Reclaman que no les pagaron parte del salario. Las autoridades aseguran que son los días descontados por las medidas de fuerza que hicieron. El Ministerio de Salud aseguró que la atención está garantizada.
El conflicto en el Hospital Garrahan volvió a escalar este viernes cuando militantes de izquierda, junto con trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ocuparon las oficinas de la dirección médica en protesta por los descuentos salariales aplicados tras los últimos paros.
La medida comenzó alrededor del mediodía y se mantendrá, según informaron desde la organización gremial, “hasta que devuelvan lo que descontaron” a los trabajadores.
Por su parte, el Ministerio de Salud respaldó públicamente a las autoridades del hospital. “Nuestra prioridad es garantizar el funcionamiento del Garrahan”, señaló la cartera sanitaria a través de su cuenta oficial en X.
“Frente a los hechos que están sucediendo, desde el Ministerio de Salud de la Nación respaldamos a las autoridades del hospital, que actuaron conforme a la normativa vigente y en defensa del funcionamiento de la institución. La violencia nunca es el camino. El Garrahan es una institución de excelencia: vamos a priorizar su funcionamiento y a garantizar que cada niño reciba la atención que necesita”, indica el comunicado.
En este contexto, los manifestantes exigen ser recibidos por las autoridades del hospital, encabezadas por el director Mariano Pirozzo y el Consejo de Administración, a quienes acusan de actuar con “autoritarismo y persecución sindical”.
El cruce de versiones entre la dirección y los gremios
“El Consejo resolvió descuentos brutales de entre $300.000 y $500.000 a trabajadoras que no llegan a fin de mes. Son enfermeras e instrumentadoras que sostienen la atención de los niños más graves del país”, denunció Alejandro Lipcovich, delegado de la Junta Interna de ATE en el Garrahan.
Según explicó, los recortes afectaron a personal con salarios medios y a madres solteras que “ahora no pueden pagar el alquiler”.
Desde la dirección del hospital, en cambio, sostienen que los descuentos responden a la normativa vigente y a la política de presentismo aplicable a todo el personal.
En un comunicado oficial, el Consejo de Administración calificó el accionar gremial como “una toma violenta e inadmisible” y aseguró que “no se trata de una reivindicación laboral legítima, sino de una maniobra política con el objetivo de paralizar la gestión”.
Las autoridades también remarcaron que el presupuesto del hospital pediátrico “está garantizado”, al igual que los bonos remunerativos y las obras en marcha por más de $30.000 millones. “El Garrahan es una institución al servicio de los niños y sus familias. No es un espacio de militancia ni un botín gremial”, expresaron.
Por su parte, los representantes sindicales rechazaron esas acusaciones y vincularon el conflicto con lo que consideran un “avance del Gobierno nacional contra los trabajadores estatales”.
En las últimas semanas, la APyT había encabezado un cacerolazo frente al Garrahan en rechazo a la decisión de Javier Milei de no aplicar la Ley de Emergencia Pediátrica “por falta de fondos”.
“El Presidente dice que no hay plata para la salud infantil, pero sí para financiar asesores que ganan millones. Esto es una provocación autoritaria”, sostuvo Lipcovich.
El gremio también presentó una denuncia penal contra integrantes del Poder Ejecutivo y pidió al Congreso “activar el juicio político” contra los principales funcionarios del área sanitaria y económica.
Mientras el conflicto continúa y las oficinas permanecen ocupadas, el Garrahan intenta mantener su funcionamiento habitual.
