Según se informó, al momento del escrito al menos cinco personas permanecían detenidas, todas pertenecientes al pueblo Qom. El pedido también exige que las fuerzas de seguridad se abstengan de impedir el libre ejercicio del derecho a peticionar y reclamar por la restitución de las pensiones y derechos alimentarios, cuya suspensión afecta a familias en situación de extrema vulnerabilidad.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Región Impenetrable (APDH) repudió con firmeza el accionar policial y señaló la responsabilidad política directa del gobernador Leandro Zdero y del ministro de Seguridad, quienes, según la entidad, “optaron por la violencia institucional en lugar de abrir el diálogo”.
“La represión a las comunidades indígenas constituye una violación grave a los derechos humanos y un retroceso democrático inaceptable”, manifestaron desde la organización.Mientras tanto, desde el gobierno provincial se difundió una versión oficial que calificó a los manifestantes como “kirchneristas” y reivindicó la aplicación del “protocolo antipiquetes”, inexistente en la normativa provincial. El comunicado de la gestión libertaria destacó el “profesionalismo” de la Policía y reafirmó su política de “mano dura”, en línea con su discurso de “no a los piquetes”.
En contrapartida, desde el Juzgado de Paz y Faltas de Villa Río Bermejito, el juez Eduardo Ezequiel La Regina llamó a la pacificación social y al diálogo, lamentando los hechos y solidarizándose con los heridos.En el Impenetrable chaqueño, el reclamo del pueblo Qom vuelve a exponer una realidad marcada por el abandono estatal, la pobreza estructural y la falta de acceso a derechos básicos. El uso de la fuerza contra comunidades que exigen alimentos y pensiones vulnera los pilares del Estado de Derecho y deja al descubierto una política que elige la represión por sobre la empatía.
