Diversas agrupaciones realizaron la convocatoria para las 11:30 de este martes y criticaron al Gobierno tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial: “No es austeridad, es abandono”
Luego de la decisión del Gobierno de vetar la ley de emergencia en discapacidad, diversas agrupaciones que nuclean a personas con dificultades convocaron a una movilización en el Congreso de la Nación para rechazar la medida que firmó el presidente Javier Milei.
Este lunes se conoció a través del Boletín Oficial que el Ejecutivo aplicó el veto a la iniciativa que contaba con la aprobación tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. En ese sentido, se decidió aplicar esta medida contra el proyecto mencionado anteriormente como en las leyes que aumentaban las jubilaciones.
Justamente, el Congreso buscó que la emergencia nacional en discapacidad sea hasta 2026. Así, buscaba crear una nueva pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores. Desde la Casa Rosada estimaron que esto implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026, sin contemplar el impacto en el programa de atención médica “Incluir Salud”.
En este marco, diversas agrupaciones que representan a personas con discapacidad anunciaron la convocatoria para este martes a las 11:30 en la Plaza de los dos Congresos, con réplicas previstas en plazas centrales de todo el país. En simultáneo, comunicaron la suspensión de las actividades vinculadas al área de discapacidad, argumentando la “gravedad de la crisis” que afecta actualmente al sector. Los organizadores difundieron el llamado a través de redes sociales y comunicados, invitando a la sociedad a sumarse a la protesta.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el veto presidencial. Desde la entidad preguntaron: “Presidente, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?” El documento sostiene: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.
Según el Foro, la emergencia en el área de discapacidad afecta a una diversidad de realidades. Describen que hay personas empleadas en talleres protegidos que actualmente perciben 28.000 pesos mensuales como ingreso. A su vez, resaltan que muchas personas aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos básicos y apoyos que les permitan condiciones de vida dignas. El comunicado advierte que también están en riesgo los servicios de acompañamiento integral y que numerosos prestadores enfrentan dificultades económicas que podrían llevarlos al cierre, dado que los aranceles no cubren costos esenciales de funcionamiento.
Además, representantes de diferentes organizaciones remarcaron que la situación de precariedad y desfinanciamiento incrementa la vulnerabilidad del colectivo, señalando que la emergencia abarca ámbitos laborales, sociales y sanitarios. Insisten en que la ausencia de respuestas estatales profundas agudiza las dificultades cotidianas para miles de familias en todo el país.
La decisión del Gobierno de vetar tres leyes
El presidente Javier Milei vetó de forma total tres leyes (27.791, 27.792 y 27.793) que habían sido sancionadas por el Congreso el pasado 10 de julio, que establecían aumentos en las jubilaciones y una suba en los bonos otorgados, la reincorporación de la moratoria previsional por dos años y la declaración de emergencia en discapacidad.
“Vamos a vetar. Aun si se dieran las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aun así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, había dicho Milei ante la Bolsa de Comercio semanas atrás, después de la contundente votación a favor del incremento en el Senado.
La decisión del mandatario no se limita a un simple acto de gobierno, sino que se inscribe en un contexto de intensas conversaciones entre el Ejecutivo y los gobernadores para sostener el veto con el apoyo de una parte de Diputados, de modo que necesita evitar que haya dos tercios de la cámara presentes que voten a favor de rechazarlo.
En el oficialismo, el clima es de “altísimo entusiasmo” ante la perspectiva de que la oposición no logre los votos necesarios para revertir los vetos. El bloque de La Libertad Avanza contaría con aliados suficientes para alcanzar el tercio de los presentes requerido para ratificar la decisión presidencial.
El número de diputados que votaría en contra de la insistencia sobre los proyectos aún no está definido, ya que depende de la asistencia y las abstenciones en la sesión. No obstante, el oficialismo estima superar los 80 votos negativos, cifra similar a la obtenida en sesiones previas sobre vetos presidenciales, como las de septiembre y octubre del año pasado, cuando se registraron 87 y 84 votos negativos, respectivamente.
La sesión prevista para el miércoles incluirá una amplia agenda, entre la que figuran el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del Sistema Nacional de Ciencia, y el tratamiento de decretos desreguladores que afectan organismos como el INTI, INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante y Vialidad. También se debatirán proyectos de los gobernadores para eliminar fondos fiduciarios, coparticipar el impuesto a los combustibles y modificar el esquema de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
