Hay siete personas detenidas, entre ellos, miembros de la fuerza de seguridad y civiles. No obstante, las autoridades no descartaron la posibilidad de que se sumen nuevos involucrados
Luego de que el jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, fuera detenido bajo la sospecha de haber liderado una asociación ilícita dedicada a extorsionar, coaccionar y negociar de forma irregular mediante el uso de datos confidenciales del sistema policial, se conoció cómo habría sido el modus operandi que habría tenido la banda presuntamente compuesta por otros agentes y civiles.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Guillermo González, quien ordenó que se decretara el secreto de sumario mientras se analiza el funcionamiento de una presunta asociación ilícita. No obstante, se confirmó que siete personas fueron detenidas este viernes por presuntamente haber formado parte del supuesto esquema delictivo.
La causa tendría conexión con una investigación previa de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien en noviembre de 2024 ordenó la detención de seis personas por asociación ilícita, estafas con inmuebles y usurpaciones.
De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, uno de los civiles detenidos esta jornada habría actuado como enlace entre ambos grupos, los cuales habrían operado en Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda, Unquillo, Salsipuedes y Córdoba capital.
Aparentemente, la banda obtenía información reservada para captar a personas con terrenos o viviendas usurpadas y les ofrecía abogados específicos, bajo la presunta promesa de ofrecerle beneficios en las causas judiciales.
En los supuestos tratos informaban que el pago de los honorarios podían incluir parte del valor de la propiedad o un porcentaje, entre 20% y 30%, equivalente al monto de los inmuebles, a cambio de gestiones vinculadas a desalojos o reducción de penas. La operatoria habría involucrado trabajos paralelos a las funciones oficiales como, por ejemplo, la utilización ilegítima de recursos y datos internos.
Junto a Ochoa Roldán, las autoridades arrestaron a otros altos mandos de la Policía de Córdoba. Entre ellos fueron identificados los comisarios, Leonardo Javier Torres, Martín Darío Heredia y Jorge Gutiérrez, el suboficial Dante Gabriel Villalba, un civil llamado Gabriel Élido Burkhard, y el hermano del titular de la Caminera, Gastón Miguel Ochoa Roldán, quien ejerce como abogado.
Las detenciones se concretaron en once allanamientos realizados en distintos puntos de la provincia. Durante los procedimientos, los investigadores incautaron computadoras, teléfonos celulares, documentación, dos armas de fuego, dinero y vehículos.
El expediente del jefe de la Caminera incluyó cargos en su contra como coacción, extorsión, asociación ilícita en calidad de jefe, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento por omisión de denuncia. Los mismos cargos fueron aplicados al resto de los detenidos, de acuerdo con los supuestos roles que habrían cumplido cada uno de ellos.
La oposición pidió la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba
La detención de altos jefes policiales y de organismos de seguridad en Córdoba provocó múltiples reacciones entre referentes opositores. Entre ellos, el diputado nacional Rodrigo de Loredo señaló que “después de 25 años en el poder están presos el Jefe del Servicio Penitenciario, el Subjefe de la Policía, el Jefe de Bomberos, el Director de Defensa Civil, la cúpula de la Policía Antinarcóticos del norte, entre otros”. Asimismo, apuntó contra el gobernador Martín Llaryora por la designación de autoridades y criticó: “Llaryora dice que los buenos son los de azul, pero no dice que los malos son los jefes que él designa”.
Por su parte, el senador Luis Juez pidió la renuncia del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, y reclamó al mandatario provincial que ponga al frente de la policía “personas que conozcan el tema”. Incluso, insistió en la responsabilidad de las actuales autoridades y advirtió: “No vamos a cesar en ningún momento de poner en evidencia esta corrupción que es absolutamente estructural en el ámbito de la Policía”.
Frente a esto, el titular de la cartera de Seguridad descartó la posibilidad de renunciar y señaló que cuenta con el respaldo del gobernador. En declaraciones a Telenoche, Quinteros afirmó que el jefe del Estado cordobés lo instó a avanzar en las investigaciones: “Jamás se me cruzó renunciar, el gobernador me dijo ‘andá a fondo’”.
Frente a las investigaciones judiciales que involucran a jefes policiales, el ministro sostuvo que las fuerzas de seguridad atraviesan un proceso de depuración. “Entendemos que las fuerzas de seguridad, no solo en Córdoba sino en Argentina, tienen que someterse a un proceso de depuración muy fuerte y lo que estamos haciendo es justamente eso”, expresó.
Previo a esto, el ministro descartó cualquier vínculo entre estos hechos y la recaudación de multas de la Caminera durante una conferencia de prensa en la Jefatura. “No tiene relación con el dinero de las multas ni con la función en cada oficina o cargo”, señaló.
Además, explicó que las sumas de dinero que recibían provenían de honorarios cobrados a través de civiles, al tiempo que algunos sospechosos ejercían la abogacía mientras continuaban como miembros activos de la Policía.
El número de damnificados permanece sin determinar, aunque la Justicia considera que “son muchos”. No se descartan nuevas detenciones ni imputaciones, ya que los allanamientos arrojaron una gran cantidad de pruebas y la investigación sugiere que la organización funcionaba desde hace tiempo.
