Los jueces del máximo tribunal desestimaron el planteo contra dos camaristas, en el expediente que investiga un acuerdo entre el Estado y la firma de la familia del expresidente.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de la defensa de dos directivos del Grupo Macri que solicitaban apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la causa Correo Argentino, que investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado entre el Estado y la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri.
El recurso fue presentado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y su representante legal Jaime Kleidermacher, ambos imputados en el expediente que desde 2017 instruye el juez federal Ariel Lijo. Los empresarios alegaron “temor de parcialidad” respecto de los dos camaristas de la Cámara Federal porteña.
Los directivos objetaron a Farah por haber denunciado presiones del gobierno de Cambiemos luego de firmar excarcelaciones en 2018, y a Boico por su pasado como abogado defensor de funcionarios kirchneristas, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner. Sostuvieron que ambos jueces tendrían “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri” y que la causa posee un “claro contenido político”.
El planteo ya había sido rechazado en primera instancia por la Cámara Federal, y luego confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo. Según resolvió Carbajo, no se logró “demostrar objetivamente” la parcialidad alegada por la defensa.
Tras el rechazo en instancias inferiores, los abogados de los empresarios presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que fue desestimado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo del máximo tribunal señaló que el planteo no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal.
En la causa están imputados, además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex director de Asuntos Jurídicos de la misma cartera, Juan Manuel Mocoroa.
La investigación apunta al acuerdo alcanzado en 2016 entre el Estado y Correo Argentino S.A., por el cual se proponía condonar el 98,87% de la deuda de la empresa. La fiscal Gabriela Boquin calificó el pacto como “ruinoso” y “abusivo” y logró frenar su homologación judicial.
