Por impulso del Gobierno, en febrero pasado, el Senado le dio sanción definitiva a la ley que suspende las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones legislativas de este año. Según las estimaciones oficiales, el ahorro que implicará la medida es de casi 11 millones de dólares.
Con el levantamiento de la competencia intrapartidaria, el esfuerzo fiscal para convocar a elecciones representará un ahorro de 37,85%, con relación a los procesos electorales de 2019 y 2023. La empresa estatal Correo Argentino hizo el cálculo, al comparar el presupuesto devengado con las convocatorias anteriores.
De acuerdo a las proyecciones, el proceso electoral de 2023, que incluyó las PASO junto con las elecciones generales, representó un costo total de $34.063 millones, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a valores vigentes. Medido en divisa extranjera, equivalía a USD 28,4 millones, según el tipo de cambio de referencia.
El dato contrasta con la menor erogación que se desembolsará durante 2025 para completar el proceso electoral que definirá la renovación parcial de la Cámara de Diputados y del Senado. Sin las PASO, se requerirá una partida de $21.169 millones, es decir, USD 17,6 millones, para llevar a cabo la transmisión de telegramas y gestión de los datos del escrutinio provisorio. Por lo tanto, el ahorro en ambas divisas será de $12.894 millones, o 10,7 millones dólares.
“Si tomamos la elección de 2023 como referencia, el escrutinio provisorio tuvo un costo de poco más de 5.500 millones de pesos, el equivalente a 31.500 millones de pesos de hoy, si se le aplica el 472,9% de IPC desde esa fecha”, deslizaron desde Correo Argentino. “Si tomamos la elección de 2019 -continúa-, la transmisión de telegramas costó algo más de 61 millones de pesos, que, si se le aplica el IPC de 4.056%, da un equivalente a 2.500 millones de pesos de hoy”.
De esta manera, la empresa pública confirmó que el menor gasto que se desembolsará es una “consecuencia directa” de suprimir el llamado a las urnas, lo que representaba una “duplicación de costos”.
El conjunto del “gasto electoral” incluye la logística para llevar a cabo la competencia política democrática. La cifra abarca desde los desembolsos para impresión de boletas (este año, se unificará en la Boleta Única Papel), la organización de mesas, capacitación de autoridades, operación y transmisión de datos, junto a una serie de recursos materiales y humanos requeridos para jornada de votación.
En esta estimación, el ahorro se concentra en el costo de contratar los sistemas de transmisión de telegramas y carga de datos del escrutinio provisorio —una de las fases más sensibles del proceso electoral—.
Este viernes, se conoció oficialmente que el Poder Ejecutivo adjudicó a la empresa Indra la prestación de los servicios de transmisión y escrutinio provisorio. Y ello “se logró sin comprometer estándares de calidad, cobertura y seguridad”, se indicó en un comunicado. “Con la licitación del 2025 estamos logrando la contratación de ambos servicios: transmisión y escrutinio por 21.000 millones de pesos”, completaron.
El proceso licitatorio estuvo a cargo del Correo Argentino, que preside Camilo Baldini, un ex dirigente de La Cámpora. La compulsa se abrió formalmente en las últimas semanas, y los funcionarios finalmente se inclinaron por Indra, nacida en España – y monopolio del escrutinio desde fines de los ’90 hasta la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia-. Esta vez, su competidora Smartmatic, con quien disputó el negocio en los últimos años, perdió la pulseada.
Era una de las últimas incógnitas por resolver en torno al esquema electoral, luego de que durante el verano, la Casa Rosada logró avanzar con la suspensión de las PASO, al convocar a las sesiones extraordinarias. Lo hizo obteniendo el apoyo de los bloques dialoguistas y del PRO, con la mayoría absoluta de 43 votos en el Senado, y el respaldo parcial de un kirchnerismo que se mostró fracturado en el debate.
