La firma de Hayden Davis que promovía el token no figura en el registro creado para activos virtuales en la CNV, que afirma que no era necesario. El fiscal ya le pidió informes. El dato tumba la versión de Javier Milei de que el objetivo del fondeo era financiar emprendimientos argentinos.
Voceros del organismo afirmaron que $LIBRA -que es token- se lanzó a través de una billetera descentralizada de la red Solana, que no es un PSAV, tiene otra naturaleza y por eso no figura en el registro, ni está regulada por el organismo. La duda es por qué la empresa de Davis o alguna asociada local no aparecen en el listado donde hay 127 registros de firmas locales y del extranjero, que sí se anotaron para operar en el país.
La discusión acerca de si la empresa que promovió $LIBRA debía o no estar inscripta en la CNV por intercambiarse en un sistema desregulado y descentralizado genera un debate técnico en la industria cripto, pero choca directamente con el presunto objetivo inicial que tenía todo el proyecto y que fue el primer escudo de defensa de Javier Milei cuando estalló el escándalo, hace una semana.
El registro ante la CNV fue creado por el propio Gobierno de LLA. Milei terminó recomendando una inversión en un activo que no estaba registrado, de acuerdo a la RG 994 de la CNV publicada en el Boletín Oficial el 22 de marzo de 2024.
$LIBRA no debería estar inscripto, de eso no surgen dudas porque no se inscriben los token que enlistan las empresas. A su vez, Solana es una blockchain, por ende, no es considerada un PSAV. Sin embargo, Kelsier Ventures y KIP Protocol (la empresa de Julian Peh, quien hace pocos meses se reunió con el propio Milei en un evento en Buenos Aires) deberían haberse registrado ante la CNV por la supuesta actividad que pensaban llevar a cabo. Y más si un funcionario público quiere recomendar una inversión. Esto debía ser previo a iniciar sus actividades. La obligación, de acuerdo a la norma, corre tanto para si son residentes en Argentina como si operan en el extranjero siempre y cuando sus servicios estén dirigidos a residentes argentinos.
Este es el segundo punto de discusión porque la promoción -difusión, dijo- la termina realizando el Presidente del país, ¿Cómo argumentar que los destinatarios eran inversores de riesgo calificados cuando la recomendación la realiza la máxima autoridad de la Argentina para financiar pymes locales?
Qué dice la Resolución de la CNV
La reglamentación de la CNV primero establece que el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales «comprenderá a todas las personas humanas y jurídicas que utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, direccionando su oferta y/o publicidad a sujetos residentes en la República Argentina, que tengan un cierto volumen de operaciones en el país o que utilicen cualquier tipo de tecnología para recibir localmente fondos de residentes en el mismo». Hoy existen 127 personas jurídicas inscriptas y 9 personas humanas en el PSAV.
Y que su definición parte del artículo 4° bis de la Ley N° 25.246 que entiende por “Proveedor de Servicios de Activos Virtuales” a «cualquier persona humana o jurídica que, como negocio, realiza UNA (1) o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona humana o jurídica:
- Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal (monedas fiduciarias);
- Intercambio entre UNA (1) o más formas de activos virtuales;
- Transferencia de activos virtuales;
- Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre los mismos; y
- Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual».
Pero las regulaciones también encuentran su origen en normativa de la UIF por recomendación del GAFI para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y convierten a las PSAV en sujetos obligados, algo que Davis y su empresa lograron esquivar. El argumento que probablemente responsa la CNV a la justicia es que $LIBRA no llegó a constituirse como un valor negociable en el marco de la Ley de Mercado de Capitales.
Pero de acuerdo a lo fijado por la Resolución si una entidad cumple con alguno de los criterios establecidos en la RG 994 debería haberse inscripto: son cinco pero hay al menos dos que aplicarían al caso del criptoescándalo. Dirigir claramente sus servicios a residentes de la República Argentina o realizar publicidad específicamente orientada a residentes en Argentina (algo que es ineludible de haberse materializado a través de la publicación que realizó Milei -ya sea como titular del Poder Ejecutivo o como referente económico, que fue su segundo intento de defensa).
Argumentos que colisionan
Si la CNV le responde al fiscal Taiano que la empresa de Davis nunca se registró, ni debió haberlo hecho porque operaba en una red descentralizada, el argumento de financiamiento productivo que motivó a Milei a publicar en X su difusión, a su juicio, desinteresadamente y por el objetivo declamado por el proyecto, colapsa de inmediato.
Si se trató de una iniciativa que promovía fondeo para pymes locales, su empresa o subsidiaria jamás cumplimentó con la regulación de inscribirse como PSAV, lo cual lleva a otra irregularidad distinta.
El Presidente terminó promocionando una iniciativa que incumplía con el propio registro que su Gobierno ordenó y llamó a invertir en un activo -ya sea como jefe de Estado o como reconocido economista- que no estaba alcanzado por ningún tipo de regulación.
Hay un detalle de la trama que quedará expuesto con claridad en la reconstrucción que hará la Justicia de la cronología de los hechos: hubo tres minutos de diferencia entre que se enlistó el token $LIBRA y el posteo presidencial promocionándola. Explicar esa sincronía excederá ya a los tribunales locales.
