«El Gobierno no puede ajustar a las personas con enfermedades graves o a los niños en tratamiento oncológico», plantearon las organizaciones en una carta firmada por la Asociación de Dermatitis Atópica, Esclerosis Múltiple Argentina, Asociación Argentina de Fibrosis Quística, Trasplantados de Argentina, entre otras ONGs.
Allí afirmaron que «hay 88 pacientes, como mínimo, del programa federal Incluir Salud que necesitan su medicación urgente y el Gobierno nacional se las cortó de forma repentina, y 37 de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse)» en la misma situación.
En la misiva, el centenar de asociaciones explican que «preocupa profundamente las demoras y la falta de respuesta que estamos sufriendo actualmente en la Dadse, ahora dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, entidad encargada de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, sin cobertura médica».
«La misma situación la estamos atravesando con el Programa Federal Incluir Salud, dependiente de la ANDIS», agregaron.
Estas dilaciones «implican un grave riesgo para la vida y la salud de adultos, embarazadas, adolescentes, niños y niñas con cáncer, así como a todos los pacientes con patologías crónicas y graves que nuestras asociaciones representan» en tanto «la interrupción en la entrega de medicamentos y la asistencia en salud pone en peligro la estabilidad y el bienestar de quienes dependen de estos tratamientos para sobrevivir».
«Esta situación, de no revertirse, podría traducirse en consecuencias devastadoras, incluso en pérdidas de vidas humanas», dijeron.
Además, señalaron que esto constituye «una violación» a la Constitución Nacional, a diferentes leyes nacionales y tratados internacionales; tales como la Convención de los Derechos Humanos, y la de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
«Es por ello que solicitamos con suma urgencia una reunión para analizar esta situación y buscar soluciones que garanticen el acceso continuo a los medicamentos y prestaciones necesarias para nuestra comunidad», plantearon.
A la par de solicitar «se actúe con celeridad» en la dirección requerida, las organizaciones afirmaron estar «dispuestas a colaborar y aportar nuestro conocimiento y experiencia para encontrar una solución que proteja los derechos y la salud de todos los ciudadanos».
