Desde la gestión actual del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda anunciaron que «la gestión anterior dejó unas 2.600 viviendas inconclusas, entregando de manera irregular un total de 1.343 viviendas distribuidas por todo el territorio chaqueño, muchas de las cuales aún se encuentran en construcción y sin terminar».
«La mayoría de estas viviendas no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad, ya que no se ejecutaron las obras de infraestructura básicas y, en consecuencia, carecen de servicios elementales como luz, agua, veredas, cloacas, apertura de calles, desagües pluviales y alumbrado público», denunciaron las autoridades.
Según señalaron desde el IPDUV las entregas se vieron agravada por una intimación a las familias beneficiadas, «donde se las obligaba a ocupar las viviendas en el estado que se encontraban en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ser desafectados de las mismas si no cumplían con dicha intimación».
El área que actualmente conduce Fernando Berecoechea describió esto como una «clara maniobra electoralista» que «desnudó la cara más perversa del ex gobernador Capitanich y del ex presidente del IPDUV, Arévalo obligando a cientos de familias a ingresar a viviendas que no reunían condiciones para ser habitadas, conformando una verdadera estafa moral no sólo para esas familias que en su gran mayoría fueron beneficiadas por métodos irregulares, sino fundamentalmente, fue una estafa moral para los más de 46.000 chaqueños que se encuentran empadronados en el Instituto de Vivienda y que esperan hace muchos años acceder a su vivienda».
Además, el IPDUV actual afirmó que: «A mitad del año 2023, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, observa que las obras de infraestructura que debía ejecutar la provincia no se habían iniciado y, en consecuencia, procede a intimar mediante cartas documento enviadas al IPDUV para que diera inicio a las redes de agua, electricidad, apertura de calles, etc., para que una vez finalizadas las obras de viviendas, las mismas cuenten con todos los servicios esenciales. Estas intimaciones fueron desoídas e incumplidas por parte del Gobierno Provincial y del IPDUV».
«Por todo lo expuesto surge a las claras el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de las autoridades del IPDUV, más allá del obrar inmoral que significó jugar con la necesidad y la urgencia de las familias afectadas», opinaron desde el instituto.
Advirtieron también que el el IPDUV registra una importante deuda con empresas constructoras por obras que debían ser financiadas con fondos provinciales, deuda que supera los 600 millones de pesos a valor histórico por certificados impagos de trabajos ya ejecutados, algunos con fecha febrero del año 2022 y que, si se actualizara el valor de UVI, constituyen una deuda superior a $ 1.200.000.000.
También, en lo que refiere a obras de infraestructuras faltantes, la deuda heredada asciende –según detallaron- a más de $ 25.000.000.000. «Obras cuya ejecución resulta absolutamente necesaria en los barrios que ya han sido entregados, muchos de los cuales se encuentran aún en construcción y que han sido ocupados por familias que, con su presencia, impiden la continuidad de las obras», precisaron.
«Los últimos tres años se gastaron a través del Programa Mejorar un total de $1.700.000.000 anuales, de manera desordenada y sin controles adecuados. Esta situación se encuentra actualmente en relevamiento de información a los efectos de continuar detectando inconsistencias», dijeron.
Además, denunciaron, respecto al inventario de equipamientos propios del Instituto, el faltante de una cámara fotográfica marca Nikon con un valor de U$D 2.000 (dólares estadounidenses dos mil), que fue adquirida en el mes de abril de 2023. Además, el faltante de numerosas notebooks y de un proyector que, de acuerdo al inventario de bienes registrados con anterioridad, se encontraban afectadas al Directorio del IPDUV.
«Respecto a las líneas telefónicas entregadas a empleados y funcionarios, este organismo no fue ajeno a la situación general del gobierno provincial, ya que se solicitó y se efectivizó oportunamente la baja de más de 30 líneas activas», concluyeron desde el organismo.
