JSRN consiguió en la última sesión, a mediados de noviembre, el acompañamiento de los bloques del Frente Renovador y Frente Grande, y el rechazo del Frente de Todos, Unidad Ciudadana y Kolina, para sancionar las modificaciones a la ley de tierras rionegrinas.
En ese sentido, el vocero de las comunidades mapuches rionegrinas, Orlando Carriqueo, dijo este miércoles a Télam que reclaman por el «tratamiento inconsulto de la ley de tierras y de los tres proyectos mineros extractivos que están ligados exclusivamente al acceso de la tierra».
Para el vocero, las modificaciones a la ley son una «apertura hacia el negocio inmobiliario, la mercantilización de la tierra, hacia la extractiva minera, la petrolera, el turismo y las nuevas energías».
Las modificaciones a la ley son una «apertura hacia el negocio inmobiliario, la mercantilización de la tierra, hacia la extractiva minera, la petrolera, el turismo y las nuevas energías»Orlando Carriqueo
Asimismo, aclaró que en Río Negro «son 180 comunidades que están dentro de los territorios que la provincia dice que son fiscales, pero para nosotros son de ocupación tradicional y pública, con lo cual hay una colisión de derechos que no quiere garantizar el Estado».
En el marco del debate legislativo, el miembro informante Lucas Pica había dicho que la ley N° 279 de Tierras Fiscales fue sancionada hace 62 años y estableció el marco legal para el logro de los objetivos de esa época. «La necesidad de desarrollo actual requiere nuevas soluciones normativas», remarcó.
«Aquel legislador de 1961 no podía contemplar desarrollos productivos que motorizan nuestra economía como, por ejemplo, emprendimientos turísticos, mineros, e incluso, proyectos de conservación de fauna y flora autóctona, que no tienen recepción normativa», apuntó el legislador.
En esa línea, dijo que la norma requiere de una actualización, pero que «la mirada conceptual e ideológica de la ley, sigue siendo la de los constitucionalistas de 1957, quienes establecieron que la tierra debe ser para quien la trabaja».
El proyecto propone como organismo de aplicación a la Dirección de Tierras de la provincia, «a la que se le va a dar mucha potencia y poder de policía articulada con los organismos que tienen competencias específicas sobre Áreas Naturales Protegidas y Bosques», aclaró Pica.
Asimismo, aseguró que la iniciativa incluye «un artículo de autoexclusión normativa, es decir, que no podrá legislar sobre algunas cuestiones, como por ejemplo lo atinente a las comunidades originarias, que se seguirán rigiendo por la ley Integral del Indígena 2.287».
A su vez, el presidente de la bancada, Facundo López, aseguró en ese momento que «no va a haber ninguna entrega de tierras fiscales en aquellas que haya algún reclamo de estas comunidades porque antes de eso, se aplica la ley 2.287, lo que establece la Constitución y las convenciones internacionales, que desde 1994 tienen para nosotros raigambre constitucional».
A su vez, defendió la propuesta y la calificó como «innovadora y transparente», y resaltó que se adecúa a la realidad actual, que busca darle mayor protección y cuidado al medioambiente, y acotar el margen de discrecionalidad.
«Nosotros expresamos nuestro rechazo administrativamente, lo haremos judicialmente y lo hacemos público acá porque creemos que es un acto democrático poder expresarnos», afirmó Carriqueo desde Viedma, donde varias comunidades llegaron desde la Zona Andina, Zona Sur, Mamuel Choique, Laguna Blanca, Jacobacci, Colanconué, Fiske Menuco, Río Colorado y Catriel.
En ese marco, además, dijo que la participación al Pueblo Mapuche está cerrada y precisó que «el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habla de que las comunidades tienen el derecho a la consulta en cualquier ley que las pueda afectar».
