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Carbón Blanco residual: Casación revocó otra excarcelación de uno de los acusados por lavado

Se trata del empresario Gabriel Morón, de 60 años, a quién la Cámara Federal de Resistencia le había concedido la excarcelación en abril pasado. Tras la apelación del fiscal general Federico Carniel, la Sala IV de Casación anuló el beneficio tal como lo había hecho en el caso del nadador Salomone y su pareja en el marco de la causa “Carbón Blanco residual” y ordenó dictar una nueva resolución.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a provocarle un nuevo revés a las decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Es que en el marco de la instrucción de la causa que investiga por lavado de dinero a integrantes de la banda del jefe narco, Carlos Salvatore, decidió anular la excarcelación con la que el tribunal había beneficiado al empresario Gabriel Morón, de 60 años, uno de los presuntos testaferros de Salvatore, sobre quién también se sospecha que habría amenazado de muerte al juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, y a la secretaria de la Fiscalía Federal de Resistencia, Pamela Michlig. En ese contexto, el tribunal ordenó dictar una nueva resolución teniendo en cuenta sus fundamentos.

La resolución, que difunde CHACO DIA POR DIA.COM, fue dictada el 2 de junio y lleva las firmas de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, con el voto negativo de su par Angela Ledesma. La misma hizo lugar al recurso de casación presentada por el fiscal general de Resistencia, Federico Carniel.

A principios de diciembre de 2020, el juez federal subrogante de Sáenz Peña, Miguel Aranda, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Morón, su esposa Gladys Peregal, y otras cuatro personas. Además, se les trabó embargos por 425 millones de pesos a cada uno. Sin embargo, la pareja se mantuvo prófuga de la justicia hasta el 11 de febrero de 2021 en que se entregaron.

Para el magistrado, todos forman parte de una “banda dedicada a la puesta en circulación en el mercado de bienes proveniente de ilícitos penales”. Es decir, al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. También hay suficientes elementos que demostrarían que todos eran testaferros del jefe narco, Carlos Salvatore, quién recibió una condena a 21 años de cárcel por narcotráfico en 2015 por la causa “Carbón Blanco” y falleció en prisión. En el primer juicio por lavado de activos, el TOF de Resistencia condenó a la viuda, al suegro y al socio de Salvatore y decomisó 115 cuentas bancarias, 81 inmuebles, 25 autos, 69.642 pesos, 74.571 dólares y 8.145 euros.

Luego de entregarse, la defensa de Morón y Peregal solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria y luego la excarcelación, teniendo en cuenta que él padecería Parkinson y ella un cáncer. El beneficio fue denegado por el juez Aranda teniendo en cuenta que Morón podría llegar a evadir la acción de la justicia “como ya lo hizo durante dos meses, en razón de la perspectiva de la posible imposición de una pena alta de prisión”. La medida de primera instancia fue apelada por la defensa y obtuvo un fallo favorable de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que, en abril pasado, hizo lugar a la excarcelación.

A fines de abril, la misma sala de Casación ordenó que el nadador Sergio Daniel Salomone y su pareja Analía Viviana Tejero vuelvan a la cárcel por el “peligro de fuga” y el posible “entorpecimiento” de la investigación en su contra por el lavado de activos del clan detrás de “Carbón Blanco”. También habían sido excarcelados por la Cámara Federal de Resistencia.

Una excarcelación “desprovista de fundamentación” 

Para Borinsky, la resolución de la Cámara de Resistencia que otorgó la excarcelación a Morón “arribó a una decisión desprovista de la debida fundamentación, lo que impide avalar el temperamento adoptado”. En ese sentido, cuestionó que los magistrados cimentaron su postura refutando el posible riesgo de fuga del imputado al afirmar que “el encausado se ha presentado voluntariamente”.

El magistrado recalcó que la Cámara “no analizó las circunstancias actuales del caso en tanto no ponderó los extremos puntualizados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen ante la instancia previa, así como tampoco consideró el planteo de detención domiciliaria basado en cuestiones de salud solicitado por la defensa”.

“La resolución no resulta una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa, ya que presenta un razonamiento tan solo aparente, equiparable a la ausencia de fundamentación, lo que configura un supuesto de arbitrariedad de sentencia razón por la cual debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido”, concluye el juez Borinsky, secundado por su par Javier Carbajo.

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