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Se aprobaron las leyes de colegiación de profesionales del Chaco

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Legisladores de todos los bloques políticos sancionaron este miércoles por unanimidad, las leyes que crean la colegiación de profesionales de Arquitectura, Agrimensura, Técnicos, Ingeniería y Técnicos en Higiene y Seguridad de la provincia. Las iniciativas pretenden que cada entidad funcione con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal, con capacidad de actuar en el ámbito público o privado en todo el Chaco.

La presidenta Elida Cuesta celebró la sanción de los diferentes proyecto al tratarse de un trabajo anhelado por todos los profesionales,  destacando la predisposición de los bloques políticos de trabajar en las distintas temática y en las demandas que permanentemente son recibidas de la sociedad. “Se trata además de realizar el contralor de la actividad profesional, fijar las pautas referentes a la actualización de honorarios profesionales y aportes por honorarios profesionales, velar por el prestigio, independencia y respeto del trabajo profesional, así como defender y mejorar sus condiciones y sus justas retribuciones”, remarcó.

La legisladora expresó también que la colegiación es la búsqueda del colegio propio no es en detrimento de otras disciplinas, por el contrario lo que “se quiere es dar una respuesta más eficiente en la demanda actual de los ciudadanos, ya que se propone una reforma integral de la legislación vigente en nuestra provincia respecto a la regulación profesional”.

A su vez, señaló que este es el inicio para un trabajo mancomunado con el Poder Legislativo, ya que “este es el puntapié para una serie de reuniones que se van a dar en las comisiones, en las cuales vamos a discutir con todos los sectores”.

El presidente del Centro de Ingenieros del Chaco, Jorge Urturi manifestó que “se recorrió un largo camino y si bien asumí hace seis meses, esto es la continuación de un proceso que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la entidad a la que represento”. Destacando que las primeras etapas quisieron quedar en el Consejo y después, una vez que se dieron los pasos, se tomó la iniciativa de colegiarse como matrícula y comenzar el proceso que hoy obtuvo un final feliz.

Por su parte, en representación de los profesionales Técnicos, Daniel Castillo señaló que se trató de un día histórico para todos los técnicos de la provincia del chaco, y agregó que “este trabajo que venimos realizando desde hace dos años, intensos trabajos consensuandos con las comisiones legislativas y con los colegas de toda la provincia”. Remarcó por último que fue un trabajo positivo, de consensos y de conservar todos los bienes del Consejo. “Vamos a seguir administrando algunas cuestiones en conjunto, tenemos previsto trabajar  todo el interior  con un condominio donde no se va a vender ninguna propiedad, vamos a mantener los empleados que tenemos en el consejo profesional, llevando un porcentaje cada uno en nuestra propio colegio”, concluyó.

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Decretan la emergencia y/o desastre agropecuario en el Chaco por 180 días

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El gobernador Domingo Peppo firmó en la mañana de este martes el decreto de declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en la totalidad del territorio provincial, desde el 15 de enero y por una vigencia de 180 días. El documento, con las actas correspondientes de cada localidad, será presentado ante Nación para conseguir su homologación

El decreto N° 256/19, abarca las actividades de agricultura, ganadería, sector forestal, apícola, turismo rural y otras. Asimismo, faculta al Ministerio de Producción a otorgar los correspondientes certificados de Emergencia y/o Desastre agropecuario a los productores afectados, en forma nominativa. Para ello, la Subcomisión Zonal de cada Departamento deberá evaluar cada caso en particular a fin de certificar la real afectación por excesos hídricos, la que deberá ser superior al 50 por ciento de afectación de su producción o capacidad de producción.

El gobernador firma el decreto de emergencia agropecuaria

Este documento será presentado ante la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, más toda otra información relacionada con la problemática planteada, para buscar la homologación, en el marco de la Ley Nacional N° 26.509. El tratamiento se llevará a cabo este jueves y su homologación permitirá a la Provincia acceder a recursos para paliar la situación del sector privado.

Estuvieron presentes con el gobernador en la firma del decreto la subsecretaria de Legal y Técnica Jessica Ayala y el subsecretario de Agricultura Jorge García.

Campos inundados en el sudoeste chaqueño

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Cambiemos limita a Vidal con una advertencia a los gobernadores que desdoblen

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En un comunicado en conjunto por parte de las tres fuerzas que conforman la alianza de Gobierno adelantaron que aquellos dirigentes que compitan por la gobernación de alguna provincia que adelante su calendario electoral no podrán participar después por algún cargo nacional.

El PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica coincidieron en un comunicado en conjunto dirigido a los gobernadores y aspirantes al cargo que compitan por la alianza Cambiemos en los comicios de este año. El comunicado aparece como una forma de marcarle la cancha a la provincia de Buenos Aires que sigue analizando el desdoblamiento del calendario electoral.

“En el marco del adelantamiento de elecciones provinciales ya sea por decisión de los respectivos Gobiernos Provinciales o por restricciones de orden constitucional y a los efectos de otorgar mayor transparencia a los procesos, las autoridades de los partidos fundadores de Cambiemos decidieron establecer que quienes sean candidatos a Gobernador no podrán optar por competir en las elecciones nacionales”, señala el comunicado.

La misiva cuenta con las firmas del presidente del PRO Humberto Schiavoni, el titular de la UCR Alfredo Cornejo y el presidente de la Coalición Cívica ARI, el legislador porteño Maximiliano Ferraro. De esta forma se baja un mensaje claro para quienes deseen utilizar un triunfo provincial como trampolín nacional, al menos para los que sean candidatos por Cambiemos.

Esto complica las aspiraciones que por ejemplo puedan tener los dirigentes cordobéses que tienen sus elecciones mucho antes de las nacionales, así como sucede en diversas provincias donde la alianza tiene aspiraciones de ganar y cuenta con figuras importantes que después pueden servir para encabezar una lista de diputados o senadores por dichos distritos.

Por otro lado en la provincia de Buenos Aires se estima que el próximo 7 de febrero vuelva a reunirse la comisión bicameral de seguimiento que trabaja en armar un dictamen no vinculante para fines del segundo mes del año respecto a la necesidad o no de desdoblar las elecciones bonaerenses y quizas desenganchar las municipales.

María Eugenia Vidal sigue de cerca que es lo que va a pasar, ya que en Casa Rosada no cae bien la intención de separar su nombre de la boleta de Mauricio Macri. A su vez desde Cambiemos y las tres fuerzas nacionales vuelven a dejar en claro que el candidato a presidente este 2019 será el actual mandatario.

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El decreto de la dictadura al que copia el DNU de “Extinción de dominio”

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El régimen que comandó Jorge Rafael Videla decretó la creación de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA), para investigar supuestos hechos de corrupción del gobierno peronista. Confiscaron bienes sin condena previa y, años después, el Estado tuvo que pagar una multimillonaria suma en indemnizaciones.

El 21 de octubre de 1977 la dictadura cívico-militar que comandó Jorge Rafael Videla creó, por decreto, la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA). El objetivo del organismo era  juzgar la conducta de ex funcionarios y empresarios vinculados al segundo gobierno peronista (1973—1976) por supuesto enriquecimiento ilícito.

La idea es muy similar al Decreto de Necidad y Urgencia (DNU) con el que este lunes el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, impuso la Ley de Extinción de Dominio. Mediante la cual con una acción civil el Estado podrá incautar bienes de ex funcionarios investigados por corrupción, aunque no tengan una condena penal.

La CONAREPA investigó  a Isabel Perón y a otras 80 personas a las que se detuvo, se les confiscaron sus bienes y hasta en algunos casos, luego de quedar libres, se les prohibió ejercer su profesión. Años después, ya en democracia, esto derivó en que el Estado deba pagar más de $200 millones en indemnizaciones.

Es que el organismo incautó propiedades y bienes de esos detenidos, tales como la Quinta 17 de Octubre que el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón tuvo en el barrio Puerta de Hierro, en Madrid, España, y un chalé suyo en la calle Gaspar Campos, del partido bonaerense Vicente López.

Al no tener sentencia, varios de los damnificados debieron ser recompensados ya que nunca recuperaron sus bienes. En el año 2010, en el  marco de las las políticas de DD.HH, la entonces madataria Cristina Fernández de Kirchner ordenó el traspaso de  los expedientes de la CONAREPA al Archivo Nacional de la Memoria.

El punto en común más claro entre la CONAREPA y la “Extinción de Dominio” que decretó Macri, empujado por la diputada nacional Elisa Carrió, está explícito en el texto de la dictadura.

Allí se detallaba como funciones del organismo  “investigar con las más amplias facultades la composición del patrimonio de las personas físicas o jurídicas afectadas por la Ley Nº 21.670”, y “ dictar resolución ordenando la transferencia de los bienes interdictos al patrimonio del Estado Nacional”.

En la versión “democrática” del 2019, en vez de CONAREPA el Estado creará una “fiscalía especial” que le pedirá a la justicia civil que incaute y ejecute los bienes de personas investigadas por presunta corrupción.

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