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Adiós derechos humanos: en silencio Capitanich reincorporó a los policías violentos de Fontana

La madrugada del 31 de mayo un grupo de policías de la Comisaría Tercera de Fontana “reventó” una vivienda de esa localidad y detuvo a golpes a Alejandro Saravia, de 20 años; Cristian Fernández, de 20; Rebeca Garay, de 18, y Daiana Fernández, de 16.

El episodio, verificado por un video divulgado a través de la prensa, llegó hasta el presidente de la Nación: Alberto Fernández, que definió como “una deuda de la democracia” la violencia institucional en Chaco.

2 días después la ministra de Seguridad: Gloria Zalazar, junto al entonces jefe de Policía: Fernando Romero, anunció que el Gobierno investigaría hasta las últimas consecuencias y sancionaría a los responsables y que los implicados ya habían sido separados de sus funciones.

Más tarde la Secretaría de Derechos Humanos, por instrucciones del gobernador Jorge Capitanich, se constituyó como querellante en la causa y aseveraba que además de golpes hubo “balas de plomo” y que la menor fue abusada.

El oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el sargento Cristian Omar Benítez, el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera fueron detenidos pero un mes después recuperaron la libertad.

Inmediatamente, el jefe de la Policía dispuso su reincorporación y la prestación de servicio en tareas pasivas, mientras el Gobierno apelaba su liberación.

Capitanich y la ministra Zalazar se opusieron rotundamente a la reincorporación. Y, como respuesta, el 13 de julio presentó su renuncia la cúpula policial que respaldó a los policías: “Es lo que corresponde. Tenemos 900 efectivos en las mismas condiciones, si aplicamos suspensión a todos vamos a quedar sin fuerza de seguridad”, alegó Romero.

2 días después el Gobernador aceptó las renuncias del jefe y el subjefe: Ángel Domínguez, y de la directora ejecutiva del Ceac: Mariela Aguirre, y designó al exjefe Ariel Acuña a frente la Policía.

“Fueron separados del servicio y pasados a “pasiva por delito” al ser detenidos, pero la ley manda que sean reincorporados una vez en libertad”, explicó Romero, y agregó: “La Policía acata todas las órdenes del Gobernador, como jefe natural de la fuerza, y de la ministra de Seguridad, pero ninguna orden puede obligarme a violar la ley, como se pretendió en este caso”, dijo.

Y ese día aseveró que “ya se firmó el instrumento legal para reincorporar al servicio efectivo a los 4 policías”, como parte del “acuerdo” al que habrían arribado con Capitanich.

Esto fue desmentido rápidamente por funcionarios provinciales. Pero ahora, tras la difusión de los videos que no sólo evidencian la brutalidad de los policías que intervinieron en el operativo ilegal, sino también la de otros integrantes de la guardia dentro de la comisaría, Acuña reiteró que “el personal está sometido a sumario administrativo y judicial”, pero admitió que fueron incorporados a “tareas pasivas”, tal como había informado Romero.

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