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Con aportes de la CRA, Massa apura la ley para penalizar los ataques a silobolsas

El proyecto lo presentó el año pasado pero nunca se trató y pidió debatirlo en mayo. La entidad rural propuso extender las penas por daños colaterales en los campos.

Después de la sanción de la ley de Ganancias, Sergio Massa buscará que la agenda del Congreso se aboque a un proyecto que presentó el año pasado junto al diputado Ramiro Gutiérrez para penalizar actos de vandalismo rural, como la ruptura de silobolsas.

La iniciativa surgió de las reuniones que el presidente de la Cámara baja tuvo el año pasado con entidades rurales, acompañado del jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, pero la agenda oficial se consumió con otras prioridades y nunca entró en el temario de la Comisión de Legislación Penal, presidida por la oficialista Carolina Gaillard.

Massa gestionará abrir el debate las próximas semanas con el objetivo de sancionar la ley en mayo, con aportes realizados por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las cuatro entidades más grandes del campo y parte de la mesa de enlace, aquella agrupación de organizaciones que cobró fama en la pelea contra las retenciones móviles de 2008.

La ley intentará además acercar al Gobierno al sector rural cuando se encendió la señal de alerta por la baja de las estimaciones de la cosecha de soja, una de las principales fuentes de divisas y que viene haciendo un aporte mayor al esperado por el incremento de las cotizaciones internacionales.

Y animará la previa de la campaña electoral para los comicios legislativos, en los que el campo vuelve a presentarse como uno de los principales músculos políticos de Cambiemos en las provincias de la pampa húmeda.

El proyecto crea la figura de vandalismo rural con penas de entre 2 y 5 años de prisión. Hasta ahora se aplicaban sanciones bajas y los fiscales no se molestaban en investigar. El Gobierno buscará acercarse al sector rural con la ley.

Los esfuerzos del Gobierno para empatizar con los chacareros tuvieron varios capítulos el año pasado, como las reuniones de Cristina Kirchner con el Consejo Agroindustrial Argentino, cuyos referentes trabajaron luego en proyectos para agregar valor a la producción primaria, que Alberto Fernández prometió en la apertura de sesiones ordinarias pero aún no envió.

Los ataques a los silobolsas se convirtieron en un postal típica en tiempos en que los productores retienen la cosecha a la espera de una devaluación que le permita mejorar sus ganancias, pero nunca fueron penados porque se encuadran en delitos contra la propiedad, con sólo 1 año de pena a prisión, que se extinguiría en la investigación. Por eso rara vez un fiscal se tomó en serio una denuncia.

La otra alternativa era demostrar un estrago, como se denomina a un delito contra la comunidad, como los incendios e inundación. En ese caso las penas son de hasta 12 años pero nunca es fácil de encontrar culpables.

Ramiro Gutiérrez

“El delito existe en la realidad pero no está en el Código Penal y lo que intentamos es legislarlo”, sostuvo Gutiérrez ante LPO. En su proyecto se crea la figura del “vandalismo rural”, con penas de entre 2 y 5 años, lo que le otorga cumplimiento efectivo, o sea, el condenado no podrá evitar la prisión. Se encuadrará en esta figura los ataques a “cosechas, tolvas, silos y silobolsa”.

 

“Había una doble falencia que es necesario salvar. Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y, por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago, con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública”, señalan los fundamentos del proyecto.

Los técnicos de CRA propusieron que además de penar los ataques a la infraestructura estrictamente rural, como los silobolsas, se extienda la sanción a daños “casuísticos”, como un deterioro de los alambrados, el sistema de comunicación, las antenas solares y cualquier “instalación” agropecuaria vandalizada. De esta manera, aún quien intentara sin éxito romper un silo o una cosechadora podría terminar tras las rejas.

El tema desembarcaría en las comisiones las próximas semanas, pero para aprobarlo en mayo Cambiemos debería avalar otra renovación del protocolo de sesiones remotas, que vence el 31 de abril y, en su última versión obliga a los diputados a sesionar en forma presencial si no están en condición de riesgo, por edad o enfermedad preexistente. El aumento de los casos de la última semana podría obligar a revisarlo.

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