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CORRUPCION

Asignan fiscal al expediente por solicitud de detención y extradición de Rodríguez Simón

Voceros de la Justicia uruguaya señalaron que el fiscal designado para el caso estudiará las más de 200 fojas que tiene el expediente antes de adoptar cualquier medida.

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La fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno de Montevideo, a cargo del fiscal Ricardo Lackner, fue designada para intervenir en el expediente por el pedido de detención y extradición librado por la Justicia argentina en relación con el parlamentario del Mercosur y supuesto operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

Voceros de la Justicia uruguaya señalaron que el fiscal designado para el caso estudiaría las más de 200 fojas que tiene el expediente antes de adoptar cualquier medida, pero adelantaron que antes de que eso ocurra la jueza de Crimen Organizado de turno Adriana Chamsarián podría expedirse sobre la solicitud de refugio presentada por Rodríguez Simón.

La decisión de buscar refugio en Uruguay fue informada por el propio imputado a través de distintas entrevistas televisivas

El trámite para convertirse en refugiado político, tal como solicitó “Pepín”, suele estar a cargo de la CORE (Comisión de Refugiados) integrada por representantes del Poder Ejecutivo del país, a la que se le pide recepción en esa condición, pero el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que la defina el juez cuando la solicitud ocurre al mismo tiempo que el pedido de extradición.

Qué dice la ley

“Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición. De la misma forma se procederá cuando la solicitud de refugio sea posterior al pedido de extradición”, reza la ley.

El pedido de extradición llegó a la justicia uruguaya luego de que la Cancillería remitió al gobierno de ese país el exhorto que solicita la detención y extradición de Rodríguez Simón, diputado del Parlasur y exmiembro de la “mesa judicial” de Juntos por el Cambio (JxC), dispuesto por la jueza federal María Servini para tomarle indagatoria.

El pedido de detención que recibió la justicia uruguaya de parte de su par de la Argentina tramita en paralelo a la orden de captura internacional emitida por la jueza Servini que aún no fue aprobada por Interpol (que en caso de hacerlo, debería lanzar una alerta roja para que se detenga al imputado en cualquier parte del mundo).

La decisión de buscar refugio en Uruguay fue informada por el propio imputado a través de distintas entrevistas televisivas, pero además fue notificada de manera formal por su abogado ante el juzgado de Servini, que entendió ese movimiento como un intento de evadirse de la justicia.

En rebeldía

Fue en ese contexto que la magistrada declaró a Rodríguez Simón en “rebeldía” y ordenó su captura nacional e internacional para someterlo a indagatoria tras considerar que la exclusiva decisión del imputado evidenciaba su “voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia”.

A fines de la semana pasada, la Justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado Rodríguez Simón y que en caso de ser aprobada le hubiera permitido evitar una eventual detención en ese país.

La resolución estuvo a cargo del juez letrado de primera instancia en lo Penal Marcelo Malvar, ante quien el exasesor jurídico de JxC había interpuesto un segundo habeas corpus –el primero había sido rechazado el 7 de mayo- en el que se definió como víctima de persecución política y dijo que la Justicia argentina buscaba detenerlo arbitrariamente.

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CORRUPCION

Quilmes recibió más de 150 millones de pesos para construir viviendas y en un año y medio no hizo nada

La plata fue transferida por el Ministerio de Desarrollo territorial y hay más de 240 familias que siguen esperando. No se sabe qué hizo la gestión de Mayra Mendoza con el dinero. La obra acumula una historia de 10 años de incumplimiento.

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En la esquina que une a la avenida Mozart y la calle Gelly y Obes una enorme estructura de cemento acapara la mirada de propios y extraños en el municipio de Quilmes. Se trata de un enorme complejo de viviendas sin terminar en el barrio Dorrego que en sus paredes esconde una larga historia de incumplimientos, irregularidades y posible corrupción.

El proyecto para construir 240 viviendas comenzó allá por 2014 y aún está inconcluso. En el medio pasaron tres gestiones de diferentes colores políticos y ninguna lo terminó. Pero el último intento por reactivar los trabajos incluye una historia singular.

Nueve años de retraso: análisis de imágenes satelitales

Terreno a intervenir: área vacante para la construcción.
Terreno a intervenir: área vacante para la construcción.
Fundación de los primeros bloques de vivienda y muros.
Fundación de los primeros bloques de vivienda y muros.
Se identifican los tres bloques con cerramiento superior.
Se identifican los tres bloques con cerramiento superior.
Avance en altura de la obra. Módulos incompletos sin techar.
Avance en altura de la obra. Módulos incompletos sin techar.

En mayo de 2021 el presidente Alberto Fernández anunció el programa Reconstruir, un plan para terminar 55 mil viviendas en todo el país que el Gobierno nacional dice se frenaron durante el gobierno de Mauricio Macri. A los pocos meses la gestión de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza le pidiría al Ministerio de Desarrollo Territorial financiamiento para terminar las viviendas en el barrio Dorrego y la plata no tardó en llegar.

Entre octubre de 2021 y febrero de 2022 el Gobierno nacional le envió al municipio de Quilmes $153.315.565 para reactivar los trabajos de construcción de las 240 casas pero hasta la publicación de este artículo en la obra no se había colocado un solo ladrillo nuevo. Como si a esta historia le faltara algo, TN accedió a documentos oficiales que demuestran cómo durante este último año el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat intimó tres veces a Quilmes para que comiece los trabajos y hasta le envió una carta documento.

En lo que bien podría ser otro capítulo de la interna que azota al Gobierno, un ministerio que pertenece al Frente de Todos intima a un municipio de su mismo color político.

Las 240 promesas incumplidas

TN recorrió el barrio Dorrego junto a algunas de las familias que esperan por las casas. Damnificados que pagaron su parcela de tierra y no obtuvieron nada a cambio. Además, verifició junto a una arquitecta el estado de la construcción que se erosiona al aire libre desde hace años.

En este artículo se presentarán documentos que prueban cómo Quilmes recibió millones y no activó los trabajos cuando debió hacerlo. En este sentido surge una duda: ¿qué hizo el municipio con esa plata durante todo este tiempo? Además, se mostrarán papeles que desnudan el tenso ida y vuelta entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y la gestión de Mayra Mendoza ante la inactividad de la obra. Una historia que describe perfecto como el Estado estafa al Estado.

“Jugaron con nuestra ilusión de tener una vivienda propia”

La historia de las 240 viviendas del barrio Dorrego en Quilmes comenzó a mediados de 2014. En un acto encabezado por el entonces intendente de ese municipio Francisco “Barba” Gutiérrez, se firmó la cesión de tierra para que en esas parcelas ubicadas entre las calles Mozart, Gelly y Obes, Caseros y Dorrego se construyan las casas en cuestión.

Pagaron su terreno y no obtuvieron nada a cambio
Paola Cepeda. 41 años. No tiene casa propia y paga $41.000 de alquiler.
Paola Cepeda. 41 años. No tiene casa propia y paga $41.000 de alquiler.
Susana Corazza. Vive con su hija y su nieto, que tiene capacidades diferentes.
Susana Corazza. Vive con su hija y su nieto, que tiene capacidades diferentes.
Blanca Casafus. Jubilada. Tuvo que sacar un crédito para pagar el terreno.
Blanca Casafus. Jubilada. Tuvo que sacar un crédito para pagar el terreno.
Diego. Compró su parcela a la Cooperativa 19 de junio en diciembre de 2014.
Diego. Compró su parcela a la Cooperativa 19 de junio en diciembre de 2014.
Fabián. Hizo dos pagos de $7.000 y $8.000 para tener su terreno.
Fabián. Hizo dos pagos de $7.000 y $8.000 para tener su terreno.

La que otorgó los terrenos fue la Cooperativa 19 de Junio, cuyo titular es Emilio Gutiérrez Castillo. Esas tierras se habían comprado con el aporte de los asociados de la cooperativa, en su gran mayoría trabajadores de clase media baja que pagaron $15.000 -en aquel entonces unos U$S1752- con la promesa de luego tener su vivienda, que sería construida por el municipio con fondos del programa nacional Techo Digno.

La firma adjudicada por el municipio de Quilmes fue Indhal SRL que recibió dos pagos en 2014 por un total de $58.747.790 y fue así como en ese año se dio inicio a la construcción de las viviendas. Sin embargo, para finales de diciembre de 2015, el proyecto se vio alterado por el cambio de gobierno: con la llegada de Martiniano Molina se inició una auditoría sobre las obras en el municipio y la construcción comenzó a tener retrasos.

Entre 2015 y 2019 los trabajos avanzaron pero la construcción nunca se terminó. Lo que quedo es el enorme esqueleto de cemento que aún hoy cualquier vecino puede ver si se acerca hasta el lugar.

Hacía años que Paola Cepeda no pisaba el barrio Dorrego. Los años y la espera la frustraron. Se cansó. Se desesperanzó. Aceptó recorrer con TN la construcción y se emociona al pensar que en esas viviendas podrían estar jugando sus hijos.

A casi una década del inicio del proyecto, los modulos se erosionan sin ninguna protección. Foto: Mario Peredo.
A casi una década del inicio del proyecto, los modulos se erosionan sin ninguna protección. Foto: Mario Peredo.

“Acá nos metieron la mano en la lata a todos mis compañeros y jugaron con nuestra ilusión de tener vivienda propia. Me genera bronca, indiganción, porque juegan con las personas”, dice Paola, que actualmente vive en Berazategui, en donde paga un alquiler de $41 mil por mes. Esa plata, dice, la podría haber usado para pagar la cuota de la vivienda que nunca le entregaron.

Paola vive con sus dos hijos y su actual pareja. “Les dije en su momento (sobre la posibilidad de tener una casa propia) pero después ya no más porque se ilusionaban”, comenta al respecto. Trabaja como personal de limpieza y en la pandemia la situación económica fue crítica. Por aquellos días pagar el alquiler fue una verdadera odisea.

“No podemos esperar más años, hay personas mayores, tenemos que ya tener nuestras casas. Pasaron 10 años. Cuando lo hice tenía 33 años, ahora tengo 41″.

Millones de pesos para una obra que nadie termina

Paola tenía 33 años en 2014. Ese año, la gestión de Francisco “Barba” Gutiérrez adjudicó la obra a la firma Indhal SRL. Se le pagó $37.989.755 para la construcción de las primeras 80 viviendas y otros $20.758.035 para la infraestructura del barrio. Ese dinero, que ahora puede parecer poco, representaba U$S4.4 millones y US$ 2.4 millones, respectivamente.

Al 17 de marzo de 2023, serían unos $924 millones para la etapa 1 y $504 millones para la infraestructura. No hay datos precisos sobre la cantidad de plata total que recibió la obra entre 2015 y 2019. Lo que sí está claro es que la gestión de Martiniano Molina tampoco la terminó.

El último capítulo de incumplimientos: $153 millones para no reconstruir ni una sola casa

El programa Reconstruir, a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, vio la luz en 2021. La iniciativa proponía terminar 55 mil viviendas que la Casa Rosada, dice, quedaron abandonadas durante la gestión de Mauricio Macri.

Mayra Mendoza estuvo presente en el acto de presentación de este programa en Ensenada, en mayo de 2021. Allí el presidente Alberto Fernández no solo prometió culminar estas casas sino que dijo que pidió empezar la reconstrucción “a gran velocidad”. La intendenta de Quilmes lo escuchó con atención porque en tan solo meses pediría financiamiento para terminar las 240 viviendas del barrio Dorrego. Pero no cumpliría con la premisa del mandatario.

El 20 de septiembre de 2021 el municipio de Quilmes le pidió a la cartera que ahora conduce Santiago Maggioti que financie el proyecto y el convenio se selló el 12 de octubre de ese año. Los pagos para que Quilmes puede adjudicar la obra a una firma y comience la reconstrucción no tardaron en llegar.

Cronología de los pagos al municipio de Quilmes

19 de octubre de 2021

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat deposita $37.369.153 para la etapa 1, que consistía en la terminación de 80 viviendas.

6 de diciembre de 2021

El Ministerio envía $41.552.486 para la etapa 3: concluir otras 80 viviendas.

17 de febrero de 2022

El Ministerio envía $41.540.077 para la culminación de las 80 viviendas de la etapa 2. Ese mismo día, paga otros $32.853.849 para la infraestructura del barrio.

Es decir, entre octubre de 2021 y febrero de 2022, la gestión de Mayra Mendoza recibió más de 153 millones de pesos para reactivar los trabajos pero a la fecha esto no ocurrió. Si bien el municipio informó recientemente que adjudicó el proyecto a la firma Pemode SRL y que la reconstrucción se inició el 6 de febrero pasado, hasta ahora no informó ningún certifacado de avance de obra según pudo constantar este medio en base a documentación oficial. Por ahora, en el predio, solo se cercó el límite y comenzó a retirarse la maleza.

El Gobierno intimó tres veces a Mayra Mendoza para que empiece la obra

Como si a esta historia le faltaran condimentos, TN pudo saber que el Ministerio de Desarrollo Territorial intimó tres veces al Municipio de Quilmes para que inicie el proyecto e incluso le envió una carta documento.

Este tramo de la historia empezó el 17 de enero de 2022, es decir, poco más de tres meses después de que el Ministerio firmara el convenio de financiamiento con Quilmes. Ese día intimó -por primera vez- al municipio para que en un plazo de 7 días hábiles informe la fecha estimada de inicio de obra y los causales que originaron las demoras. Para aquel entonces los $153 millones ya habían sido pagados a la gestión de Mayra Mendoza exactamente 97 días atrás.

Quilmes recibió más de 150 millones de pesos para construir viviendas y en un año y medio no hizo nada

El 4 de febrero de 2022, el municipio de Quilmes contesta que necesita una prórroga de 60 dias para iniciar la obra con el argumento de que se debió rescindir el contrato con la empresa que prestó los servicios de construcción previo a su paralización y el 16 de ese mes se otorgó dicha prórroga. Los retrasos continuarían.

Tras haber transcurrido los 60 días, el 29 de abril de 2022, el Ministerio de Desarrollo Territorial que por aquel entonces estaba en manos de Jorge Ferraresi intima por segunda vez al municipo a que envíe el acta de inicio de obra en un plazo de 5 días hábiles. Pero lo que vendrían serían más de cuatro meses de silencio del municipio.

Quilmes recibió más de 150 millones de pesos para construir viviendas y en un año y medio no hizo nada

Ante la falta de respuesta de la gestión de Mayra Mendoza, el 30 de agosto de 2022, el Gobierno nacional evaluó rescindir el convenio de financiamiento y un mes después se cursó una carta certificada al municipio para que informe el inicio de obra. A su vez se le notificó al municipio que el contrato podía quedar sin efecto.

El Gobierno evaluó rescindir el contrato con Quilmes

Recién en noviembre de ese 2022, Quilmes informa que tiene voluntad de continuar el proyecto y advierte sobre el supuesto fracaso de dos procesos licitatorios. Allí dice que abrió una nueva licitación para encontrar una empresa que reconstruya las viviendas.

La plata ya llevaba 398 días en las cuentas de Quilmes sin utilizarse para su única objetivo: reconstruir las casas.

Con la llegada del 2023, y ante el no inicio de las obras, el Ministerio de Desarrollo Territorial cursa Carta Documento al Municipio y le exige que comience la obra en 20 días hábiles. El 6 de febrero, la gestión de Mayra Mendoza informa un acta de inicio de las obras y la empresa que resultó adjudicada.

Quilmes recibió más de 150 millones de pesos para construir viviendas y en un año y medio no hizo nada

A la fecha, en el terreno donde se encuentran las viviendas solo se cercó el perímetro y se limpió parte de las tierras. La firma adjudicada es PEMODE SRL, a la que se desconoce cuánto dinero se le entregó para el inicio de obra. El boletín oficial de Quilmes no da detalles al respecto.

TN pudo saber que a marzo de 2023, el municipio de Quilmes todavía no presentó ante el Ministerio de Desarrollo Territorial ningún certificado de avance de obra. Este medio recorrió los trabajos en la segunda semana de marzo y efectivamente comprobó que en el lugar no se reconstruyó ni trabajó sobre ninguna de las viviendas.

“No veo viable que esto se pueda recuperar y mucho menos habitar”

La arquitecta Sabrina Morguen (matrícula 32680 – provincia de Buenos Aires) recorrió junto a TN la obra de viviendas en Dorrego y planteó dudas sobre el estado de la estructura que debe ser reconstruida.

“Es un sistema de construcción monolítico que no cumple con los requerimientos para poder soportar las cargas. Las filtraciones son constantes (agua, entre otras), se ve la malla expuesta, agua que se junta y se mete por las fundaciones, un armadura suelta”, enumera al caminar lentamente por una de las casas.

Ante la consulta de este equipo periodístico sobre si estas casas se pueden reconstruir o se deben tirar abajo y comenzar todo de nuevo, resondió: “No veo viable que esto se pueda recuperar y mucho menos habitar”.

Los bloques con cerramiento superior sin terminar. Foto: Mario Peredo.
Los bloques con cerramiento superior sin terminar. Foto: Mario Peredo.
Las mallas expuestas en el interior de las viviendas. Foto: Mario Peredo.
Las mallas expuestas en el interior de las viviendas. Foto: Mario Peredo.
El agua se junta y se mete en las fundaciones de las casas. Foto: Mario Peredo.
El agua se junta y se mete en las fundaciones de las casas. Foto: Mario Peredo.

“Me siento impotente, estafada, burlada, siento que no somos nada”

Blanca Casafús y Susana Corazza tienen una cuestión en común: ambas son jubiladas y están esperando sus casas en el barrio Dorrego. “Nos prometieron que en un año nos las iban a entregar, pasó mucho tiempo y todavía no hay nada. Me siento impotente, estafada, burlada, siento que no somos nada”, dice la primera de ellas, visiblemente emocionada al recorrer el lugar. “No tengo donde vivir, estoy esperando esto”, agrega.

Ambas le pagaron $15.000 a la Cooperativa 19 de junio. “Nos costó un montón pagar la tierra, tuvimos que sacar créditos. Hoy no tenemos nada, pasar y ver este predio te da tristeza”, dicen.

La que se suma al malestar de los damnificados es Mónica, vecina de Quilmes, que reitera el pedido para que estas obras se terminen. “Le trajo inseguridad al barrio. Acá se esconden ladrones que roban. Ni la policía se quiere meter ahi adentro. No se ve nada. La gente tiene miedo”.

En diálogo con TN, Emilio Gutiérrez, titular de la Cooperativa 19 de Junio, desligó a esta organización de todo tipo de responsabilidad por la falta de avances en las obras y culpó a los diferentes gobiernos por la falta de culminación de los trabajos.

“Los terrenos siguen en poder de la cooperativa, cualquier vecino que se sienta estafado puede pedir la restitución del dinero. Estamos acostumbrados a la historia de incumplimientos. Nosotros no defendemos a nadie, todos son responsables”, le dijo a TN.

Gutiérrez dice tener conocimiento de que Quilmes recibió millones para la obra pero los trabajos tardaron más de un año en iniciarse. “Es el grave interrogante que tenemos”, dice.

El municipio de Quilmes le envió una respuesta a este medio en la que indica que la obra se reactivó, tiene un plazo de 12 meses y respecto a los avances informó haber puesto el cerco perimetral; el cartel de obra y “consolidación de servicios”. Este medio ofreció profundizar la charla para dialogar sobre la fecha de los pagos y las intimaciones pero el municipio no accedió a una conversación telefónica.

Además de Gutiérrez, quien se pregunta por qué aún no se reconstruyó ninguna casa es Blanca Casafús, que recuerda a algunas de sus compañeras que murieron sin tener su vivienda en el Barrio Dorrego. Se toma un momento para respirar e inmediatamente dispara una frase que deja perpejos a todos los que están con ella en la casa que nunca recibió: “Yo no quiero ser la próxima en la lista”.

Créditos

Fuente de imágenes satelitales. ArcGIS Living Atlas of the World

Diseño gráfico, edición de fotografía. Lucila Stolar

Producción visual y análisis de datos. Ana Rivas

Producción periodística. Faustino Jaime y Tomás Vidal Adano.

Cámara: Mario Peredo y Enrique Clur.

Edición: Daniel Gordo Díaz.

 

Desde adentro, los módulos sin techar, expuestos a la lluvia y al viento, en Marzo en el Barrio Dorrego. Foto: Mario Peredo
Desde adentro, los módulos sin techar, expuestos a la lluvia y al viento, en Marzo en el Barrio Dorrego. Foto: Mario Peredo

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CORRUPCION

Causa Vialidad: la Justicia justificó su condena a Cristina Kirchner en un fallo de más de 1600 páginas

En un documento de 1600 páginas, el Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer los fundamentos de la sentencia a la Vicepresidenta, por la cual le impuso una pena de 6 años de prisión.

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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) publicó los fundamentos de su condena a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz por la causa Vialidad y desde ahora todas las partes podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, como anticipó TN.

La Justicia consideró que el “lawfare” que plantea la Vicepresidenta “es una coartada para no rendir cuentas”, en el fallo del TOF 2 de los fundamentos de la sentencia a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos, documento al que accedió TN, que tiene más de 1600 páginas.

La Justicia encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública pero no por asociación ilícita, contra la acusación de la fiscalía, que al igual que la defensa va a apelar la sentencia del Tribunal.

Los puntos más fuertes de los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

  • “La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”.
  • “Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”.
  • “Hemos visto una promiscua y absoluta confusión entre ambas esferas, marcada por acuerdos espurios entre las personas interesadas -con claras notas distintivas de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos- tendientes a asegurar los beneficios pecuniarios a favor de los nombrados de acuerdo a su naturaleza y entidad”.
  • “La falta de sanción judicial de esas prácticas corruptas parece ser una función deseada del sistema y su sostenimiento en el tiempo con un claro fin: garantizar la impunidad”.
  • “Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”.
  • “Los ejemplos evidencian la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”.
  • “Ha sido dirimente la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”.
  • “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.
  • “Se han acreditado dentro de la maniobra diversos aspectos a través de los cuales se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado”.
  • “El tribunal ha podido determinar dos ámbitos claramente mensurables con relación al perjuicio económico producido por la maniobra delictiva subrepticiamente implementada so pretexto de la política pública vial. El primero consiste en la diferencia entre los montos fijados por el Estado al confeccionar el pliego para la realización de una obra y el precio finalmente contratado, producto de la concurrencia cartelizada al proceso licitatorio. El segundo concepto está dado por la existencia de sobreprecios en al menos tres de las cinco obras viales peritadas”.
  • “La prueba ha evidenciado que durante al menos parte del período investigado (los informes producidos identifican obras viales por provincia con certificación de enero de 2010 en adelante), la provincia de Santa Cruz fue la principal receptora de inversiones en materia de obra pública vial”.

 

El Tribunal justificó su co… by Todo Noticias

 

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CORRUPCION

#CHACO La Fiscalía apeló en Casación la absolución de Horacio Rey y Roberto Lugo por la causa de “Lavado I”

El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso contra la absolución de los funcionarios públicos en la causa que se los imputaba como responsables de una red de corrupción.

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El Ministerio Público Fiscal anunció que pedirá a Casación la condena de Horacio Rey y Roberto Lugo por la causa de “Lavado I“, en el cual fueron acusados de liderar la organización ilícita destinada al desvío de fondos públicos.

Los fiscales Federico Carniel, Carlos Gonella y la fiscal general Indiana Garzón, presentaron un recurso contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, al cual Diario TAG tuvo acceso.

 

 

En dicho dictamen, se absolvió a 12 personas que se encontraban acusadas por hechos de corrupción en la causa de “Lavado I”. Entre ellos, se encuentra Horacio Rey, el exsecretario general de la gobernación durante el mandato de Domingo Peppo, quien estaba señalado como responsable del desvío de pauta publicitaria, y Roberto Lugo, y el exsecretario de Comercio de Resistencia.

Por esta razón, el MPF pidió 13 años de pena para Rey, Lugo y Katavich por liderar dicha asociación ilícita en su rol de funcionarios públicos.

Por su parte, el Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió a Rey, Lugo y otros diez señalados en el hecho, ya que consideró solamente como responsables del delito de lavado de activos a Gustavo Katavich, Claudia Varela y Carlos Amarilla. El excoordinador de Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial le dieron una pena de cuatro años; a Varela y Amarilla fueron tres de prisión en suspenso.

En dicha causa, también estaban implicados: Mónica Viviana Yaczuk (esposa de Lugo), Claudia Soledad Varela, Ricardo Ariel Retamozo, Gustavo Alejandro Katavich, Ismael Ángel Fernández, Cristina Mariel Dellamea, Ramón Alejandro Chávez, Carlos Rubén David Osuna, Miguel Ángel Vilte, María Laura Aguirre, Iván Alejandro Bilcich, Patricia Noemí Vázquez y Carlos Manuel Amarilla.

EL MPF APELÓ LA SENTENCIA

Frente a esto, Carniel, Gonella y Garzón presentaron un recurso donde aseguraron que hubo arbitrariedad en la interpretación del estándar probatorio que se debe aplicar para el análisis del delito de estos tipos de casos.

 

 

Además, los fiscales y la fiscal general sostuvieron que existió también arbitrariedad “por desconocimiento y por aplicación errónea del tipo penal” y que el Tribunal hizo un “análisis parcializado y sesgado de la prueba ofrecida en el debate”.

Durante el debate, el MPF explicó que “se indicó que se trataba de un típico caso de crimen organizado, con una estructura piramidal -con distintos roles y funciones- destinada principalmente a la recepción, conversión, transferencia, administración y/o puesta en circulación de activos provenientes de delitos de corrupción”.

En este aspecto, los fiscales ampliaron que las maniobras delictivas se realizaban “desde distintas dependencias y reparticiones estatales provinciales, mediante múltiples contrataciones irregulares y direccionadas”. 

 

 

Por último, los fiscales Garniel, Corniella y la fiscal general Garzón, afirmaron que su acusación no se fundó en el “origen ilícito del lavado en una actividad regular y lícitas de contrataciones con el Estado provincial, sino que se circunstanciaron delitos -como negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública- generadores de las ganancias espurias que fueron objeto del lavado de activos”

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