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CORRUPCION

La defensa de Boudou apeló el fallo que dispuso que el ex vicepresidente vuelva a la cárcel

El planteo busca que un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal revoque la decisión tomada a fines de diciembre para que vuelva a prisión a cumplir la condena a 5 años y 8 meses, que fue ratificada por la Corte Suprema

La defensa de Amado Boudou apeló la decisión de ordenar que el ex vicepresidente vuelva a prisión a cumplir la condena en la causa Ciccone, en la intención de que la Cámara Federal de Casación Penal revoque esa orden, indicaron a Infobae fuentes judiciales. “Nuestra sociedad no elige a sus magistrados, jueces o fiscales, por ninguna iluminación que porten y les permita dar por válidas sus opiniones sobre cualquier tema sin respaldo”, afirmaron los abogados defensores Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, en su apelación.

Fue el propio fallo del juez Daniel Obligado dictado el 30 de diciembre el que dispuso que el regreso de Boudou a la cárcel se cumpla si su decisión queda firme y por lo tanto Boudou permanece en arresto domiciliario. No obstante, la apelación se presentó con “efecto suspensivo” al subrayar que la decisión de Obligado fue “arbitraria” y “errada”. También afirmó que se violaron las garantías del debido proceso y que los argumentos de la decisión no estaban “correctamente fundados”

Entre los argumentos, la defensa insistió en que “no se encuentran garantizadas las condiciones básicas y suficientes de bienestar y estabilidad de los hijos del Sr. Boudou”. En ese sentido, plantearon que es imposible así que Boudou reciba en la cárcel “la visita de sus hijos mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional y mundial y la pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud, ante la propagación del Covid 19”.

Se resaltó además que “la prisión domiciliaria no consiste en la transformación de la pena impuesta, sino que constituye una alternativa legal para evitar que la restricción de la libertad fundada en la reinserción social cause un efecto adverso por razón de un intolerable sufrimiento humano”.

La defensa de Boudou apeló así la decisión de la vuelta a prisión. Mientras tanto, Boudou prepara una demanda al Estado argentino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por entender que la Justicia local no analizó las pruebas presentadas sobre lo que entienden fueron las irregularidades cometidas en el marco del caso del ex vicepresidente, como la declaración de Alejandro Vandenbroele o las alternativas que rodearon al rol del juez Pablo Bertuzzi, uno de los jueces que integró el Tribunal Oral que llevó el juicio oral.

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

En abril pasado, el juez Daniel Obligado le otorgó la prisión domiciliaria en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En sus argumentos afirmó la falta de firmeza del fallo en su contra y su situación familiar, porque su esposa Mónica, mexicana, estaba sola aquí en Argentina al cuidado de sus hijos menores -mellizos de dos años-juez Daniel Obligado juez Daniel Obligado

El 3 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó las apelaciones de la defensa de Boudou y dejó firme su condena por por los delitos de cohecho pasivo (recibir coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública. También se confirmó la condena de José María Nuñez Carmona, amigo de Boudou; Alejandro Vandenbroele, monotributista, cara de The Old Fund y luego “arrepentido”; de Nicolás Ciccone, dueño de la fábrica de hacer billetes, junto a Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) a 3 años, y al ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri a 2 años y seis meses.

Con la confirmación, caía el argumento de la falta de certezas del fallo. La fiscalía entonces pidió que Boudou volviera a prisión. El juez, no obstante, ordenó pedir informes a la Defensoria de Menores para conocer cuál era el estado familiar del ex vicpresidente.

El 30 de diciembre, el último día hábil del año 2020 y sobre la noche, un fallo ordenó que Boudou volviera a prisión, aunque sin una orden expresa de ejecutarlo hasta que el fallo no quede firme. La apelación de la defensa, entonces, impide la firmeza de esa decisión.

El caso Ciccone comenzó en 2012 cuando Boudou era vicepresidente de Cristina Kirchner y se lo investigaba por su gestiones cuando era Ministro de Economía. Según el tribunal oral, Boudou y su amigo Núñez Carmona se interesaron por la compra de la imprenta que estaba por quebrar y tenía deudas con el fisco.

Boudou, en cambio, sostiene que sus acusaciones son infundadas y enmarcó la decisión de la Corte Suprema de ratificar su condena en el “lawfare” y la campaña contra Cristina Kirchner. Desde el kirchnerismo salieron a defenderlo y pedir su libertad. “La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, dijeron.

Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández también se quejó por la resolución de la Corte. Protestó porque el fallo contra Boudou hubiera surgido sin un análisis directo de la propia Corte, a través del recurso “280″, una herramienta que es potestad de la Corte y que le permite dejar firme un fallo sin ninguna explicación.

Desde que surgió el fallo Boudou, crecieron la protestas oficiales contra la Corte Suprema, los rumores de una ampliación, los cuestionamientos para varios de sus miembros y la decisión de convertir en proyectos de ley la idea de un tribunal intermedio, previo a la Corte Suprema, que concentre los planteos de arbitrariedad.

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