El escándalo financiero que involucra a la Bolsa de Comercio del Chaco sigue ampliando su alcance y pone ahora el foco en el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, que habría invertido cerca de 2.500 millones de pesos en el marco de una operatoria mucho más amplia, hoy bajo investigación judicial y administrativa.
Según información a la que accedió 362Notocias, la operatoria total realizada a través de la Bolsa alcanzaría aproximadamente 12.000 millones de pesos, sumando aportes de distintos inversores públicos y privados. No obstante, no todo ese monto constituye pérdida efectiva al día de hoy.
Con la información actualmente disponible y de dominio público, el perjuicio económico comprobado ronda los 3.000 millones de pesos, cifra que surge de cheques rechazados y compromisos incumplidos. Sin embargo, fuentes del sector financiero advierten que el daño final podría ser sustancialmente mayor: algunas estimaciones lo elevan hasta 9.000 millones, mientras que otras alertan que podría alcanzar incluso los 12.000 millones de pesos, en caso de confirmarse la incobrabilidad total de la operatoria.
En ese contexto, el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña aparece mencionado como uno de los inversores institucionales que habría colocado fondos públicos —correspondientes a los vecinos— en instrumentos financieros negociados dentro de la Bolsa. Si bien se trataría de recursos provenientes del superávit municipal, trascendió que parte de las inversiones se habría realizado en tramos no garantizados, una situación que desde la propia Bolsa consideran particularmente sensible, tratándose de dinero de origen estatal.
Por el momento, no pudo confirmarse si el municipio de Resistencia también participó como inversor en este esquema, aunque la posibilidad continúa bajo análisis.
El escándalo no solo tiene derivaciones financieras, sino también políticas e institucionales. La situación salpica a la actual comisión directiva de la Bolsa, aunque, según se pudo saber, buena parte de la información que hoy toma estado público fue difundida por empresarios vinculados a la lista opositora que perdió las últimas elecciones internas y quedó fuera de la conducción de la entidad.
Otro dato que genera fuertes interrogantes surge del análisis del perfil financiero del principal librador de los cheques involucrados. Un scoring crediticio básico arroja una calificación regular, que no supera los 700 puntos, un nivel que resulta llamativo frente a la magnitud del financiamiento otorgado, cercano a los 3.000 millones de pesos registrados hasta el momento.
Mientras avanzan las denuncias penales, las convocatorias de acreedores y las investigaciones sobre los mecanismos de control, el caso amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos financieros del Chaco, con fondos públicos comprometidos y una cifra final de perjuicio que todavía permanece abierta.
362Notocias
