La situación de la salud en la provincia del Chaco dejó de ser un problema exclusivo del sistema público. En los últimos meses, múltiples señales de alerta han mostrado que la crisis atraviesa también a las clínicas privadas, que enfrentan dificultades operativas, financieras y administrativas que ponen en riesgo la atención de la población. La denuncia pública del doctor Ricardo Pardo, administrador de la Clínica Santa María en Sáenz Peña, sobre los problemas desde la llegada de la administración de Leandro Zdero al gobierno provincial encendió una nueva discusión sobre las consecuencias de las políticas y decisiones administrativas en el sector salud en su conjunto.
Contexto: cambios en la gestión y sus efectos
Con la asunción de nuevas autoridades en organismos del Estado vinculados a la salud, como el Insssep, se han producido cambios en la gestión que, según denuncias públicas, han tenido un impacto negativo. El testimonio que señala que “desde que asumió Irene Dumrauf —gestión Zdero— en el Insssep, todo fueron problemas” refleja la percepción de muchos prestadores privados que dependen de convenios, reembolsos y regulaciones que administra el instituto.
El Insssep (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos), como principal financiador y regulador de prestaciones para un amplio segmento de afiliados provinciales, juega un rol clave en la dinámica económica de las clínicas privadas. Retrasos en pagos, demoras en autorizaciones, modificaciones en criterios de cobertura o la falta de diálogo institucional pueden generar tensiones que repercuten en la capacidad operativa de los establecimientos.
Problemas reportados por las clínicas privadas
Las clínicas privadas de la provincia describen una constelación de problemas que, combinados, configuran una situación crítica:
– Retrasos y mora en los pagos: cuando los organismos públicos o obras sociales provinciales demoran o reducen los pagos por prestaciones, la liquidez de las clínicas se ve comprometida. Esto afecta la capacidad para pagar salarios, insumos y servicios básicos.
– Aumento de costos operativos: la inflación en insumos médicos, medicamentos y servicios generales (energía, gas, servicios de limpieza y seguridad) aumenta la presión sobre los márgenes de prestadores privados, que muchas veces no pueden trasladar plenamente esos costos a los pacientes o a las obras sociales.
– Falta de insumos y equipamiento: la falta de reposición o inversión en insumos, repuestos y tecnología reduce la calidad y la capacidad resolutiva de los centros de salud privados.
– Problemas de personal: la falta de pago oportuno, las precariedades laborales y la migración de profesionales a otros distritos o provincias generan vacantes y dificultades para mantener guardias y turnos críticos.
– Incertidumbre contractual y administrativa: cambios en criterios de facturación, auditorías, nuevas exigencias burocráticas o falta de comunicación entre el sector público y privado generan conflictos que impactan la operatividad diaria.
Impacto en la atención sanitaria
Cuando las clínicas privadas están en dificultades, las consecuencias se extienden a toda la población:
– Reducción de prestaciones: prácticas, tratamientos o servicios pueden reducirse o demorarse, aumentando las listas de espera.
– Concentración de demanda en lo público: si los privados reducen su capacidad, aumenta la presión sobre hospitales y centros públicos, que ya operan con recursos limitados.
– Riesgo de cierres o reducción de servicios: en casos extremos, establecimientos pueden cerrar servicios o, incluso, reducir operaciones, afectando el acceso local a la atención.
– Deterioro en la calidad asistencial: la escasez de insumos, personal agotado y limitaciones presupuestarias impactan directamente en la calidad del cuidado.
La denuncia en Sáenz Peña: la voz de la Clínica Santa María
El doctor Ricardo Pardo, administrador de la Clínica Santa María en Sáenz Peña, hizo pública la crítica situación que atraviesa su establecimiento desde la llegada de la gestión provincial liderada por Leandro Zdero y con Irene Dumrauf al frente del Insssep. Su mensaje pone el foco en cómo las decisiones administrativas y las disrupciones en la relación con el instituto previsional repercuten en la capacidad de atender pacientes y mantener la estructura del servicio privado.
Si bien cada clínica tiene realidades particulares, la denuncia sirve para visibilizar problemas sistémicos: la salud no funciona en compartimentos estancos entre público y privado; son sectores interdependientes cuya tensión se traslada rápidamente al acceso y la calidad de la atención ciudadana.
Responsabilidades y actores involucrados
Frente a esta situación, hay múltiples actores con responsabilidad para intervenir y mitigar la crisis:
– Gobierno provincial: debe garantizar la financiación oportuna de prestaciones, mantener canales de diálogo con prestadores privados y asegurar que las decisiones administrativas no vulneren la prestación de servicios esenciales.
– Insssep y organismos reguladores: necesitan transparencia, previsibilidad en pagos y procesos ágiles que no imposibiliten la operativa de las clínicas que atienden afiliados.
– Clínicas privadas: deben actualizar gestión, buscar mecanismos de eficiencia y transparencia en la relación con prestadores y pacientes, y participar activamente en mesas de trabajo.
– Colegios profesionales y asociaciones del sector: pueden mediar, representar problemas colectivos y proponer soluciones técnicas y regulatorias.
– Sociedad y actores locales: la presión ciudadana, la cobertura mediática y el reclamo por servicios eficientes ayudan a generar respuestas políticas y administrativas.
Posibles medidas y soluciones
Para evitar el colapso del sistema sanitario en la provincia, es necesario un abordaje integral que combine medidas inmediatas y políticas de mediano y largo plazo:
Medidas urgentes
– Normalizar pagos: regularizar y transparentar la liquidación de prestaciones y la cancelación de deudas a prestadores privados.
– Mesas de diálogo: crear espacios de negociación entre el gobierno, Insssep, clínicas privadas, obras sociales y representantes profesionales para acordar medidas temporales y relacionamiento fluido.
– Garantía de insumos críticos: asegurar la provisión de medicamentos esenciales y material descartable mediante compras centralizadas o líneas de crédito temporales.
– Protección del empleo: acordar mecanismos que eviten despidos masivos y mantengan la plantilla mínima necesaria para la atención.
Medidas de mediano y largo plazo
– Reformas de gestión: modernizar procesos administrativos del Insssep y digitalizar trámites para reducir demoras y costos de gestión.
– Revisar modelos de financiamiento: evaluar la estructura de financiamiento de prestaciones y su sostenibilidad frente a inflación y aumentos en costos sanitarios.
– Incentivos para la inversión: diseñar políticas que promuevan la inversión en equipamiento y capacitación en el sector privado para mantener la capacidad resolutiva local.
– Fortalecimiento de la red sanitaria: planificar la articulación público-privada para que la atención sea integrada, evitando duplicaciones y optimizando recursos.
Riesgos políticos y sociales
La crisis sanitaria también tiene un costado político: las denuncias públicas, la cobertura mediática y la presión social pueden derivar en conflictos entre gobierno y prestadores, además de generar incertidumbre en la población. La percepción de mala gestión en organismos como el Insssep influye en la legitimidad de decisiones políticas y puede traer consecuencias electorales y sociales si no se actúa con rapidez y transparencia.
Conclusión
La salud en el Chaco enfrenta una situación delicada que ya no puede pensarse separando público y privado. Las denuncias como las del doctor Ricardo Pardo en Sáenz Peña ponen en evidencia que la crisis trasciende a los hospitales estatales y afecta a clínicas privadas que son parte imprescindible de la red de atención. Solucionar este cuadro exige voluntad política, medidas urgentes para normalizar la financiación y un plan sostenido de mediano y largo plazo que garantice la sustentabilidad del sistema sanitario provincial. Sin acciones coordinadas y concretas, el riesgo de colapso y la pérdida de acceso a servicios esenciales para la población aumentarán de forma considerable.
