Se trata del cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez. Si bien su pareja tiene fecha de parto para febrero, podría adelantarse, según explicó a LITIGIO su abogada defensora, Olga Mongelós. En caso de autorizarse el pedido, se solicitó que el acusado pueda concurrir sin estar esposado y que los efectivos de custodia concurran al hospital vestidos de civil.
Juan Nicolás Almirón Núñez, uno de los siete policías del Chaco imputados por el intento de robo de 9 kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes, solicitó autorización para poder presenciar el parto de su primer hijo, previsto para febrero.
Su abogada defensora, Olga Mongelós, explicó a LITIGIO que el parto podría adelantarse y que se trata de un embarazo “de riesgo”. La solicitud fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal e incluyó el pedido de habilitación de la feria judicial.
El planteo también contempló que, en caso de ser autorizado, el imputado pueda concurrir al hospital sin esposas y bajo custodia de fuerzas federales vestidas de civil, con el objetivo de que su presencia resulte lo más discreta posible.
“Rige el principio de inocencia y entendemos que se trata de una cuestión de humanidad permitir que mi defendido esté presente en un momento tan especial”, sostuvo Mongelós.
Además, la defensa solicitó la devolución de efectos personales secuestrados durante el procedimiento y que no guardan relación con la causa, como tarjetas bancarias, el carnet del InSSSeP y dinero en efectivo, entre otros. En este punto, la fiscalía rechazó el pedido de habilitar la feria judicial para analizar la solicitud.
En esta causa, Almirón no es el único imputado que próximamente será papá: el subcomisario, Franco Ramírez, tiene a su pareja cursando un embarazo de 14 semanas. Justamente esta cuestión fue parte del argumento que utilizó su defensa para pedir su traslado a Resistencia, ya que actualmente se encuentra alojado en el Escuadrón Nº 18 de Gendarmería Nacional, en la localidad de Las Lomitas, a más de 400 kilómetros de la capital chaqueña. Dicha solicitud fue denegada en primera y segunda instancia.
Droga en la mochila
Cabe recordar que Almirón declaró ante la jueza de Garantías Nº 1, Zunilda Niremperger, que fue víctima de una trampa tendida por sus propios camaradas. La declaración se realizó el pasado 21 de diciembre, durante la audiencia de control de legalidad de las detenciones y comunicación de cargos, que se desarrolló vía Zoom. En la audiencia participaron los defensores de los imputados y la acusación, encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.
Almirón negó haber participado del hecho y ratificó su inocencia. Afirmó que el “pan” de cocaína secuestrado en su mochila durante el operativo realizado en Colonia Benítez no fue colocado por él, sino por otros efectivos, y sostuvo que fue víctima de una “cama”. Cabe aclarar que las declaraciones de los imputados constituyen medios de defensa y que no están obligados a decir la verdad.
Además de Almirón, están imputados el comisario César Alegre; el subcomisario Andrés Franco Ramírez; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; y los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas.
Los siete efectivos están imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir este tipo de delitos, además de peculado, todo en concurso real. Recientemente se extendió la prisión preventiva, la cual pasó de 100 a 150 días, por lo que quedarán detenidos hasta por lo menos el mes de mayo.
El hecho
La maniobra fue descubierta el pasado 18 de diciembre por la mañana en el Polígono Policial de Colonia Benítez, durante una quema judicial de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína. En ese contexto, funcionarios de la Justicia Federal advirtieron irregularidades en el proceso de destrucción: se estaba incinerando menos droga de la consignada.
Según la investigación, un grupo de policías que participaba del operativo intentó sustraer parte de la cocaína, ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero. En el lugar fueron detenidos siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos, que quedaron a disposición de la Justicia Federal. Se estima que intentaron llevarse unos 9 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 225 millones de pesos.
El escándalo se agrava al considerar que en el operativo estaban presentes el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; el juez Mianovich; y medios de comunicación que registraban el procedimiento. Es decir, la maniobra se habría intentado a plena luz del día, frente a autoridades judiciales y provinciales y ante las cámaras. De no haber mediado la intervención de secretarios del Juzgado Federal Nº 2, el robo se habría concretado.
En paralelo a la investigación penal, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo y dispuso la suspensión sin goce de haberes de los siete efectivos, por la presunta comisión de faltas gravísimas.
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