Luego de que se conociera la pericia caligráfica que confirmó que el presidente de La Libertad Avanza del Chaco no plasmó su firma en las afiliaciones apócrifas presentadas ante la Justicia Electoral, nuevas dudas surgen en la causa por la cual el dirigente libertario está procesado. Múltiples testimonios apuntan a un mecanismo interno de firmas falsas, con el aval de Rodríguez. ¿Qué rol cumplía el actual senador chaqueño, Juan Cruz Godoy, y la escribana libertaria, Sara Alegre?
Por Bruno Martínez
Tras conocerse la pericia caligráfica que confirmó que el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo ‘Capi’ Rodríguez, no firmó en calidad de autoridad partidaria las fichas de afiliaciones apócrifas por las que hoy se encuentra procesado por la Justicia Federal, la investigación abre ahora nuevos interrogantes: quiénes fueron los autores de las falsificaciones y si contaron o no con su autorización.
La causa que investiga las responsabilidades en la presentación de afiliaciones irregulares sumó una pericia caligráfica sobre la firma de Rodríguez, solicitada por el propio imputado. El informe concluyó que las rúbricas atribuidas al dirigente libertario no fueron realizadas de su puño y letra.
El estudio, al que tuvo acceso LITIGIO, fue elaborado por María Belén Cruz, perito oficial de la División de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, junto con Daniel Enrique Bled, perito de parte, en el marco del expediente que tramita ante la Fiscalía Federal.
La pericia tuvo como objetivo determinar si las firmas estampadas como “autoridad partidaria” y como “certificación de firma” en fichas de afiliación eran auténticas. El resultado fue categórico: “Las firmas estampadas en las fichas de afiliación no han sido realizadas por el señor Alfredo José Rodríguez”, señala el documento, que consta de 23 fojas y 17 gráficos ilustrativos.
Ante este escenario, surge la pregunta clave: si no fue Rodríguez, ¿quién firmó por él? Marcos Coria, exintegrante de La Libertad Avanza Chaco y testigo en la causa, aseguró a Página/12 que fueron varias las personas que falsificaron su firma, todas —según afirmó— con autorización del propio “Capi”.
Coria señaló como principal responsable a Sara Alegre, una escribana vinculada a Rodríguez, quien —según su testimonio— se encargaba habitualmente de imitar su firma tanto en fichas de afiliación como en actas internas de la Comisión Directiva. Incluso afirmó que en algunas ocasiones Rodríguez supervisaba ese procedimiento y que, en casos puntuales, ambos firmaron juntos. “Es una imitadora y tachadora de firmas profesional”, sostuvo. El diario porteño se comunicó con la escribana, quien negó las acusaciones con un escueto “no”.
El exmilitante libertario también apuntó contra el actual senador por el Chaco, Juan Cruz Godoy, por su presunto rol dentro de este mecanismo. “Godoy era uno de los que intentaba imitar la firma. Le salía muy forzadamente. Él era el encargado de chequear, junto con Matías Ojeda, una por una las fichas. Pasaban madrugadas enteras en eso”, relató.
Consultado sobre los motivos por los cuales firmaban otras personas, Coria explicó: “Eran muchísimas fichas. Él estaba atendiendo su negocio (Aura Textil, dedicado al estampado de remeras) y cuestiones políticas. Viajaba o se ocupaba de su hijo, por eso delegaba responsabilidades”.
Además, Coria describió un doble mecanismo dentro del partido: mientras se falsificaban afiliaciones, se bloqueaba el ingreso de adherentes genuinos, cuyas fichas —especialmente las provenientes del interior— quedaban archivadas. El objetivo, según afirmó, era frenar el crecimiento de una oposición interna y evitar la democratización partidaria.
Grupo de WhatsApp
La declaración de Coria coincide con la de varios testigos incorporados a la causa. Uno de ellos es Juan Cisneros, también exmilitante de La Libertad Avanza Chaco, quien declaró ante la Fiscalía Federal de Resistencia el pasado 18 de agosto.
Según pudo saber LITIGIO, Cisneros manifestó que participaba activamente en el partido y que se le entregaban formularios de adhesión —aclarando que aún no se trataba de fichas de afiliación— con los que debía recolectar datos personales de los interesados.
Asimismo, señaló que se había conformado un grupo de WhatsApp denominado “equipo fichas de afiliación”, integrado por Matías Ojeda —a quien identificó como “el cerebro” del grupo—, Juan Cruz Godoy, Ivana Gospodinof, Aníbal Radovancic, Cristian Naidenoff y Elías Núñez. Según su testimonio, este grupo operaba de manera cerrada y no brindaba información al resto de los militantes.
Detalló que Ojeda solía informar en el grupo cuándo no había disponibilidad de fotocopias de DNI, lo que implicaba la suspensión de la actividad diaria. Explicó además que dichas copias llegaban en cajas de cartón a través de Alfredo Moreno, exjefe del PAMI del Chaco, y que circulaba la versión de que provenían de ese organismo.
Con esas fotocopias, los integrantes del equipo las clasificaban alfabéticamente en una oficina y luego las distribuían entre los colaboradores. Estos trabajaban en dos mesas, donde completaban tanto las fichas de afiliación como las de renuncia a otros partidos políticos, firmándolas como si los supuestos afiliados estuvieran presentes.
Finalmente, Cisneros afirmó que Ivana Gospodinof en ocasiones firmaba o imitaba la firma de ‘Capi’ Rodríguez, y que incluso el propio Rodríguez asistía en algunas oportunidades y también firmaba. Una vez completadas, las fichas eran empaquetadas y retiradas por Juan Cruz Godoy, Matías Ojeda e Gospodinof, quienes se encargaban de su resguardo y posterior presentación ante el Juzgado Electoral.
El procesamiento
Si bien Rodríguez cuestionó que la pericia haya sido incorporada con posterioridad a su procesamiento —al sostener que la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, no la tuvo en cuenta—, el resultado del estudio no altera su situación judicial.
Al dictar el procesamiento, previo al inicio de la feria judicial, Niremperger consideró que existe prueba suficiente para avanzar en la causa, dado que —más allá de la autoría material de las firmas— fue Rodríguez quien autorizó la presentación de las afiliaciones ante la Secretaría Electoral, a sabiendas de que eran apócrifas.
“Aun cuando Rodríguez pretenda desvincularse de la autoría de las firmas cuestionadas, lo cierto es que sobre él recaían simultáneamente las funciones de certificador de firmas y apoderado del partido político, lo que lo colocaba en una posición de control exclusivo sobre la autenticidad y legitimidad de las fichas”, sostuvo la magistrada.
En ese marco, la jueza ordenó el procesamiento de Rodríguez por los delitos de falsedad ideológica de documentos públicos (65 hechos), en concurso real con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Además, dispuso un embargo preventivo sobre sus bienes por cinco millones de pesos y le prohibió salir del país sin autorización judicial.
REVISTA LITIGIO
