Un relevamiento científico del CONICET encendió luces de alerta sobre la extranjerización de tierras en la Argentina y, en particular, en la provincia del Chaco. Según el informe, casi 190 mil hectáreas chaqueñas pertenecen a propietarios extranjeros, con fuerte concentración en la región de El Impenetrable. El tamaño de tierra extranjerizada chaqueña equivale a nueve veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El dato surge de un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la UBA y el CONICET, que permite visualizar la extranjerización del suelo no solo a nivel provincial, sino departamento por departamento, una mirada que pone en crisis el argumento oficial de que ninguna jurisdicción supera los límites legales.
En Chaco, los departamentos con mayor superficie extranjerizada son General Güemes, con más de 150.500 hectáreas en manos foráneas; Tapenagá, con unas 32.400 hectáreas; y Sargento Cabral, donde casi 6 mil hectáreas pertenecen a extranjeros. En los tres casos, el porcentaje ronda el 6% del total del departamento, pero el impacto territorial es significativo por tratarse de zonas estratégicas en términos ambientales y productivos. En suma, el total de tierra extranjerizada chaqueña es de 188.900 hectáreas, lo que equivale a nueve veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El informe advierte que la extranjerización de tierras no es un fenómeno aislado ni marginal. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas— está en manos de firmas o Estados extranjeros, una superficie equivalente a toda Inglaterra.
Los investigadores Julieta Caggiano y Matías Oberlin explican que, si bien la Ley de Tierras fija un límite del 15% por provincia, ese promedio es engañoso: al analizar distrito por distrito, hay al menos 36 departamentos que ya superan el tope legal.
En Entre Ríos, los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización, mientras que Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso más llamativo es el del departamento Garay, donde el 16% de la superficie está en manos extranjeras, superando directamente el límite fijado por la ley.
Recursos estratégicos bajo la lupa
El mapa interactivo demuestra que la extranjerización no es aleatoria. Por el contrario, se concentra en zonas con alto valor estratégico: agua dulce, minerales, fronteras y nodos logísticos.
Hay departamentos que superan el 50% de su superficie en manos extranjeras, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta). En áreas ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, la extranjerización supera el 30%.
En cuanto a las nacionalidades, Estados Unidos encabeza el ranking, con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. “Solo estas tres nacionalidades concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada del país. Los estadounidenses poseen más tierra que toda la provincia de Tucumán”, grafica el informe.
“No es una discusión ideológica, sino una cuestión de capacidad estatal y soberanía”, advierte Caggiano. “El patrón es claro: los niveles más críticos aparecen en zonas fronterizas y con recursos hídricos o minerales”.
La Ley de Tierras, otra vez en debate
El informe se conoce en un contexto político sensible: el avance del Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras (26.737), flexibilizando restricciones a la venta de suelo a extranjeros y habilitando la explotación productiva en zonas incendiadas.
Los investigadores recuerdan que el proceso de extranjerización se aceleró a fines de los años noventa, cuando el Estado comenzó a autorizar ventas masivas en zonas de seguridad fronteriza, históricamente protegidas por ley. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del magnate británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por el grupo Benetton, aparecen como antecedentes paradigmáticos.
Para los especialistas, una eventual derogación o debilitamiento de la norma no apunta a atraer inversiones productivas, sino a facilitar la apropiación de bienes comunes estratégicos. “Cuando se cruza el mapa de extranjerización con los proyectos mineros o energéticos, aparece con claridad el riesgo de conflictividad social”, sostiene Oberlin.
En un escenario global atravesado por la crisis climática y la disputa por el agua y la energía, el informe funciona como una advertencia: quién controla la tierra define quién decide sobre los recursos y, en última instancia, sobre la soberanía.
Con información de El Ciudadano
