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“La respuesta del Estado a los reclamos sociales no puede ser la represión ni la violencia”

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales expresaron su rechazo ante los hechos de violencia institucional ocurridos en Villa Río Bermejito, donde integrantes de pueblos originarios fueron reprimidos por la Policía provincial durante una protesta por la suspensión de pensiones por discapacidad. También mostraron preocupación por la posición oficial del Ministerio de Seguridad del Chaco que utilizó su aparato de propaganda para desestimar e invalidar la protesta, “aludiendo fines partidarios detrás de los reclamos legítimos de las comunidades”.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML) emitieron un comunicado conjunto en el que repudian la represión policial contra integrantes de comunidades indígenas ocurrida el pasado martes en la localidad chaqueña de Villa Río Bermejito.

Los organismos manifestaron su “máxima preocupación” por el despliegue desproporcionado e intimidante de las fuerzas de seguridad y advirtieron que esa situación “obstaculiza las instancias de diálogo” y “abre la posibilidad de nuevos hechos de violencia”.

Recordaron que la protesta se inició frente a la Municipalidad de Villa Río Bermejito y luego se trasladó hacia la ruta. Durante el “despeje forzoso por parte de las fuerzas de seguridad locales, se registraron disparos con postas de goma con impactos a la altura del tórax y el rostro, así como el uso de gases de dispersión manual de forma antirreglamentaria, vulnerando los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir en cualquier intervención que implique el uso de la fuerza pública”.

El comunicado agrega que “en los registros fílmicos de periodistas presentes se observó a agentes policiales arrojando piedras a las personas que se movilizaban”.

También se informó que “se produjeron detenciones de cinco manifestantes, liberados luego por orden de la fiscal interviniente, Raquel Maldonado, perteneciente a la Fiscalía Número 1 de Juan José Castelli”.

El CNPT y el CFML remarcaron que “el fuerte operativo se realizó sin contemplar que los pueblos originarios son un grupo especialmente vulnerable que el Estado debe resguardar y proteger”. En el mismo sentido, advirtieron que “la presencia de mujeres y niñas/os entre las personas manifestantes agrava el accionar de las fuerzas estatales”.

Los organismos también observaron que “el accionar policial fue acompañado por discursos oficiales que deslegitiman y desprotegen a quienes se manifiestan” y expresaron su preocupación por “el comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad provincial, que desestima e invalida la protesta, aludiendo fines partidarios detrás de los reclamos legítimos de las comunidades indígenas”.

“El CNPT y el CFML reiteran que la libertad de expresión y la petición ante las autoridades son derechos humanos consagrados por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado. La respuesta del Estado a los reclamos sociales no puede ser la represión y la violencia, sino que se deben profundizar los canales de diálogo y consenso democráticos”, señala el texto oficial.

Asimismo, los organismos “respaldan al Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco, que rápidamente se trasladó para entrevistarse con los dirigentes indígenas y relevó el estado de salud de las personas detenidas”, destacando que “el trabajo se hizo en articulación con la Defensa Pública, a través de la Defensoría General Adjunta, y con la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, quienes asistieron a las víctimas y acompañaron la interposición de denuncias”.

Finalmente, el comunicado concluye con un llamado “a las autoridades provinciales a promover una investigación pronta, imparcial y efectiva, así como una revisión exhaustiva del operativo para determinar responsabilidades”.

 

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