La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la condena de 2024 y absolvió por unanimidad a la exintendenta de Resistencia y al resto de los implicados.
La Cámara de Casación Penal de la Nación resolvió de manera unánime la absolución de Aída Ayala y de todos los imputados en la causa conocida como PIMP, que investigaba presunta defraudación en la administración pública. En un fallo histórico, la Sala Cuarta de Casación ratificó la inocencia de los acusados, incluidos exasesores y empresarios vinculados, al rechazar el recurso presentado por el Ministerio Público. Este fallo deja claro que no se encontraron pruebas suficientes para mantener las condenas, lo que permitió que Ayala recuperara su estatus legal y la posibilidad de retomar su carrera política.
La abogada defensora de Ayala, OlgaMongelo, brindó en exclusiva a N9 una explicación detallada del fallo, resaltando que la absolución no es una nulidad, sino una confirmación de la inocencia de los imputados. Según Mongelo, la resolución de Casación también deja sin efecto las medidas que impedían la restitución de los bienes secuestrados durante la investigación, lo que significa que todo lo incautado debe ser devuelto a los involucrados. En sus palabras, este es un “éxito rotundo” para la exintendenta y los demás implicados, ya que la decisión también archiva cualquier otra causa pendiente relacionada con el caso, incluida la investigación a otras personas como el arquitecto Herro, Alejandro Abram, entre otros.
El fallo fue celebrado por Ayala, agradeció a su equipo legal, a su familia y a los ciudadanos que la respaldaron durante el largo proceso judicial. La exfuncionaria había expresado en entrevistas previas con Noticiero 9 y Radio Nordeste que el proceso judicial la había “destruido” tanto emocional como físicamente, y que la absolución representaba una reparación tras una década de sufrimiento. En sus declaraciones, Ayala también criticó la lentitud de la Justicia, señalando que los plazos largos son injustos para quienes deben enfrentar acusaciones sin fundamentos.
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Desde que el caso fue elevado a la Cámara de Casación, los abogados defensores y los implicados esperaban este resultado, que dejó claro que el fallo de la instancia anterior no fue sostenido por la cantidad ni la calidad de las pruebas. En su momento, la defensa de Ayala había argumentado que las contrataciones cuestionadas fueron realizadas por el municipio de Quitilipi, sin intervención de las autoridades nacionales, y que no había fundamento para involucrar a la exintendenta en un acto de corrupción. El tribunal de Casación, al desestimar los cargos, consolidó esta visión.
En el contexto del fallo, la abogada Mongelo destacó también que la resolución tiene implicaciones políticas, especialmente para el gobernador Leandro Zdero, quien en su momento apoyó el impulso de la causa. Según Mongelo, el resultado beneficia a Zdero y a los implicados al terminar con cualquier investigación residual que podría haber afectado su gestión. Además, la abogada mencionó que este fallo también sienta un precedente en la forma en que se abordan las causas judiciales de alto perfil, donde la calidad de las pruebas debe prevalecer sobre las conjeturas políticas.
Con la absolución de Aída Beatriz Máxima Ayala, Daniel Alejandro Fischer, Carlos Secundino Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Eulalio Alfredo Bouza, Rolando Javier Acuña y Luis Guillermo Escobar, se cierra un capítulo judicial de más de diez años. Estos fallos no solo implican una victoria legal para los involucrados, sino que también permiten una reflexión sobre los tiempos de la justicia en el país. La causa, iniciada en marzo de 2018, culminó en marzo de 2024 con las sentencias que originalmente condenaron a Aída Ayala a tres años de prisión. Sin embargo, la Cámara de Casación Federal hoy los declaró inocentes. Para Ayala, la sentencia representa un nuevo comienzo, tanto en lo personal como en lo político. Tras la decisión de Casación, la exfuncionaria podrá volver a ocupar cargos públicos y participar activamente en la política, tras años de enfrentarse a lo que ella describió como un proceso judicial “injusto y politizado
