Con profunda preocupación y dolor, denunciamos públicamente el brutal proceso de más de 60 despidos y desmantelamiento institucional que el Gobierno de la Provincia del Chaco está llevando adelante en el Instituto de Tierras Fiscales. Esta medida no solo deja en la calle a trabajadores con años de compromiso y trayectoria, sino que pone en jaque el acceso a un derecho humano fundamental: la tierra.
El Instituto de Tierras Fiscales no es un organismo más. Es el corazón de las políticas públicas que, durante décadas, garantizaron la regularización, el arraigo y la dignidad de miles de pequeños productores rurales, campesinos, familias originarias y pobladores que trabajan y viven en tierras fiscales.
Hoy, el Estado deja desamparadas a las comunidades que dependen del acceso legal a la tierra para producir, alimentarse y proyectar un futuro.
Los trabajadores despedidos no solo pierden su fuente de ingresos. Pierden también la posibilidad de seguir defendiendo el interés colectivo frente al avance de intereses concentrados sobre tierras públicas. Son quienes caminaban los parajes, recorrían los lotes, escuchaban a los pobladores y traducían las necesidades del campo profundo en políticas concretas
.
No se trata de un ajuste más, se trata de una decisión política de vaciamiento, que arrasa con derechos, arruina familias y rompe con la memoria histórica de lucha por la tierra en nuestra provincia.
Exigimos la inmediata reincorporación del personal despedido y la restitución plena del funcionamiento del Instituto. Exigimos que el Estado esté presente donde más se lo necesita. Exigimos respeto por quienes trabajan, producen y viven en la tierra chaqueña.
Porque sin tierra no hay producción. Sin producción, no hay futuro. Y sin futuro, el abandono no es casualidad: es político.
