“El Gobierno viene desplegando constantes y sistemáticos ataques contra la Defensa Pública, motivados por su rol en la defensa de los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad”, señala el documento firmado por más de 40 actores institucionales, referentes sociales y políticos.
Los firmantes advierten que funcionarios del Poder Ejecutivo provincial han realizado “descalificaciones públicas” a través de los medios de comunicación, acusando a los defensores oficiales de “priorizar la defensa de delincuentes por encima de los intereses de la sociedad” o insinuando que sus actuaciones responden a motivaciones políticas.
“Esta hostilidad discursiva se complementa con acciones concretas que obstaculizan la labor de la Defensa Pública”, sostienen en el comunicado. Uno de los hechos que generó especial preocupación fue el impedimento de ingreso a un establecimiento penitenciario a la Defensora General Adjunta, mientras participaba de una acción de hábeas corpus en conjunto con el Comité de Prevención de la Tortura.
Además, se denunció a la cúpula del Ministerio de Seguridad por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejámenes”, a raíz de la exhibición pública de personas privadas de libertad sin autorización judicial.
También destacaron la labor de la Defensa Pública en la protección de derechos de pueblos indígenas, mencionando especialmente el amparo presentado en favor de comunidades wichí del Impenetrable chaqueño. A partir de esa acción judicial se obtuvo una medida cautelar que ordena al Estado provincial garantizar el acceso al agua y la alimentación, disposición que aún no ha sido cumplida.
“Denunciamos públicamente que la Defensa Pública del Chaco está siendo objeto de una sistemática campaña de hostigamiento por parte del gobierno provincial, como represalia por el desempeño de las funciones que le son propias”, advierten.
Finalmente, alertan que esta situación “representa un grave riesgo para el Estado Constitucional de Derecho, el derecho de defensa y la efectiva vigencia de los derechos humanos en la provincia”.
Entre las organizaciones y personas que adhirieron al comunicado se encuentran:
Asociación Justicia Legítima Nordeste
Asociación Pensamiento Penal, capítulo Chaco
Cátedra de Derechos Humanos de la UNNE
Fundación Napalpí
Consejo Provincial de la Nación Moqoit
Equipo Memorial Napalpí
Representantes wichí Gustavo Matorras y Aurelio Fabián
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Resistencia e Impenetrable
Comisión Permanente por los DD.HH., Asociación de Ex Detenidos Políticos del Chaco, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Regional Chaco, Red por la Identidad – Nodo Chaco
Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE (CODIUNNE)
Asociación Al Fin Justicia
Bandada, feminismos entre rejas
CTA de los Trabajadores y Trabajadoras – Chaco
Unión de Trabajadores de la Educación – CTERA
Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco
UPCP – José Niz
ATUN (Asociación de Trabajadores de la UNNE)
Instituto de Estudios “Néstor Duca”
Fundación Sueños Colectivos
Corriente Clasista y Colectiva – Gladys Fabretto
Unión de Campesinos Porihajú – Toto Raúl Galván (Sáenz Peña)
Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO) – Chaco
Nuestramérica Movimiento Popular
Red Puentes Chaco
Asociación de Ex Presos Políticos y Familiares de Misiones
Partido Frente Grande
Colectivo Nacional
Partido Comunista
La Cámpora Chaco
También firmaron diputados provinciales Analia Flores, Rodrigo Ocampo, Tere Cubells, Rubén Guillón, Rodolfo Schwartz y María Pía Chiacchio Cavana; la senadora nacional María Inés Pilatti Vergara; los concejales de Resistencia Lucila Masin y Fabricio Bolatti; y referentes como el periodista Roberto Espinoza, los abogados Rubén Billa, Sergio Quiroz, Juan Oscar Peroni, Mario Luis Picoli; la psiquiatra y psicoanalista Dora Gerry Galilea; María Silvana Pérez, Silvia V. Levin, Elvira Acuña, María Angélica Kees y María Luisa Pizzi.
